La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, anunció ayer un fuerte apoyo financiero a los municipios para atender reclamos de las protestas sociales de mejorar salud, educación y transporte, mientras las centrales obreras aparecieron divididas al disponer para mañana una “huelga” y una “jornada de lucha” en contra y a favor de las propuestas del gobierno.

“La sociedad nos exige mejores servicios y los gobernantes debemos esforzarnos para que Brasil tenga más derechos sociales, una mejor salud, una mejor educación, un mejor transporte”, dijo Rousseff a cientos de alcaldes en Brasilia al citar las principales quejas de las protestas de junio. La presidenta anunció que el gobierno central destinará 3000 millones de reales (1360 millones de dólares) para apoyar a los municipios en esas áreas, explicó que el dinero será entregado en dos cuotas, la primera en agosto próximo y la última en abril de 2014, y dijo que confiaba en la “capacidad” de los alcaldes para que esos fondos permitan “mejorar la calidad de los servicios”. Asimismo, afirmó que durante el próximo año su gobierno construirá 6000 nuevos puestos de salud y 2000 guarderías, para lo cual contará con un presupuesto cercano a 2500 millones de dólares.

Por otra parte, las manifestaciones obreras de hoy, con las que los sindicatos se proponen adherirse a las protestas que estremecieron al país durante las tres últimas semanas de junio y que perdieron fuerza desde entonces, serán una pulseada entre las centrales opositoras –Fuerza Sindical (FS) y Conlutas– y la afín al gobierno y mayoritaria Central Unica de Trabajadores (CUT).

La CUT, controlada por el gobernante Partido de los Trabajadores (PT), aclaró que sus manifestaciones de mañana no pretenden ir contra el Ejecutivo. Por eso precisó que no convocó a una “huelga general” sino a una “jornada de luchas” cuyo objetivo es presentar al gobierno “la agenda de reivindicaciones” de los trabajadores “en el momento particular que vive la nación”.

En cambio, la central opositora Fuerza Sindical convocó a una “huelga general” para manifestar sus críticas al gobierno y exigir la destitución del ministro de Hacienda, Guido Mantega. “Vamos a pedir la cabeza del ministro Mantega; queremos un cambio radical en la política económica y un combate frontal a la inflación que corroe los salarios de los trabajadores”, declaró el presidente de FS, Paulo Pereira da Silva. La “agenda de reivindicaciones” de la CUT, entre otros puntos, exige la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales y que se destine 10 por ciento del presupuesto nacional a la salud pública y una suma equivalente a 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación, y la desmonopolización de los medios de comunicación.