La presidenta del partido colombiano Polo Democrático Alternativo, Clara López, celebró la restitución de la personería jurídica a Unión Patriótica (UP), aunque aclaró que esa medida no es suficiente y que el Estado tiene que ofrecer garantías del ejercicio político tanto a la UP como a todos los sectores de oposición. Para López, la UP, creada en 1985 como parte de un fallido acuerdo de paz entre el Ejecutivo y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), cuyos integrantes padecieron una campaña de exterminio, fue “eliminada a sangre y fuego por la violencia e intolerancia política de este país”.

A juicio de López, se necesita un estatuto de oposición que ofrezca todas las garantías, porque en Colombia “son expertos en aprobar leyes, aunque se queden sólo en el papel. Lo que se busca a partir de la letra escrita es propaganda –recalcó la dirigente, según publicó ayer la agencia Prensa Latina– y no la verdadera materialización de un hecho”. López explicó que “para la recortada democracia colombiana” es muy importante que “reviva un partido que nunca debió desaparecer del espectro político nacional, víctima del genocidio”.

“La UP es ahora un nuevo actor político con el que nos aprestamos a iniciar un diálogo directo para explorar alternativas para la concreción de una amplia convergencia democrática, con miras a las elecciones de 2014”, agregó. Por su parte, el representante ante la Cámara Iván Cepeda, hijo del asesinado senador de la UP Manuel Cepeda, señaló que este nuevo hecho en la historia del país debe llevar a una reflexión profunda en la mesa de conversaciones que transcurre en Cuba entre el gobierno y las FARC.

“Los movimientos políticos que surjan de un eventual proceso de paz no pueden contar con la misma suerte que corrió la UP”, señaló. El parlamentario insistió en que la restitución de la personería es apenas la cuota inicial de lo que debe ser una verdadera reparación política. En su opinión, el siguiente paso debe darse por parte de la Justicia ordinaria, en cuanto debe reconocerse que tal genocidio existió y su consecuencia fue la pérdida de la personería de ese movimiento como partido, manifestó.

Y subrayó que el fallo es un gesto trascendental de justicia y reparación de las víctimas de la violencia. En tanto, la ex presidenta de la UP, Aída Abella, consideró un acto muy importante y de elemental justicia la decisión del Consejo de Estado y, desde Suiza, donde está asilada desde hace 17 años, recordó que hubo un momento en que desde el partido no se podía presentar un candidato porque de inmediato era asesinado.

“Contra la UP hubo una verdadera cacería humana y fue realmente un acto de terrorismo de Estado muy complejo, diseñado, sistemático y permanente. A la Unión Patriótica nos la asesinaron con operativos militares de alto vuelo, diseñado por las cúpulas militares de esa época”, señaló, consignó ayer el diario El Espectador. Frente a la relación de la UP con las FARC, indicó que la UP nació de un proceso de paz y que “el partido quería ser ese vehículo político por el cual los alzados en armas las dejaran e ingresaran a la vida política”. En ese sentido, insistió en que ninguna matanza se habría podido hacer si no estaba la institucionalidad de por medio y que la UP fue una esperanza de paz en Colombia.

El Consejo de Estado colombiano devolvió, después de once años, la personería jurídica a la UP. De este modo, la organización colombiana está habilitada a participar en las próximas elecciones, en 2014. Esa decisión se adoptó después de otras dos resoluciones emitidas por el Consejo Nacional Electoral por las cuales se le había suprimido ese derecho. En el fallo, el Alto Tribunal consideró que no se le podía quitar la legalidad a esta organización de izquierda por el hecho de no presentarse a elecciones en 2002.