El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva enfrentó ayer la primera huelga nacional de los empleados estatales en rechazo al proyecto de reforma previsional que está siendo discutido en el Congreso. La adhesión fue parcial, estimada en un 40 por ciento –aunque para los convocantes fue de 60 por ciento-. La medida de fuerza, que se planteó por tiempo ilimitado, alcanzó a los docentes universitarios y a los trabajadores del área de salud y del Ministerio de Economía, la Policía Federal y el fisco federal, aunque, si el gobierno no acepta negociar, hoy podría sumarse la totalidad de los 800.000 empleados públicos. Lula reaccionó de modo natural, señalando que es un derecho de los trabajadores ir a la huelga pero que le preocuparía si el Congreso no hiciera su trabajo.
“No coincidimos con el diagnóstico que hizo el gobierno para justificar la reforma previsional y por lo tanto no podemos coincidir con el remedio propuesto”, afirmó ayer el coordinador del Sindicato de Trabajadores de Escuelas Técnicas (SINASEFE), Manuel Porto Júnior. De acuerdo con lo afirmado por Porto Júnior, esa diferencia es uno de los motivos por los que los trabajadores se niegan a negociar enmiendas en el Congreso y es, a la vez, uno de los puntos de divergencia con la Central Unica de Trabajadores (CUT). La CUT, antigua aliada del Partido de los Trabajadores (PT), en el poder actualmente, adoptó la táctica de presentar enmiendas en el Congreso para modificar algunos puntos del proyecto oficial. El paro fue impulsado por los sindicatos cercanos a las corrientes del PT, mientras que las entidades más cercanas al titular de la CUT, Luiz Marinho, tal como la Confederación Nacional de Trabajadores de Seguridad Social (CNTSS), adhirieron parcialmente. El presidente Lula, quien ganó espacio en el escenario político brasileño como sindicalista y que convocó huelgas de enorme impacto en los años ‘70, dijo que sólo se preocupará si son los legisladores los que se cruzan de brazos.
La convocatoria fue seguida por algunos sindicatos estratégicos, como la Federación Nacional de la Policía Federal, que informó que la huelga era respaldada por los efectivos de ese cuerpo en los 27 estados del país. El presidente del sindicado policial, Fernando Honorato, dijo que la Policía Federal se limitará a cumplir sólo con “servicios administrativos esenciales” hasta que sea levantada la huelga. Por su parte, un dirigente de la asociación de los empleados del fisco federal (Unafisco Sindical), Pedro de la Rue, aseguró que el sector inició ayer un paro de tres días, y el 10 de julio deliberará sobre la posibilidad de prolongar la huelga por tiempo indeterminado. La Asociación Nacional de Docentes de Enseñanza Superior (Andes) anunció ayer que se han suspendido las clases en 30 universidades federales, y que otras dos –la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ) y la Universidad Federal Fluminense (UFF)– podrán sumarse a la huelga en las próximas horas. Fue masiva la adhesión al paro en el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), responsable de calcular mensualmente los índices de inflación y de desempleo abierto. Según el sindicato de empleados del organismo, la paralización se mantendrá hasta mañana. Los empleados del Banco Central de Brasil decidieron ayer paralizar sus actividades durante 24 horas.
La protesta de los sindicatos es contra la reforma al sistema de jubilaciones que el gobierno ha presentado como única alternativa para evitar la quiebra del sistema de previsión social. “O se hace ahora esa reforma o no habrá dinero para pagar los salarios de los jubilados”, sostuvo el líder del oficialismo en el Senado, Aloízio Mercadante. Durante los tres últimos años, el gobierno federal y las 27 gobernaciones brasileñas pagaron en promedio el equivalente a unos 21.000 millones de dólares a jubilados y pensionistas del sector público. Para intentar revertir ese cuadro se presentó un plan que propone un techo equivalente a 842 dólares para jubilaciones y pensiones, que actualmente llegan a situarse por encima de los 10.500 dólares. El gobierno propone modificar la edad mínima para las jubilaciones en el sector público, pasándola de 48 para 55 años para las mujeres, y de 53 a 60, para los hombres.