Después del primer día de huelga vino el diálogo. El gobierno brasileño aceptó negociar algunos puntos de la reforma del sistema de pensiones, a raíz de las presiones tanto de la base aliada como de los funcionarios federales que mantienen el paro iniciado anteayer. Entre las medidas que pueden ser modificadas por el gobierno, en particular por la insistencia del poderoso sector judicial, se encuentra la de garantizar a los funcionarios el mismo salario que tenían mientras estaban activos. A cambio, los representantes del sector aceptarían un mayor aumento de la edad de la jubilación, que pasaría a 60 años para las mujeres y a 65 para los hombres; 25 años de carrera mínimo –en la actualidad un juez puede retirarse con cinco años de carrera– y 35 años de contribución a la Seguridad Social.
El proyecto de reforma presentado en abril último a la Cámara de Diputados por el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, preveía un aumento de siete años en la jubilación para los funcionarios públicos en general, que dejaba en 55 años la edad para las mujeres y en 60 para los hombres. La iniciativa presentada por Lula también estipula la imposición de una alícuota del 11 por ciento a los pensionistas que ganen más de 370 dólares, fijar una pensión máxima de 828 dólares tanto para el sector público como el privado, y crear un fondo de pensiones complementario. El presidente de la Central Unica de Trabajadores (CUT), Luiz Marinho, indicó que mantener la jubilación íntegra para los funcionarios supondría una profunda modificación del proyecto de reforma y sería un “error” por parte del gobierno. Con hasta más de 17.000 reales de sueldo (cerca de 6000 dólares), los jueces son los funcionarios públicos mejor pagos, más del doble que el presidente de la República.
Mientras tanto, la huelga convocada por la Confederación Nacional de los Funcionarios Públicos Federales (Cnfsf) contra el proyecto de reforma de las pensiones continúa “creciente”, según Elano Furtado, uno de los directores del sindicato y miembro del comité de paro. Cuando todavía faltan datos de algunos estados, se estima que más del 40 por ciento de los funcionarios del sindicato se adhirió a la huelga. Los funcionarios del Banco Central en Brasilia decidieron suspenderla momentáneamente, y esperan que los de San Pablo y Río de Janeiro también lo hagan. El gobierno no impuso sanciones administrativas contra los huelguistas, lo que es interpretado por analistas independientes como un incentivo para la continuación del paro.