La huelga de los funcionarios públicos contra el proyecto de reforma previsional presentado por el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva sigue por tiempo indefinido, pero con escasa simpatía popular ya que, como titularon ayer algunos diarios nacionales, se trata de una huelga atípica más bien “para defender privilegios” y no para reivindicar derechos. El gobierno ya había aceptado modificar el texto original en un punto: que los funcionarios públicos reciban de jubilación el equivalente a su último salario en activo. “La base del gobierno en la Cámara de Diputados ya ha decidido el cambio”, confirmó el presidente de diputados, Joao Paulo Cunha, del oficialista Partido de los Trabajadores (PT). La huelga en su tercer día recibió el respaldo de sindicatos de la salud y de un sector de los empleados del fisco y del Ministerio de Planificación, que no se habían pronunciado. Desde su inicio, lleva una adhesión del 40 por ciento de los alrededor de 900.000 funcionarios.
A la protesta, convocada desde el martes por la Confederación Nacional de Empleados Públicos Federales y rechazada por las mayores centrales obreras del país, se han unido hasta ahora empleados de los escalones más altos de ministerios y decenas de organismos oficiales, entre ellos la Policía Federal. Los puntos más polémicos de la reforma del sistema previsional son los que plantean fijar un techo para las jubilaciones y pensiones y aumentar la edad para el retiro de los funcionarios.
Según la modificación del proyecto, se garantizará que los jubilados del sector público cobren una jubilación equivalente a su último salario como trabajador activo y que el monto sea revisado al mismo tiempo que el salario de sus colegas en actividad. De acuerdo con los cálculos oficiales, las cuentas públicas saldrán ganando con esta modificación, aunque echan por tierra el principio defendido por Lula de reducir la desigualdad entre los jubilados del sistema público y el privado. El jefe de gabinete, José Dirceu, alertó que la propuesta de cambio deberá ser consensuada con los 27 gobernadores. El gobernador de Pernambuco, Jarbas Vasconcelos, divulgó una nota oficial en la que se declaró contrario a la modificación del texto original.
La discusión estuvo en manos de una comisión especial de diputados, en la que ayer se planteó subir hasta 4800 reales (1715 dólares) el techo propuesto para las jubilaciones. Además de fijar como techo para las jubilaciones la suma de 2400 reales (unos 860 dólares al cambio actual), la reforma propone subir la edad mínima para el retiro a 60 años, en el caso de los hombres, y a 55 para las mujeres –actualmente los hombres pueden hacerlo desde los 53 años y las mujeres al cumplir 48–. El Poder Judicial viene presionando para lograr que el proyecto de ley presentado continúe con algunos de los privilegios de la categoría. Y que dichos privilegios puedan alcanzar también a los que hoy comienzan la carrera. Ceden sólo en lo referente a la edad de las jubilaciones y en el tiempo necesario de servicio para poder jubilarse con el sueldo íntegro.
“No estamos luchando por un punto específico, es contra la reforma en su conjunto”, dijo Eliseo Lima, del comité de huelga de la Confederación Nacional de los Funcionarios Públicos Federales, al justificar el mantenimiento de la huelga a pesar de las modificaciones del proyecto y advirtió que crecerá el acatamiento a la misma a partir del lunes, tras las reuniones que ha habido en estos días. Sin embargo, la opinión pública es consciente de que los funcionarios en huelga no arriesgan nada, ya que no pueden ser despedidos y que, al revés, podrían comprometer una reforma que está pensada en clave social para intentar una mejor distribución de la renta en este país. Todo parece indicar que el gobierno acabará aprobando el proyecto de reforma por lo menos en su aspecto básico sin tener que ser retirado, como pretenden los huelguistas.