Después de la certificación del Departamento de Estado de que el gobierno de Alvaro Uribe respeta los derechos humanos, llovieron las críticas. El Plan Colombia de lucha contra la droga y la insurgencia, financiado en gran parte por Washington, obtuvo las peores notas en un boletín de calificaciones simbólico emitido ayer por organizaciones humanitarias y representantes demócratas, al acercarse su tercer aniversario. “Esta es una celebración amarga”, indicó Eric Olson, de Amnesty International, en una rueda de prensa celebrada en un edificio del Congreso estadounidense, al acercarse el tercer aniversario del Plan el próximo domingo.
Olson afirmó que actualmente hay más desplazados por el conflicto armado colombiano (412 mil, contra 317.340 en el 2000) y un promedio mayor de asesinatos o desapariciones (20 por día, contra 14 antes) que hace tres años. “Tres años y más de 2 mil millones de dólares después, el Plan Colombia ha fracasado miserablemente”, coincidió la representante demócrata Janice D. Schakowsky (Illinois), lamentando que el Congreso aprobara el año pasado la ampliación del uso de la ayuda estadounidense a la batalla contrainsurgente. “El gobierno de (George W.) Bush ha tornado peor un plan que ya era malo”, acusó. La legisladora subrayó asimismo que el plan ha fracasado porque el cultivo de coca ha aumentado en los Andes en los últimos tres años y porque el consumo de cocaína en Estados Unidos o la disponibilidad de dicha droga en este mercado no han disminuido.
Según una estadística del Departamento de Estado citada en la conferencia, la producción de coca en Perú, Bolivia y Colombia creció de 184.900 hectáreas en el 2000 a 205.400 hectáreas a fines del 2002. Los partidarios del Plan, por su lado, destacan informes como el de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), que reveló el mes pasado que Colombia redujo los cultivos de coca en 37 por ciento entre el 2000 y el 2002.
El Plan Colombia es hoy “menos una creación de los colombianos y más una creación de estrategas militares estadounidenses”, señaló por su lado el representante James McGovern (Massachusetts). McGovern sostuvo asimismo que la reciente certificación del cumplimiento de derechos humanos en Colombia realizada por el secretario de Estado, Colin Powell, que habilitó el desembolso de 31,6 millones de dólares en ayuda militar, “no sólo está mal sino que socava la credibilidad de Estados Unidos como defensor de los derechos humanos”. Washington no debería otorgar “ni un solo centavo” al país andino “hasta estar seguro de que no existe ningún lazo entre los militares y los paramilitares de extrema derecha”, agregó.
AI y otras organizaciones como el Grupo de Trabajo Latinoamericano y el Centro de Política Institucional otorgaron al Plan una calificación “F” (por “fracaso”) en cinco áreas: erradicación de droga ilegal, uso de una política equilibrada, instrumentación de la reforma judicial, protección de los derechos humanos, impulso de la paz y evitar el alargamiento y extensión de la misión. Colombia, con unos 2 mil millones de dólares en ayuda estadounidense desde el año 2000 (sobre todo militar y policial), es el tercer destinatario de la ayuda de Washington, detrás de Israel y Egipto.