Desde Río de Janeiro

Hace unos días la presidenta Dilma Rousseff ordenó liberar inmediatamente poco menos de mil millones de dólares para atender las enmiendas parlamentarias al presupuesto anual. Anunció, además, que en septiembre serán liberados otros dos mil millones de dólares. Esa montaña de dinero será empleada por los señores parlamentarios para atender intereses parroquiales de sus feudos electorales. En Brasil el presupuesto nacional, una vez aprobado por el Congreso, autoriza al Poder Ejecutivo a gastar, es decir, dice cuánto el gobierno puede disponer a lo largo del año, promoviendo cortes o ajustes. Impone un tope y nada más. No obliga al gobierno a cumplir lo que ha sido propuesto por él y aprobado por los parlamentarios. Es parte del juego. De la misma forma, es parte del ritual que, en el Congreso, la propuesta original sufra un sinfín de enmiendas de los parlamentarios. Ya la liberación de recursos para atender la demanda de diputados y senadores depende del Ejecutivo, en un ciclo vicioso de presiones y contrapresiones.

Al liberar, a estas alturas del año, miles de millones de reales para satisfacer a los parlamentarios, Dilma Rousseff hace un nuevo intento de mejorar las cada vez peores relaciones con su base aliada, que abarca a diez partidos de los más diversos orígenes y sin otro compromiso visible que la voluntad de ocupar espacios de poder, con sus consecuentes prebendas. Encabezada por el PT de Lula y Dilma, esa alianza creada para asegurar la llamada “gobernabilidad” tiene un costo cada vez más elevado, y no sólo en términos presupuestarios. También en términos políticos aliarse a grupos tan diversificados, tan variopintos, tiene un precio muy alto.

Dilma Rousseff, y tal como antes le ocurrió a Lula, parece resignada a esa circunstancia. Hay, sin embargo, diferencias cruciales. Primero, Lula tiene un carisma incomparable, mientras que el de Dilma, si existe, todavía no se dejó ver. Segundo, Lula es un negociador hábil y la cintura política de Dilma es de piedra. Tercero: nunca, desde que en enero de 2003 el PT llegó al poder, el apoyo en el Congreso ha sido tan bajo y el precio tan alto. Siquiera en 2005, cuando el estallido del escándalo del “mensalao” que casi le costó a Lula da Silva la reelección en el año siguiente, el índice de lealtad de los aliados ha sido tan bajo, especialmente en la Cámara de Diputados.

Luego de la oleada de manifestaciones de protesta que asoló el país en junio parece obvio que cuando se levante el receso parlamentario, el escenario se haga todavía más turbio.

La constatación de la fuerte pérdida de popularidad de la presidenta luego de los sucesos del mes pasado –fenómeno igual ocurrió con todos los gobernadores estaduales, sin excepción– también contribuye para que el apetito voraz de los aliados de ocasión se agudice.

Ahora insinúan retirar su respaldo a la reelección. Hace tres meses disputaban para ver quién le prestaba a Dilma las más contundentes juras de amor eterno. Reivindican más diálogo con el Poder Ejecutivo, o sea, quieren más puestos, más presupuestos.

Desde enero el apoyo al gobierno en la Cámara de Diputados se desplomó a niveles inauditos. El principal aliado, el PMDB, apoyó al gobierno en solamente 56,06 por ciento de las votaciones, el más bajo índice desde que adhirió formalmente a un gobierno encabezado por el PT en 2007, todavía con Lula. Menos todavía que cuando no integraba la alianza del gobierno (2003-2006) y se declaraba “independiente”. Hasta el pequeño PSOL, que desde la izquierda hace dura oposición a Dilma, ha sido más positivo: apoyó el 56,14 por ciento de los proyectos del gobierno.

Otros dos aliados, el PSB y el PP, aprobaron, respectivamente, 64,79 por ciento y 63,85 por ciento de las propuestas que Dilma envió al Congreso. Lo más curioso es que el mismo PT de Dilma, que tiene el mayor número de diputados, retrocedió entre 2011 (primer año de su gobierno) y el primer semestre de 2013, de 95,19 por ciento a 92,15 por ciento de apoyo efectivo.

Todos los partidos de la base aliada han sido contemplados con ministerios, secretarías nacionales con rango ministerial o puestos clave en autarquías y direcciones nacionales.

Vale destacar que el balance de la lealtad –o de su falta– tuvo como foco central las votaciones de todo el primer semestre, o sea, no está vinculado directamente con la oleada de protestas que desgastaron fuertemente al gobierno. Al contrario: menos de 10 por ciento de las votaciones en el Congreso ocurrieron después de la marea de manifestaciones callejeras.

Para este segundo semestre está previsto en el Congreso el análisis de temas cruciales para Dilma. De persistir ese clima francamente antagónico entre los partidos aliados y el gobierno, la tensión seguramente alcanzará niveles aún más elevados.

Es sabido que de muchas traiciones también está hecho el juego político. Lo que se ve en Brasil, en todo caso, es un claro ejemplo de hasta qué punto el bicho humano puede esmerarse por traicionar cada vez más.