La Corte de Apelaciones de Santiago instruyó al juez chileno Alejandro Madrid para que estudie un nuevo desafuero del ex dictador Augusto Pinochet, en el proceso por el asesinato en Uruguay del agente secreto de su régimen Eugenio Berríos, informó ayer el tribunal. La Corte negó además la libertad de dos ex militares procesados por el asesinato de Berríos, el químico que trabajaba en la producción del mortal gas sarín en la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta del gobierno de Pinochet (1973-1990). Pinochet había sido privado de su fuero y sometido a juicio en Chile bajo cargos de asesinatos y secuestros, pero la Corte Suprema cerró el proceso sin sanciones en julio de 2002, estableciendo que el acusado padecía una demencia moderada que le impedía defenderse ante los tribunales.
La Octava Sala de la Corte de Apelaciones instruyó sin embargo al juez Madrid para que estudie un nuevo desafuero que, de ser acogido por el tribunal supremo, daría lugar a un nuevo proceso para determinar si Pinochet estuvo vinculado a la muerte del ex agente. Durante el juicio por el asesinato abierto en Chile seis militares fueron inculpados en octubre pasado por el secuestro y homicidio de Berríos, incluidos los generales retirados Hernán Ramírez Rurange y Eugenio Covarrubias y el capitán en servicio activo Pablo Rodríguez Márquez. Pero en su nueva resolución, la Corte de Apelaciones recomendó al juez extender la investigación a otros militares retirados, entre los cuales incluyó al general Fernando Torres Silva, ex fiscal del Ejército que comandaba Pinochet.
“Lo que nos interesa es que se interrogue a todas las personas que aparecen vinculadas con los delitos de que fue víctima Eugenio Berríos”, dijo el abogado de la familia del ex agente, Tomás Erhenfeld, tras el dictamen de la Corte. “De tal manera que si es necesario desaforar al general Pinochet, yo estoy de acuerdo en que sea desaforado”, agregó el jurista. El abogado Alberto Ríos, defensor de los militares acusados, afirmó por su parte que las acusaciones se basan “en meros rumores y suposiciones, no en presunciones que estén afincadas en hechos reales”.
Berríos huyó a Uruguay en 1991, custodiado por militares chilenos, para evadir su arresto en un proceso por asesinato, pero en ese país escapó y pidió ayuda a la policía uruguaya, que lo devolvió a sus custodios el 15 de noviembre de 1992. Ese día se perdió su rastro, hasta que su cadáver apareció tres años después en una playa cercana a Montevideo.
En un proceso paralelo que se reanudó en abril pasado en Uruguay, el juez Pedro Salazar investigaba la intervención que tuvieron en el secuestro los ex jefes militares uruguayos Tomás Casella Santos, Eduardo Radaelli Cóppola y Wellington Sarli Pose. También aparecen vinculados al caso los funcionarios policiales Helvio Hernández Marrero, jefe de la comisaría de Pando (30 km al norte de Montevideo), cuando Berríos escapó de la vigilancia de los militares chilenos, y Ramón Rivas, quien estaba al mando de la guardia cuando el ex agente llegó a ese recinto a pedir ayuda.
El gas sarín que preparaba Berríos en los laboratorios de la DINA fue utilizado para asesinar a opositores al régimen militar, según testimonios judiciales conocidos después de que se restauró la democracia en marzo de 1990. Berríos fue vinculado, además, a la muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva, que gobernó entre 1964 y 1970 y murió de una extraña infección cuando se encontraba internado en una clínica de Santiago, el 22 de enero de 1982. A los 71 años, Frei Montalva se proyectaba como líder de la oposición a Pinochet, quien después de la muerte del político democristiano se mantuvo en el poder por otros ocho años. Por otro lado, la jueza de instrucción parisiense Sophie Clément notificó ayer el fin de sus pesquisas en la investigación sobre la desaparición de cinco franceses bajo la dictadura chilena.