La dirección nacional del oficialista Partido de los Trabajadores (PT) dio una muestra ayer de que prevalece el apoyo a su líder y fundador hace 23 años, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. En la primera evaluación de los seis meses de gobierno, el PT elogió que se lograra revertir la herencia de “la grave crisis, recuperando la confianza y la credibilidad en el país”. Tras dos días de reuniones, el partido acordó “la obligatoriedad del voto de sus parlamentarios” a las reformas –previsional y tributaria, que se están debatiendo en el Congreso–, pero reconociendo que su contenido todavía puede ser negociado. De hecho, mañana el gobierno tratará con los gobernadores la controvertida reforma previsional de los estatales, en el contexto de una huelga de los empleados públicos que comenzó el martes pasado, anunciada por tiempo indefinido. Además, la dirección del PT pidió que la Justicia liberara a José Rainha (detenido el jueves), uno de los líderes del Movimiento Sin Tierra (MST).
El partido tradicional de la izquierda brasileña aprobó un texto de apoyo a las reformas por 52 votos a favor, 26 en contra y 4 abstenciones, pero no consiguió consenso para definir puntos claves, como defendía su presidente, José Genoino, estableciendo por ejemplo un límite de 2400 reales (unos 800 dólares) para las jubilaciones y eliminando así las exorbitantes sumas cobradas por algunos funcionarios. “Ni la corriente mayoritaria del partido tiene consenso para cerrar filas sobre la reforma”, afirmó el diputado Ivan Valente, que como la dirección de la mayoritaria Central Unica de los Trabajadores (CUT) defiende un techo mucho mayor que el propuesto por Genoino. El partido enfrenta críticas de sus alas más “radicales”, que no aprueban las propuestas políticas del gobierno. La reforma de las pensiones, junto con la tributaria, son prioridades de Lula para frenar la sangría de las arcas públicas e impulsar el crecimiento.
Al mismo tiempo, el texto petista advierte que “llegó la hora de consolidar los compromisos” de “crecimiento sostenible, generación de empleo y distribución de renta”, cuando el país está pagando la crisis del pasado año y esa política de ajuste con una gran caída de la actividad económica, el consumo y la renta. Incluso considera que cumplida su función, “se abrió espacio para una distensión gradual de la política monetaria”, unida a un aumento de la inversión pública, sujeta a un draconiano ajuste fiscal de más del 4 por ciento. Reclama que “vencida esta etapa, el gobierno tiene condiciones de imprimir la velocidad que las urgencias sociales reclaman y que los enormes desafíos imponen”.
Esta semana, el gobierno enfrentó por estas cuestiones una huelga indefinida de los funcionarios del Estado y fuertes presiones de los jueces que defienden las elevadas pensiones de sus más altos cargos. La situación llevó al gobierno a retroceder en algunos puntos y posteriormente a caer en la indefinición, ya que la reforma previsional sólo será definida tras una reunión mañana con los gobernadores, quienes son el más importante apoyo del gobierno en esa cuestión.
Asimismo, la dirección del PT mantuvo su posición crítica frente al Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y propuso un referéndum popular sobre la adhesión al ALCA. El partido apoyó, en cambio, “la iniciativa brasileña de proponer la negociación bilateral de un acuerdo de libre comercio, previo a la negociación del ALCA, entre los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y Estados Unidos”.
Con respecto a la detención de Rainha, el PT la supone “una provocación contra la legítima lucha del MST”. Rainha, de 43 años, quedó detenido de forma preventiva el jueves pasado tras prestar declaración en una comisaría de la localidad de Teodoro Sampaio. Había sido citado para declarar en torno a la supuesta tenencia de armas por parte de militantes del MST y fue arrestado por orden del juez Atis de Araújo Oliveira, que justificó la prisión frente al “riesgo de fuga”. Rainha responde en libertad a un juicio iniciado hace poco más de un año, en el que estáacusado de tenencia ilegal de armas y de organizar ocupaciones violentas de haciendas.