Desde Santiago

Nelson Caucoto es el actual jefe del Departamento de Derechos Humanos de la Corporación de Asistencia Judicial. En plena dictadura trabajó en la Vicaría de la Solidaridad (organismo de la Iglesia Católica, creado por el papa Pablo VI para ayudar a las víctimas del régimen militar) y luego en la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas. Además presentó más de 300 querellas en contra de Augusto Pinochet y es uno de los principales litigantes en causas de DD.HH. Con más de 30 años de experiencia, ha llevado adelante casos emblemáticas como Víctor Jara, Degollados, Operación Albania, Paine y Lonquén, entre otros, lo que le valió, en 2007, el Premio de Derechos Humanos. El 11 de septiembre de 1973, este destacado abogado cursaba el último año de Derecho en la combativa Universidad de Concepción y, como a casi todos los de su generación, la fatídica fecha le cambió la vida para siempre.

–¿Cómo llega a convertirse en abogado de DD.HH. y qué casos lo conmovieron más?

–El golpe militar me hizo cambiar las prioridades, y me nació la necesidad de poner mi profesión al servicio de la gente que estaba sufriendo y siendo perseguida. Apuré el tranco, hice mi memoria para licenciarme y me fui a Santiago. Me presenté en enero de 1976 a una entrevista con Fabiola Letelier en la recién creada Vicaría de la Solidaridad, y me quedé en ese organismo hasta que terminó, en diciembre de 1992. No podría decir que un caso me conmovió más que otro, ya que todos tienen componentes brutales en común de muertes, torturas, vejaciones y desapariciones. El dolor en los familiares es tan grande... eso, en parte, es lo que me ha mantenido hasta estos días trabajando en las causas, buscando verdad y justicia.

–¿Qué le parece el caso del ex general Juan Emilio Cheyre y los nuevos episodios de violaciones a los DD.HH. que siguen saliendo a la luz?

–Tengo opiniones divididas. Comenzando por valorar su tarea como comandante en jefe, que permitió un reconocimiento histórico de los crímenes cometidos por esa fuerza, señalando que una cifra cercana a las 200 víctimas fueron ultimadas y lanzadas al mar por los militares, para luego dar un paso también inédito en cuanto a suscribir un compromiso de no vincularse nunca más con un golpe de Estado. Eso, creo, constituye un legado que hay que tener presente, pues no recuerdo una situación de esos alcances en los militares de este continente. Todo ello lo hizo en el marco de una ofensiva inmensa en su contra de los militares en retiro, y de una silenciosa oposición interna de los militares activos. No fue fácil hacerlo, qué duda cabe. Ahora, ese gran aporte de Cheyre se ha visto ensombrecido a la luz de lo acontecido en el caso Lejdermann (ver edición del 28/08/2013 de Página/12), por la precariedad e insuficiencia de sus respuestas en el caso concreto. No parece aceptable que haya sostenido que nunca leyó el Informe Rettig (sobre violación a los DD.HH.), que es un instrumento de carácter estatal y oficial del gobierno de Chile, y que por tanto nunca se interesó por conocer mayormente el devenir del caso.

–¿Qué falta en Chile para que exista una verdadera reconciliación? Al parecer, los odios y diferencias siguen pasando de generación en generación...

–Es verdad que no hay una completa reconciliación entre los chilenos; sin embargo, hay aspectos que anuncian luces esperanzadoras. Hemos avanzando en reconocer que los crímenes existieron. Se ha reconocido que las violaciones de derechos humanos en la dictadura dejaron una inmensa secuela de sufrimientos y dolores, con chilenos torturados, ejecutados, desaparecidos y exiliados. Otra señal la otorga el avance de la Justicia, respecto de la cual ya no existen los reparos de hace algunos años, y existe consenso de que los tribunales deben seguir cumpliendo su tarea de investigar los crímenes cometidos. Una forma, en definitiva, de lograr avanzar en la reconciliación está dada por el esclarecimiento total de los crímenes cometidos por la dictadura.

–¿Cómo se viene este nuevo 11 de septiembre, teniendo en cuenta el escenario de los 40 años del golpe y que a Piñera, los otros 11/9, le han tocado más bien tranquilos?

–Los 40 años del golpe militar han tenido y van teniendo características distintas a los anteriores decenios. No creo que alguien haya imaginado alguna vez que cuatro décadas más tarde el recuerdo del golpe estuviera tan intensamente presente en la sociedad chilena como lo está hoy. Los medios de comunicación han cumplido un enorme papel en estas efervescencias. Los reportajes en diarios, revistas, radios y las imágenes de la TV dan cuenta de un reencuentro liberador con la verdad de lo ocurrido en la dictadura. Se han mostrado imágenes jamás vistas por los chilenos. Hoy proliferan los seminarios, encuentros y debates en las universidades y organizaciones sociales. Todo ello le hace bien a Chile. Ello ha traído aparejada una variada manifestación de perdones o reconocimientos que nunca antes se habían hecho. Las palabras del presidente Piñera y del senador Carlos Larraín (del derechista partido RN) son valorables en ese sentido. Hoy pareciera que todos abrazan la causa de los derechos humanos.

–¿Qué tan lejos estamos de la Justicia tan necesaria para cerrar heridas? ¿Hay avances en la materia?

–El avance de la Justicia ha sido significativo y hay que valorarlo. Hoy existen aproximadamente 800 procesamientos dictados contra los violadores de derechos humanos en los últimos 13 años, cuestión nunca vista en los 27 años anteriores. Existen alrededor de 250 agentes condenados por violaciones a los derechos humanos. En la actualidad, en Chile existen 1400 juicios por derechos humanos. En el país, la Judicatura ha tenido un giro de 180 grados. En tres años se ha avanzado más que en los 27 años anteriores. La Justicia ha ido haciendo su trabajo y hay que instar para que no exista víctima que no haya tenido la posibilidad de una investigación judicial seria, imparcial y efectiva. Nuestra crítica fundada y responsable a esa actividad judicial radica en la escasa cuantía de las penas a los criminales, lo que nos parece inadecuado por la gravedad de los crímenes y la necesaria prevención general y especial que conlleva como fines la pena. Hay que impedir a toda costa que en el futuro estos crímenes se repitan, y para ello hay que intimidar a los delincuentes con penas racionales, justas y proporcionales a la gravedad de los crímenes.

–¿Queda mucho aún por conocer? ¿Saldrán a la luz más casos de violaciones a los DD.HH.?

–Gran parte de la historia de Chile en dictadura está en los expedientes judiciales con los que se han ido esclareciendo los crímenes. Esos expedientes dan cuenta de la política de exterminio que se practicó. Y en ese exterminio se utilizaron todos los métodos imaginables e inimaginables. Se fusiló, se quemó, se explosionó, se degolló, se mató gente en la tortura, en falsos enfrentamientos, se inocularon sustancias tóxicas, químicas, bacteriológicas y se usó el gas sarín. Todos los días se están dictando nuevos procesamientos, nuevas condenas. Cada juicio es más verdad construida. Lo más significativo es que nadie se opone o se cruza como en el pasado reciente a esa actividad judicial.

–¿Qué le parece que la Corte Suprema reconozca omisión y responsabilidad en graves acciones durante la dictadura de Pinochet?

–Uno de los aspectos centrales en la actividad judicial en derechos humanos es el comportamiento de los tribunales. Los del tiempo de la dictadura fueron obsecuentes y funcionales a los designios de la tiranía, brindándole una amplia y total impunidad. Sin embargo, hoy ese poder judicial es distinto y ha ido fijando las bases de una futura convivencia nacional con una nueva perspectiva histórica. Así, nuestra Judicatura, desde no hace más de diez años a la fecha, ha incorporado plenamente el Derecho internacional de los derechos humanos, y ese instrumental jurídico obligatorio para el Estado de Chile ha permitido que judicialmente se declare la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. Ese es un legado para las futuras generaciones y una clara advertencia para las eventuales dictaduras del futuro, por cuanto sus crímenes serán perseguidos donde sea o cuando sea que se hayan cometido. Los fallos de la Sala Penal de la Corte Suprema han sido iluminadores en ese sentido y tienen una dimensión histórica que es bueno resaltar. Que la Corte Suprema en pleno, el viernes pasado, haya reconocido las omisiones y la grave desprotección en que se dejó a los ciudadanos me parece una buena determinación, y viene a sumarse a este nuevo clima que inauguran los 40 años. Quizá lo que más destacaría en esa declaración es aquella parte en que el máximo tribunal insta a todos los jueces del país a persistir en el esclarecimiento de los crímenes de la dictadura. Ese es el camino.