Desde Barcelona

Las cartas se van poniendo sobre la mesa en la partida que llevan años jugando los gobiernos de Cataluña y España. A través de sendas misivas, el presidente de la Nación, Mariano Rajoy, y el de la Comunidad de Cataluña, Artur Mas, abrieron en los últimos días un proceso de diálogo inédito en torno de los conflictos territoriales que históricamente los separan. En el día de ayer, Rajoy respondió con una carta a otra que Mas le había enviado el pasado julio para negociar un referéndum sobre la autodeterminación del pueblo catalán. En el texto, el jefe de Gobierno insta a Mas, aunque sin citar expresamente la consulta, a respetar “el marco jurídico”, ofrece un “diálogo sin fecha de caducidad” y advierte que los vínculos entre Cataluña y España “no pueden desatarse sin enormes costes”.

La respuesta de Rajoy constituye una novedad en el panorama político español en tanto que, por primera vez, reconoce que existe una fractura y un serio problema que resolver en el Estado y porque, de principio a fin de la carta, mantiene presente su voluntad de conversar. “Siempre he sido una persona comprometida con el diálogo como forma de resolver las diferencias políticas o de cualquier otra índole”, aclara el presidente ya en el primer párrafo.

Sin embargo, lo que a nadie sorprende son los condicionantes fijados para esa negociación. “Este compromiso con el diálogo adquiere su verdadero sentido desde la exigible lealtad institucional y desde el respeto al marco jurídico que a todos nos protege y a todos nos vincula”, dice en referencia a la Constitución. Si Rajoy hace tanto hincapié en la Carta Magna es porque se trata de su arma más fuerte para luchar contra el referéndum que quiere llevar a cabo el gobierno de Cataluña. Hasta el momento, la viabilidad de la consulta popular por la independencia está sujeta a su adecuación a la Constitución y el propio Artur Mas tuvo que aceptar, durante la última reunión con Rajoy, que sólo la pondría en marcha si se encuentra para ello una vía legal.

Por otra parte, el plazo de tiempo que puso el gobernador catalán para consensuar una salida jurídica antes de convocar la consulta –a fines de este año quedó claramente rechazado en la misiva. “Por mi parte, el diálogo no tiene fecha de caducidad cuando se trata de atender al interés general de los españoles y, por ello, de todos los catalanes”, afirma el presidente del gobierno.

Tampoco resulta nada nueva la postura que subyace a todo el texto redactado por Rajoy: su profundo rechazo hacia la causa soberanista catalana. “Los vínculos que nos mantienen unidos no pueden desatarse sin enormes costos efectivos, económicos, políticos y sociales”, advierte. Y transmite que su apuesta será trabajar por el “fortalecimiento de estos lazos y huir de enfrentamientos”. La negativa a la consulta también se deja ver en el ofrecimiento a negociar para dar respuesta a las “necesidades reales de todos los ciudadanos”. El Partido Popular (PP) considera que en este momento lo que urge es afrontar la crisis económica y no revisar el modelo de Estado. “Juntos ganamos todos y separados perdemos todos”, concluye Rajoy.

Las repercusiones de la carta enviada desde La Moncloa, Madrid, no se hicieron esperar en el Palau de la Generalitat, Barcelona. El domingo lluvioso no impidió que el Portavoz del partido que gobierna Cataluña, Convergència i Unió (CIU), saliera a la carga. Francesc Homs aseguró en rueda de prensa que la Generalitat se “tomará en serio el compromiso de diálogo”, pero también alertó que “el calendario de la consulta se mantiene” y que en breve comenzarán contactos con el resto de los partidos catalanes para celebrar la votación en 2014. Homs ofreció una contestación tan estudiada como la del texto escrito por el presidente del gobierno. Leyendo buena parte de su intervención, el Portavoz destacó que la carta “no es la respuesta que esperábamos”, y aseguró que la voluntad de la Generalitat era una solución “al estilo David Cameron”, que permitiera abrir negociaciones concretas sobre la consulta. Por último, añadió que la respuesta de Rajoy “no está a la altura” de lo que expresó “el pueblo de Cataluña” en la multitudinaria cadena humana por la independencia que atravesó la región de norte a sur el pasado miércoles.

En paralelo a las discusiones entre los líderes del PP y de CIU se encuentra la posición del Partido Socialista (PSOE) que no opta ni por la separación ni por la continuidad del modelo estatal vigente, sino por una propuesta que denominan “federal”. El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, reclamó una reforma federal de la Constitución para acabar con lo que calificó de “una crisis territorial en toda regla”. Rubalcaba aclaró que defiende “el proyecto federal que trata de reconocer, integrar, respetar los distintos pueblos de España. Y recordó los principales puntos de un documento consensuado en Granada en julio pasado, en el cual el PSOE asentó las bases de su propuesta para la gestión de las comunidades autónomas, y puso como modelo a los países europeos que la están llevando a cabo: “Para que a nadie le quepa ninguna duda, federal es Alemania, Austria, Europa, éso es lo que queremos los socialistas”.

Las cartas están echadas. Ahora la ficha que Artur Mas se propone mover es la de recuperar el apoyo perdido del PSOE catalán al proceso de autodeterminación. En la próxima sesión parlamentaria de Cataluña, dentro de diez días, Mas buscará un gran acuerdo entre CiU y los partidos locales de izquierda para intentar que Rajoy incluya en la negociación la posibilidad de celebrar algún tipo de consulta.