Opinión

Desde Río de Janeiro

El ministro Celso de Mello, decano del Supremo Tribunal Federal brasileño, llevó poco más de dos horas para, en un voto consistente y sólido, determinar ayer que 12 de los 25 condenados por esa misma corte máxima a penas de prisión tendrán derecho a una revisión de sus sentencias, o sea, a un nuevo juicio.

Entre los beneficiados están figuras de proa del PT, como el ex jefe de Gabinete de Lula José Dirceu y el ex presidente del partido, diputado José Genoino, ambos fundadores del PT. Todos los que serán nuevamente juzgados tuvieron, en el primer juicio, cuatro votos (sobre once) favorables. El derecho al recurso está asegurado jurídicamente, pero aun así de los once ministros de la Corte Suprema, cinco lo han negado.

Curiosamente, el mismo De Mello ha sido uno de los más ácidos y contundentes a la hora de condenar a los encausados en el primer juicio. Su voto ha sido implacable en aquella ocasión, de la misma forma que ha sido indiscutible ahora, al asegurar a los condenados el derecho a recurrir. O sea: no niega la gravedad de los acontecimientos, pero asegura a los acusados el derecho a presentar recurso. Ha sido suyo el sexto voto favorable, y decidió la cuestión. De otra manera, quedaría sentado otro precedente raro en un juicio que se desarrolló contrariando principios básicos de la Justicia, es decir, los condenados no tendrían derecho a una segunda instancia.

La primera etapa de lo que la prensa hegemónica bautizó en Brasil como “el juicio del siglo” estuvo plagada de polémicas. Para empezar, los acusados fueron juzgados por la Corte Suprema, en lugar de las instancias inferiores, lo que les aseguraría el derecho a, en caso de ser condenados, recurrir a instancias superiores. Negarles el recurso en la instancia máxima implicaría confirmar definitivamente que se trató de un tribunal de excepción.

En el juicio se aceptó la peregrina tesis de que basta una acusación supuestamente bien estructurada para que se condene a alguien, olvidando la necesidad de presentar pruebas condenatorias. Se trató de un juicio que mezcló condenas a algunos acusados contra los cuales sí existían pruebas y otras, de cuño claramente político, como las que alcanzaron a Genoino y Dirceu. La confusa teoría del “dominio del hecho”, según la cual por ocupar un puesto de decisión se determina la culpa del acusado, aunque no exista prueba alguna de su real participación, se impuso como innovación en la Justicia en Brasil. Todo eso, con amplio y total respaldo de los grandes medios, que presionaron de forma incesante a la Corte Suprema.

Efectivamente, no existe prueba alguna de que José Dirceu –una de las principales figuras de la izquierda brasileña y quizá el más capacitado liderazgo del PT– sea inocente de la trama de distribución de recursos de campaña para financiar a partidos aliados, y que no haya incurrido en crímenes de corrupción activa. Pero tampoco existe prueba alguna de que sea culpable. Al invertir un pilar básico del derecho, se despreció la necesidad de pruebas consistentes para condenarlo (a él y a otros, dicho sea de paso), eliminando la presunción de inocencia de los acusados.

Más que detalles y meticulosidades jurídicas, el embate final entre dos corrientes del Supremo Tribunal Federal brasileño puso de relieve si corresponde a los integrantes de la corte máxima de Justicia actuar acorde a sus conciencias o atender al supuesto clamor de las calles, que en este caso se concretiza básicamente en el abordaje preestablecido por los grandes medios de comunicación.

Quedó comprobado en el “juicio del siglo” que, a ejemplo de lo que se hace en toda y cualquier elección brasileña, sea del nivel que fuere, determinado partido distribuye recursos para cubrir gastos de otros, y así se conforman las alianzas políticas. Fue lo que hizo el PT de Lula.

Que es algo dañino y ofensivo no resta duda. Pero de ahí a crear la imagen, como hicieron los medios de comunicación, de un partido (el PT de Lula en su primera presidencia) distribuyendo dinero mensualmente a parlamentarios aliados, hay una gran distancia. Que hubo dinero negro circulando, nadie puede dudar. De lo otro, nadie pudo probar.

La gran marea de moralismo exacerbado que cubre las páginas de diarios y revistas y se esparce sobre los noticieros de televisión se reforzó drásticamente en los últimos días.

El presidente de la Corte Suprema, Joaquim Barbosa, el más esdrújulo y truculento de los miembros del colegiado, impidió, intencionalmente, que Celso de Mello votase el jueves de la semana pasada. Al forzar la postergación de ese voto para ayer, abrió un espacio de cinco largos días para que las presiones sobre su compañero de tribunal se multiplicasen.

La maniobra, aunque evidente, no surtió efecto: el decano se mantuvo firme en sus convicciones.

Es importante recordar que aceptar que los recursos sean analizados y votados en la corte no implica ninguna garantía a los acusados. Es muy probable que algunas sentencias sean efectivamente revisadas, ya que restaron serias y bien fundamentadas dudas en relación con algunas acusaciones. Además, dos nuevos ministros ocupan los lugares de los que se jubilaron y votaron contra los acusados.

Pero examinar recursos no implica asegurar la anulación total de las sentencias condenatorias.

No hay plazo para que el nuevo juicio ocurra. Puede ser el año que viene, puede ser en el 2015. El relator nombrado para analizar los recursos (que serán presentados en un plazo máximo de 60 días) es el ministro Luiz Fux, uno se los más vehementes en rechazar el derecho a aceptar los recursos de los condenados. Para suerte de los ahora beneficiados, su voto será uno –y apenas uno– entre once.