El presidente dominicano, Danilo Medina, explicó ayer la posición de su gobierno de negar la nacionalidad a personas nacidas en el país de padres sin documentos, que afecta especialmente a las de origen haitiano. Así lo informó la presidencia en un comunicado emitido tras una reunión de Medina con embajadores y jefes de misiones de 16 países de América latina recientemente acreditados ante el gobierno dominicano. El jefe de Estado compartió con los diplomáticos las decisiones tomadas el miércoles por el Consejo Nacional de Migración, que decidió que en un plazo no mayor de 60 días deberá presentarse un plan para regular a los extranjeros en el país.

El anuncio de dicho plan se da en medio de la polémica por el fallo emitido a finales de septiembre por el Tribunal Constitucional (TC) que resolvió que los hijos de inmigrantes indocumentados que nacieron en la República Dominicana a partir de 1929 y, por tanto, están registrados como ciudadanos dominicanos, perderán ese status al considerarse que sus padres estaban en el país en situación de tránsito.

En un comunicado leído por el portavoz presidencial, Roberto Rodríguez Marchena, tras la reunión del miércoles, el Consejo Nacional de Migración señaló que el Ejecutivo acata dicha sentencia, al tiempo que reiteró su compromiso con el respeto a la Constitución, las leyes de la república y la independencia de los poderes públicos y órganos constitucionales.

En el documento, el Consejo reiteró su compromiso con la implementación de una política migratoria clara y transparente, ajustada al mandato de la Constitución y las leyes dominicanas, respetando los derechos humanos y los acuerdos internacionales, según expresó en un comunicado. “El Estado es sensible ante la situación de aquellas personas que se consideran dominicanas, y que sienten afectados sus derechos como consecuencia de esta sentencia”, agregó la Comisión.

Asimismo reiteró la posición de Medina de que en República Dominicana existe un problema humano que es necesario resolver. En la cita se acordó la conformación del Instituto Nacional de Migración y la designación de su director ejecutivo. También se decidió que en un plazo de 30 días la Junta Central Electoral, encargada del Registro Civil, rendirá un informe que recoja el impacto de la sentencia en relación con los extranjeros inscriptos en su registro, tanto en su condición de regulares como irregulares. La sentencia puede afectar a unas 250 mil personas nacidas en República Dominicana, la mayoría de origen haitiano, además de alrededor de 35 mil hijos de padres de diferentes nacionalidades.

Por su parte, el Centro Robert F. Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos (Centro RFK) presentó un escrito de amicus curiae en el caso de “Benito Tide Méndez vs. República Dominicana” ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El amicus establece el derecho a la nacionalidad como un principio de derechos humanos universal, y considera que los recientes actos discriminatorios por parte de Santo Domingo están en flagrante violación de este derecho y que forman parte de la discriminación histórica contra los haitianos.

El caso de Benito Tide Méndez fue presentado en nombre de un grupo de dominicanos que fueron atacados debido a su etnia o nacionalidad percibida, e indiscriminadamente expulsados de la República Dominicana. Las autoridades dominicanas destruyeron sus documentos de identidad y se les niega a otros la oportunidad de contactarse con los miembros de sus familias o de probar su nacionalidad dominicana. De hecho, se les impidió incluso la obtención de partidas de nacimiento y documentos nacionales de identidad.

“Juristas, gobiernos, organismos internacionales y activistas de derechos humanos en todo el mundo están de acuerdo: las naciones no pueden despojar retroactiva y arbitrariamente a su propia gente de su ciudadanía”, dijo Santiago Canton, director de RFK Partners for Human Rights. “La República Dominicana no sólo ha ignorado el Derecho internacional sino también las demandas y preocupaciones de la comunidad internacional”, agregó.

El caso es parte de una larga cadena de acciones discriminatorias realizadas por el gobierno dominicano para privar de la ciudadanía a algunos de los propios habitantes del país, la última de las cuales niega retroactivamente la ciudadanía y podría afectar hasta a 250 mil dominicanos de ascendencia haitiana. El miércoles, el Centro RFK se unió a otras organizaciones en la entrega de una carta con la denuncia de este fallo más reciente al embajador de la República Dominicana en los Estados Unidos, Aníbal De Castro, coincidiendo con las manifestaciones públicas realizadas en la República Dominicana, España, Paraguay, Venezuela, Francia, Puerto Rico, Canadá y Estados Unidos.