Desde Londres

A más de dos años de que estallara el escándalo de las escuchas telefónicas obligando al cierre del News of The World, comenzó el juicio contra las dos figuras más prominentes, la ex directora del periódico, Rebekah Brooks, y el ex jefe de prensa del primer ministro David Cameron, Andy Coulson. Miembros clave del grupo Murdoch en el Reino Unido, Brooks y Coulson son acusados de conspiración para interceptar mensajes de voz, causar conducta ilegítima de funcionarios públicos y encubrimiento. El juicio pondrá el foco también sobre el primer ministro británico, que mantenía una estrecha relación amistosa con Brooks y decidió contratar a Coulson cuando ya pesaban serias sospechas sobre su papel en el espionaje periodístico informativo.

La investigación de la escucha telefónica de “celebridades” provocó la renuncia de Coulson en enero de 2011 y se convirtió en una bola de nieve en julio del mismo año, cuando el matutino The Guardian, reveló que el News of The World había pinchado el teléfono celular de una adolescente secuestrada que después apareció muerta. El escándalo produjo la caída de Brooks y puso de manifiesto una cultura de abierto espionaje de cualquier persona que pudiera aparecer en primera plana, fuera actor, futbolista, político o víctima de atentado terrorista o violación. Desde entonces, la policía ha efectuado 25 arrestos y más de 40 personas han sido formalmente acusadas y se encuentran libres bajo fianza.

Ayer, en la apertura del juicio a Brooks, Coulson y otros seis acusados, todos prominentes figuras del grupo Murdoch, el juez John Saunders señaló que, dada la importancia del caso, estimaba que las audiencias se prolongarían hasta Pascuas, es decir, más de cinco meses. El cálculo policial es que el News of the World llevó a cabo escuchas telefónicas de unas cuatro mil personas, pero uno de los grandes enigmas es quién dio la orden y qué sabían las más altas esferas: Ruppert Murdoch y su hijo James. En un intento infructuoso de silenciar el escándalo, el grupo siguió una estrategia de arreglos extrajudiciales, por cifras que siempre superaron los 100 mil dólares, con un amplio abanico de figuras, desde la actriz Sienna Miller hasta la cantante Charlote Church, la ex ministra de Cultura Tessa Jowell y los padres de Madeleine McCann, la niña británica secuestrada en Portugal en 2007.

El juicio vuelve a poner al grupo Murdoch en el centro del escenario en un momento particularmente álgido para la prensa escrita. Mañana, con el juicio en marcha, se anunciará el consenso alcanzado por los partidos políticos para la regulación de la prensa a la luz de las recomendaciones de la Comisión Leveson, que investigó el escándalo de las escuchas. Los grandes grupos, dominantes del 75 por ciento de la circulación en el Reino Unido, ya han apelado a la Justicia para rechazar la propuesta, argumentando que es una violación de la libertad de prensa.

El tercer gran foco de atención del juicio será la relación del primer ministro David Cameron con Coulson y Brooks. Cuando era el jefe del Partido Conservador en la oposición, Cameron contrató a Coulson como director de prensa, a pesar de que éste había renunciado como editor del News of The World luego de que dos periodistas fueran condenados por la escucha telefónica del príncipe Guillermo. Coulson era clave para su proyecto político de recobrar el apoyo de Ruppert Murdoch, quien en 2009, con Coulson de puente, decidió terminar su “affaire” con los laboristas y volver a su territorio natural: los conservadores.

Al ganar las elecciones de mayo de 2010, Cameron nombró al ex editor del News of The World jefe de prensa, en momentos en que volvían a arreciar las sospechas por su papel en las escuchas telefónicas. Siete meses después, Coulson se vio obligado a renunciar a su cargo. El caso de Brooks mostró la relación incestuosa que había entre grupos mediáticos dominantes y la clase política. Cameron asistió a la boda de Brooks, intercambiaba con regularidad mensajes de texto con la directora del News of The World y tomaban el té juntos en su casa de Oxford, todo en momentos en que el gobierno tenía que decidir si el grupo Murdoch se podía hacer con el control total de la cadena televisiva Sky.