Desde Roma

En marzo de este año se inició en Argentina el juicio a los militares acusados por el Plan Cóndor.
Imagen: Télam.

Sorpresa y decepción fueron las sensaciones que experimentaron ayer los familiares y abogados defensores de 23 italianos desaparecidos en el marco del Plan Cóndor, en la segunda audiencia preliminar del llamado “Proceso Cóndor” en Roma –el primero que se intenta en Europa contra esta operación internacional de aniquilación de opositores–, contra 35 militares y civiles de Uruguay, Chile, Bolivia y Perú.

Al contrario de lo que muchos esperaban, el juez de las investigaciones preliminares, Alesandro Arturi, decidió postergar una vez más la iniciación del proceso propiamente dicho –luego de casi 15 años de investigaciones y 160.000 páginas de documentación– y tener una nueva audiencia preliminar el 28 de enero, en espera de que los acusados sean informados correctamente y de que se les pregunte si quieren estar presentes en el juicio y/o declarar. Según el juez, las comunicaciones que previamente se enviaron a todos los acusados en los distintos países –y sin las cuales no pueden ser parte del proceso– no estaban traducidas al castellano o las traducciones tenían errores. Lo cual fue puesto en duda por varios de los abogados defensores, quienes aseguraban exactamente lo contrario.

El juez Arturi pidió además al fiscal la reformulación de las acusaciones en cuatro casos de desaparecidos –uno de origen uruguayo y tres de origen argentino– porque, dijo, no estaba claro el lugar ni la motivación del delito.

El juez aceptó el argumento de “legítimo impedimento” para presenciar el juicio que presentaron los defensores de once militares ya arrestados en sus propios países, seis uruguayos, tres chilenos y dos bolivianos. Entre ellos, el uruguayo José Ricardo Arab Fernández –uno de los responsables de la de-saparición del hijo y la nuera del escritor Juan Gelman– que tiene un pedido de extradición de Argentina; el boliviano Luis García Mesa Tejada –autor, entre otras cosas, de un golpe de Estado en su país contra la presidenta constitucional Lidia Gueiler en 1980–, arrestado en la cárcel de El Alto; y el chileno Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda – jefe de la temida agencia de inteligencia DINA en tiempos de Pinochet–, detenido en la cárcel de Cordillera.

“Creo que la audiencia de hoy ha dado resultados a favor de las objeciones de los abogados de los acusados”, la mayor parte, por lo demás, de oficio, comentó a Página/12 Cristina Mihura, viuda del desaparecido ítalo-uruguayo Armando Bernardo Arnone Hernández y una de las más fervientes luchadoras por la realización de este juicio. Mihura también es testigo en el juicio Cóndor que se está llevando a cabo en Buenos Aires.

Los argumentos de la mayor parte de los abogados de la defensa no fueron considerados, explicó. “Lo lamentamos mucho, pero respetamos la decisión del juez y seguiremos acompañando este juicio que desde el principio se presentaba difícil”, añadió Mihura.

Lo que dudan tanto abogados como familiares es que se logre reelaborar las notificaciones y entregarlas a cada uno de los 35 acusados nuevamente antes del 28 de enero, dado que en medio están las fiestas de fin de año y el mes de enero, que generalmente es de vacaciones en los países del Hemisferio Sur.

Entre los 35 acusados figuran 17 militares y exponentes políticos de Uruguay en los años ’70, el general Iván Paulós, jefe del Servicio de Informaciones y Defensa, SID, y Pedro Mato Narbondo, oficial del mismo servicio. El grupo comprende también 12 militares chilenos, incluidos los generales Sergio Arellano Stark, famoso por haber dirigido la llamada “caravana de la muerte” que fue asesinando a presos políticos por todo el país y, además de Contreras, Odlanier Mena, jefe de la CNI, la Central Nacional de Informaciones o policía secreta de Pinochet. De parte de Bolivia los acusados son dos, el general Luis García Mesa Tejada y el general Luis Arce Gómez, del Departamento de Inteligencia del Estado. De parte de Perú, los acusados son cuatro militares, entre ellos el general Francisco Morales Bermúdez, principal protagonista del golpe de Estado de 1975. No hay militares argentinos en esta lista porque la Justicia argentina no ha entregado las notificaciones correspondientes a los militares que eran acusados por Italia –condición sine qua non para poder ser imputado en el proceso–, para no superponer la causa italiana con la que ya se está llevando a cabo desde hace tiempo en Buenos Aires y debilitarla, explicaron autoridades argentinas a Página/12.

La lista de desaparecidos comprende seis ítalo-argentinos –dos secuestrados en Bolivia, dos en Brasil y dos en Paraguay–, cuatro ciudadanos ítalo-chilenos secuestrados en el propio país y 13 ítalo-uruguayos desaparecidos en Argentina.