Cuando la infanta Cristina entre hoy en la sala de vistas, una de las primeras cosas que verá será el retrato del rey Juan Carlos. La imagen del monarca preside el lugar en el que su hija menor declarará como imputada en un caso de corrupción que hace temblar a la monarquía borbónica tras 38 años de reinado en la España democrática.

Cristina de Borbón, de 48 años, está citada a las 10 hora local (6 de Argentina) en los juzgados que llevan el caso en Palma de Mallorca, Islas Baleares, en el que también está implicado su marido, el duque de Palma Iñaki Urdangarín. La infanta será interrogada por el juez de instrucción José Castro, quien marcó un antes y un después en la democracia española al llevar por primera vez a los tribunales a un integrante del núcleo central de la familia real española.

Antes de protagonizar este hito, la hija del rey se reunió ayer a la mañana en Barcelona con sus abogados, Miquel Roca y Jesús María Silva, y con el letrado que defiende a su marido, Mario Pascual Vives, para preparar su defensa. Mientras todos los focos mediáticos están puestos sobre ella, la infanta no se dejó ver al arribar al despacho de sus defensores, ya que lo hizo en un vehículo que accedió directamente al estacionamiento del edificio, ubicado en una zona céntrica de la capital catalana. La presión mediática es enorme, no menos que el hecho de que declare como imputada en la fase final de instrucción del caso de corrupción Nóos, que puede llevar a su marido y a ella misma a la prisión con consecuencias impredecibles para la Corona española.

Sin embargo, el encargado de proteger a la infanta en la primera línea de fuego, Miquel Roca, aseguró que está “muy tranquilo”, y que “no se puede permitir el lujo de ningún nervio”. En la misma línea, su socio reiteró su confianza en la inocencia de la infanta: “Todo está muy caliente, pero cuando las aguas se tranquilicen, todos los españoles verán con claridad que la infanta es inocente”, dijo Jesús Silva a la prensa a las puertas del despacho.

La infanta cuenta con el apoyo del fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, quien desde el inicio de la investigación se opuso a su imputación y llegó a acusar a Castro de “conspirar” contra la hija del rey, lo que generó numerosas críticas desde la Justicia. Hace dos años, el juez Castro imputó al duque de Palma, Iñaki Urdangarín, y en abril de 2013 amplió la causa a su esposa, pero la decisión fue anulada gracias a un recurso del fiscal.

El juez, que considera que la infanta es partícipe necesaria o al menos cómplice de su marido, no desistió y encontró nuevos indicios de delito contra la hija del rey, a la que volvió a imputar en enero. Castro atribuyó a la infanta delitos de blanqueo de capitales y evasión fiscal por su condición de copropietaria de Aizoon, sociedad que fue utilizada para desviar parte de los fondos públicos apropiados indebidamente por el Instituto Nóos, la fundación deportiva de Urdangarín y su ex socio Diego Torres, cuyas actividades ilegales están bajo investigación.

Según el juez, la hija del rey y su marido cargaron a Aizoon gastos personales para apropiarse de los beneficios de la sociedad, que no fueron declarados al fisco. Los delitos de blanqueo y evasión que se le imputan están penados con hasta 6 y 5 años de prisión respectivamente.

Desde que estalló el escándalo de corrupción Nóos, los españoles se distanciaron de la monarquía, y ya no apoyan la institución de forma mayoritaria, ya que por primera vez son menos del 50 por ciento. Además, según las últimas encuestas, la mayoría de los ciudadanos cree que la hija del rey recibe un trato de favor.

La izquierda parlamentaria acusó directamente al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, de ser el que protege a la infanta a través del fiscal. La reacción de los diputados se produjo después de que Rajoy dijo en TV estar “convencido de la inocencia de la infanta”, y que “las cosas le irán bien”.

Tras su última imputación, la infanta resolvió no recurrir la resolución y acudir a declarar de forma “voluntaria” para demostrar su “inocencia”, según argumentó su defensa. Y el fiscal, para no entorpecer la estrategia de la infanta, tampoco se opuso.

El caso de corrupción Nóos se ha convertido en una verdadera pesadilla y amenaza para el rey Juan Carlos de Borbón, por lo que la imagen que menos quiere ver la monarquía, y la más buscada, es la de la infanta sentada en el banquillo de los acusados respondiendo al juez.

Para evitar una condena social previa, el magistrado accedió a que se registre sólo el audio de la declaración y no se pueda grabar en video, por lo que nadie podrá acceder a la sala con teléfonos o dispositivos con cámara. Tampoco podrá ingresar personal judicial que no tenga participación directa en el proceso.

Además, apoyado en informes policiales, el juez decano del tribunal autorizó a la hija del rey a llegar hasta la puerta del tribunal en su vehículo, con lo que evitaría el “paseíto” ante las cámaras y micrófonos de los más de doscientos periodistas que cubrirán su declaración. A menos de 24 horas de la declaración, subsiste la incógnita en torno de si la infanta hará uso de este derecho que se le ha concedido y con el que se la pretende “blindar” del repudio de los manifestantes antimonárquicos que previsiblemente se acercarán a Palma de Mallorca, como ocurrió cada vez que declaró Urdangarín.

“No tengo ni idea”, dijo hoy Castro, preguntado en la puerta del tribunal sobre si la infanta bajará en coche o a pie la rampa de acceso a los juzgados donde él prepara en solitario el interrogatorio más trascendente de su carrera y, quizás, uno de los más importantes de la historia política de España.