Un grupo de policías federales colgó ayer sus esposas (foto) en una protesta simbólica para reclamar mejores condiciones de trabajo al gobierno de Brasil, como parte de una serie de acciones que concluirán el próximo martes 11 con una huelga en todo el país, aunque sin abandonar servicios esenciales.

En San Pablo, cerca de cien agentes de la Policía Federal (PF) se concentraron frente a la superintendencia de la Policía Federal, en el barrio de Lapa, para reclamar al gobierno una mejor estructura y condiciones laborales.

“Necesitamos una reestructuración de nuestra carrera, un cambio en diferentes departamentos de la PF. Hay un grado de desmotivación muy alto y un elevado índice de suicidios”, dijo el presidente del Sindicato de los Servidores Públicos Civiles Federales del Departamento de la PF de San Pablo, Alexandre Santana Sally. De acuerdo con Santana Sally, la PF mantendrá los servicios esenciales, como las guardias, la emisión de pasaportes, la vigilancia de aeropuertos e investigaciones “sensibles”, como el narcotráfico.

La protesta ocurrió un mes después de una manifestación contra la organización de la Copa del Mundo realizada en San Pablo, en la que hubo enfrentamientos con la policía y destrucción de vidrieras de bancos y concesionarias de vehículos de lujo. Por su parte, el ex presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), afirmó hoy que las protestas no impedirán el éxito de la organización del Mundial de Fútbol, y no descartó que en 2018 pueda volver a ser candidato.

“La democracia no es un pacto de silencio, es la sociedad luchando por conquistas. En cualquier lugar del mundo las personas se manifiestan cuando hay Mundial o Juegos Olímpicos y esto no impedirá que Brasil haga la mejor Copa del Mundo”, dijo en una entrevista publicada ayer por el diario A Cidade, de Ribeirao Preto.

Mientras tanto, el tribunal de segunda instancia de la ciudad italiana de Bolonia ratificó ayer el arresto provisional y negó la libertad provisional al ex director comercial del Banco estatal do Brasil Henrique Pizzolato, prófugo de la Justicia brasileña y arrestado el miércoles en Módena, por existir “peligro de fuga”.

Pizzolato, con doble nacionalidad ítalo-brasileña, compareció ayer en una audiencia ante el tribunal de Bolonia en la que se ha aclarado su identidad y sus antecedentes y en la que ha expresado su disconformidad con respecto a su posible extradición a Brasil, según recogieron medios de comunicación italianos.

Pizzolato quedará en prisión por un período indeterminado dado que existe peligro de fuga, dictaminaron los magistrados. El ex director comercial del Banco estatal do Brasil explicó a los jueces de Bolonia las razones por las que se había fugado. “Según él, el proceso (en Brasil) no ha sido gestionado correctamente y asegura que se trata de un proceso político ya que no ha cometido los hechos que se le imputan”, dijo a los medios italianos la defensa del prófugo, el abogado Lorenzo Bergami. El letrado, además, afirmó que Pizzolato está “muy tranquilo” y “confía plenamente en la Justicia italiana”.

Su detención se debe a la petición de arresto internacional por parte del gobierno de Brasil, país del que se fugó tras ser condenado a 12 años y siete meses de prisión por estar involucrado en lo que se conoció como el “Juicio del Siglo”, una trama de corruptelas en torno al primer gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

Ahora, Brasil tendría que solicitar la extradición dentro de 40 días al Ministerio de Justicia de Italia, que transmitiría la petición al tribunal de segunda instancia de Bolonia.