Desde Barcelona

Por primera vez en la historia de España, un miembro de la monarquía declaró ante un juez. La hija menor del rey Juan Carlos entró ayer por la mañana a los Juzgados de Palma de Mallorca para comparecer por presuntos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales y, aunque lo negó todo, su paso por las dependencias de Justicia marcó un hito para la sociedad española. Hubo quienes, incluso, se pusieron el despertador expresamente para verla llegar a la Audiencia de Palma.

La pregunta de si la infanta entraría en auto o a pie fue tapa de los diarios durante la última semana y medios de comunicación de todo el mundo hicieron guardia desde muy temprano para develar el misterio. Cristina de Borbón se bajó del vehículo recién a cinco metros de la puerta y dirigió a los periodistas un sonriente “buenos días”, antes de entregarse al extenso interrogatorio de más de cien preguntas que el juez José Castro le tenía preparado.

Trece meses después de que se imputara al yerno del rey, Iñaki Urdangarín, por un escándalo de supuesta corrupción vinculado con el Instituto Nóos, sociedad creada en 2003 para desviar dinero público a sus empresas privadas y defraudar al fisco, a su esposa también le llegó el turno de dar explicaciones. La entidad, formalmente sin ánimos de lucro, logró a dedo entre 2004 y 2007 una serie de contratos públicos en las islas Baleares y la Comunidad Valenciana, ambas bajo el gobierno del Partido Popular, por una suma de más de seis millones de euros. Gran parte de ese dinero fue a parar a una de las empresas de Urdangarín, Aizoon, que también era propiedad de Cristina de Borbón.

“Yo confío en mi marido y en que lo hacía bien”, respondió la infanta ante las inquisiciones del juez acerca de su responsabilidad sobre la empresa. Según informaron fuentes asistentes a la declaración, Cristina de Borbón se desvinculó totalmente de la gestión de Aizoon, así como del Instituto Nóos. También aseguró no tener conocimiento de las cincuenta facturas que el magistrado le enseñó como prueba de determinadas compras de índole privada, cargadas a esta compañía.

En el auto presentado por el juez Castro el pasado 8 de enero, la investigación demostró que a través de esa sociedad familiar se pagaron gastos personales de los duques de Palma, tales como la reforma de su vivienda en el exclusivo barrio barcelonés de Pedralbes o la contratación irregular de servicio doméstico para el palacete.

En consideración del juez instructor, el hecho de que “ambos cargaran a Aizoon S.L. sus gastos personales y familiares supondría una doble defraudación de impuestos” porque al no asumirlos como un gasto particular de la infanta y su marido, se evitaba, en primer lugar, la tributación de éstos en sus respectivos impuestos sobre la renta y, en segundo lugar, se aminoraban los beneficios de la empresa Aizoon, que debían ser gravados anualmente con el impuesto de sociedades.

Al ver las cincuenta facturas, la infanta alegó desconocerlas, guardó silencio o se escudó en su ignorancia en asuntos de contabilidad, aun siendo una de las gerentes de La Caixa, el segundo banco más poderoso de España.

El otro presunto delito que se le imputa a la hija del rey es el de desvío de fondos públicos, ya que, según detalla el juez Castro en su escrito, “la entidad Aizoon S.L. era una sociedad pantalla que, en realidad, tenía como cometido ingresar parte del dinero obtenido por la Asociación Nóos, en contrataciones que a día de hoy revisten claros indicios de ser delitos de malversación de caudales públicos”. Pero la infanta, pese a ser propietaria del 50 por ciento de la empresa, se declaró en todo momento ajena a cualquier decisión. “El 95 por ciento de las respuestas fueron no sé, no me consta, yo confiaba en mi marido”, aseguró Manuel Delgado, el abogado de la acusación popular Frente Cívico.

Lo que sí llegó a reconocer Cristina de Borbón es que estaba al corriente de que su padre, el rey Juan Carlos, le había pedido a su marido que abandonara el Instituto Nóos y sus actividades, a la vez que admitió conocer a los gobernadores de Valencia, con los que en su día negoció la empresa de la pareja.

A lo largo de las más de seis horas que duró el interrogatorio, diferentes grupos de manifestantes se congregaron alrededor de los Juzgados de Palma de Mallorca para pedir el reestablecimiento de la república e insultar a la corona. “7.775.000 en yate y palacio no les basta, Nóos llena de vergüenza”, rezaba un cartel en alusión al nombre de la empresa de Iñaki Urdangarin y Cristina de Borbón.

Si bien la jornada de ayer puede considerarse histórica, por lo que representa que un miembro de la realeza, hasta ahora intocable, se haya sentado ante un tribunal, fuentes judiciales aseguraron, tras el extenso interrogatorio, que “la imputación de la infanta es un asunto que no se resolverá de inmediato”. Eso significa que todavía no se espera decisión alguna sobre si el magistrado continúa con la causa o levanta los cargos.

Desde la Casa Real, por su parte, no se contempla la posibilidad de que su hija menor sea encarcelada, pero su alejamiento de la institución es un hecho consumado desde hace ya muchos meses, al igual que la “condena” recibida por la opinión pública a partir del destape del caso.