Página/12 En España

Desde Barcelona

La Justicia universal ya no atañe a España. Desde que el martes el Partido Popular (PP) aprobara en solitario limitar la ley que autoriza a los jueces a investigar delitos cometidos fuera del territorio nacional, la indefensión de los españoles es mucho mayor. Con el rechazo unánime de la oposición, el partido de Mariano Rajoy dio luz verde en el Congreso de los Diputados a la entrada en vigor de su propuesta para restringir una norma que desde 1985 es modelo para toda Europa.

Gracias a la legislación española sobre la Justicia universal, Baltasar Garzón ordenó la detención en Londres del dictador chileno Augusto Pinochet en 1998 y fue condenado el ex militar argentino Adolfo Scilingo por delitos de lesa humanidad en 2005. La Audiencia Nacional tiene en trámite casos como el asesinato en Irak del cámara de televisión José Couso, el abuso de los derechos humanos a activistas saharauis, una querella contra guardianes nazis, los vuelos de la CIA, el genocidio en Ruanda o las masacres en el Tíbet.

Pero el PP dispuso que las causas que, en el momento de la entrada en vigencia de la ley, se encuentren en tramitación queden sobreseídas “hasta que no se acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos”. Todos los grupos de la oposición coincidieron en calificar como “inconstitucional” el archivo de causas abiertas como consecuencia de que se restrinjan las condiciones en que un juez español puede investigar delitos cometidos fuera del territorio nacional y acusó al gobierno de “arrollar los derechos de los españoles al plegarse a las exigencias de países como China”.

El portavoz de Izquierda Unida (IU), Gaspar Llamazares, acusó al gobierno de “intercambiar derechos humanos por derechos comerciales”, en referencia a las relaciones con el gobierno del país asiático y, al igual que el resto de voces de la oposición, consideró que el PP “pretende evitar molestias a la tiranía de China”, tras los buenos resultados de la denuncia presentada por el lama Thubten Wangchen contra los crímenes cometidos en contra de la población tibetana.

El Partido Socialista (PSOE), por su parte, pidió a los populares que “retiren la proposición porque situaría la reputación internacional de España a la cola en la defensa de los crímenes contra los derechos humanos”. La portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, vaticinó además que el gobierno español “podrá ser denunciado porque la modificación de la jurisdicción universal es algo contrario a los convenios internacionales”. De hecho, todos los grupos de la oposición se unirán, una vez que entre en vigor la ley, para presentar un recurso de inconstitucionalidad.

A nadie convenció el argumento dado por el diputado José Miguel Castillo, del Grupo Popular, de que esta legislación es innecesaria porque ya existe la Corte Penal Internacional para juzgar casos de crímenes de lesa humanidad. “El tribunal y la Justicia universal son complementarios, no subsidiarios”, le respondió a Llamazares. Desde el PP se defienden argumentando que, con la reforma, se amplía la lista de delitos sobre los que se puede actuar, como los casos de violencia de género y de abusos sexuales de niños, en tanto que con la ley actual “se establece una Justicia quijotesca, sin resultado alguno”.

La resolución del grupo parlamentario popular llegó el mismo día en que el gobierno del gigante asiático amenazara al español con posibles represalias, tras la orden internacional de detención contra cinco ex líderes chinos dictada el lunes por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. La portavoz de Exteriores Hua Chunying afirmó que se trata de una “decisión errónea” y que espera que España pueda gestionar el asunto “de forma apropiada para el buen desarrollo de las relaciones bilaterales”. Ni lerdo ni perezoso, el Congreso de los Diputados debatió la proposición de ley orgánica del PP para poner límite a la jurisdicción universal de los jueces españoles que permitió la investigación de los crímenes de lesa humanidad en el Tíbet, como consecuencia de una querella interpuesta en 2008 por el Comité de Apoyo al Tibet y por el lama Thubten Wangchen, monje tibetano de nacionalidad española. La orden de detención dictada por el juez Moreno incluye a Jiang Zemin, quien fue presidente de China entre 1993 y 2003; Li Peng, primer ministro de 1988 a 1998, y otros tres ex dirigentes acusados de genocidio, torturas y crímenes de lesa humanidad contra la población de la región autónoma de Tibet en las décadas del ’80 y ’90.

Con la proposición del PP, los delitos de la llamada jurisdicción universal serán perseguibles siempre que los criminalmente responsables sean españoles o extranjeros con nacionalidad española y, en el caso de desapariciones forzosas y torturas, limita también la investigación a que la víctima sea española en el momento de los hechos y el imputado se encuentre en el país ibérico. Por esta razón, quedaría ahora archivada la causa por las masacres en el Tibet, dado que todos los querellados son ciudadanos chinos.

No solo la causa contra los dirigentes asiáticos quedaría archivada con la nueva legislación, sino también otros casos que conmocionaron a España, como la muerte en 2003 del cámara de televisión José Couso en Irak, ya que los militares imputados son ciudadanos estadounidenses. Este martes, tras la votación en el Congreso, la familia del periodista pidió a todos los grupos parlamentarios que impidan la reforma legal, del mismo modo que antes lo había hecho a través de una carta Amnistía Internacional (ver aparte), junto con otras 16 organizaciones en defensa de los derechos humanos.

El ex magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón también pidió que se retire la reforma de la ley de jurisdicción universal, puesto que dejaría a España sin potestad para “perseguir o investigar crímenes de lesa humanidad”, a la vez que criticó al PP por “su voracidad a la hora de restringir derechos”.