Los cincuenta años del golpe militar contra João Goulart que se cumplen este 31 de marzo son una clara señal de todo lo que falta en el camino de los derechos humanos y la verdad en Brasil. Este camino ha sido sinuoso en América latina. El Juicio de las Juntas militares en Argentina en los ’80, la aplicación de la jurisdicción universal por crímenes de derechos humanos impulsada por el juez Baltasar Garzón y la detención de Augusto Pinochet en los ’90, la derogación de las leyes de impunidad por el kirchnerismo y los juicios en Chile fueron hitos empañados por los vaivenes de Uruguay o el cerrojo de la Ley de Autoamnistía de Brasil. El juicio oral por el Plan Cóndor que se inició el año pasado en Argentina puede ayudar a destrabar esta ardua marcha de la Justicia por el camino de la extradición de personas amparadas por la legislación de un país, pero punibles en la de otro. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de la Argentina, uno de los líderes de la investigación regional en la materia, estudió los distintos caminos que han seguido estos casos en Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay. Página/12 dialogó con la coordinadora del área de investigación del CELS, Lorena Balardini.

–Históricamente, ¿cómo evalúan ustedes la marcha de las causas de derechos humanos en estos países?

–Está claro que cada país tiene su especificidad, pero también que lo que pasa en un país, negativo y positivo, tiene efectos en los otros. El efecto de la jurisdicción universal y la detención de Pinochet, conocido como el efecto Pinochet por las personas que estudian cómo evolucionó todo esto en América latina, tuvo un claro impacto para los casos en los distintos países. En Argentina, pocos días después de la detención de Pinochet, se produce la detención de Videla y Massera por el robo de bebés, uno de los delitos que podía ser perseguido penalmente por quedar por fuera del rango de las leyes de punto final y obediencia debida, y en Chile comienza la presentación de querellas masivas. Otro fenómeno regional indiscutible es la importancia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que da argumentos a las Cortes Supremas de los distintos países para que no se pueda amnistiar crímenes de lesa humanidad. La sentencia por el caso Barrios Altos fue clave para la posibilidad de un juicio a Alberto Fujimori en Perú y para la inconstitucionalidad de las leyes de amnistía en Argentina.

–En el informe de 2013, el CELS reconocía problemas comunes a todos estos países en la consecución de justicia. Pero algunos forman parte de las deficiencias de los sistemas de justicia en general y otros son más específicos con respecto a los derechos humanos.

–Nosotros encontramos demoras en la administración de justicia por falta de recursos, problemas en torno de la toma de testimonios y el trato hacia los testigos, como por ejemplo en Chile, donde sólo recientemente se ha considerado a los sobrevivientes como víctimas, o en Perú, donde existe una enorme distancia cultural entre las víctimas y los operadores judiciales, y no se toma el testimonio de las víctimas y familiares como válido en un juicio por su supuesta parcialidad. Otro problema es el escaso porcentaje de sentenciados en relación con los imputados, algo muy claro en Perú y Argentina. Está también la renuencia en la aplicación del derecho internacional de derechos humanos en tribunales locales. Esto es particularmente preocupante en Brasil, Chile y Uruguay, como se vio con un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de Uruguay, en el que se declara inconstitucional la ley 18.831, que anuló la Ley de Caducidad en 2012. Por último, están las discusiones sobre la anulación de las amnistías que son materia corriente en Brasil y Chile, y ahora nuevamente en Uruguay.

–En Brasil precisamente la primera traba fue la Ley de Autoamnistía de los propios militares, ratificada hace cuatro años por el Tribunal Supremo Federal. El gobierno de Dilma Rousseff instauró la Comisión Nacional de la Verdad en 2012. El testimonio del coronel retirado Paulo Malhaes esta semana, en el que reconoció torturas y asesinatos, marca los límites de este tipo de zigzags. ¿Cómo evalúan ustedes la situación en Brasil?

–De los países que hemos analizado en el Cono Sur, Brasil es en el que menos se ha avanzado. Esto tiene que ver con la Ley de Amnistía, que es muy diferente al del resto de los países del Cono Sur. La vigencia de esta amnistía y la renuencia a tomar en cuenta las recomendaciones del Sistema Interamericano han llevado a que no se haya podido avanzar en causas penales. El año pasado, el nuevo procurador se expidió a favor de desmantelar la amnistía y juzgar estos crímenes. Había muchas expectativas por los cambios en la Corte Suprema para que esta iniciativa prosperara, pero son avances muy graduales. Hay que ver el impacto que tendrán tanto la Comisión de la Verdad nacional y las estaduales que se han formado. Creo que la información que está saliendo está rompiendo una idea muy fuerte instalada en Brasil de que aquello fue una dictablanda en comparación con el resto del Cono Sur por no haber llevado adelante una política sistemática de desaparición. La información que está empezando a generarse contrarresta esta idea.

–El año pasado comenzó en Argentina un juicio por el Plan Cóndor. ¿Qué efecto tendría una condena en Argentina para los militares o civiles implicados de otros países?

–Hay que tener en cuenta que, si bien los autores que se están juzgando son argentinos y un uruguayo, las víctimas son de todo el Cono Sur. Es claro que el juicio está generando impacto en el resto de los países. Sin duda, es una oportunidad para que quede plasmado en una sentencia que analice y distribuya responsabilidad penal en relación con la coordinación de la represión entre distintos países. Se habla de coordinación en general, pero todavía no está estudiado cómo se realizó esta coordinación, qué implicó y qué impacto tuvo. Este juicio es también una oportunidad para la producción de información, el intercambio entre los países y la posibilidad de cooperar en el envío de datos.

–¿Podría terminar provocando el procesamiento de militares o civiles de otros países?

–Hay que analizar las posibilidades de extradición que hay en cada país. En este juicio hay un imputado que es uruguayo, Manuel Cordero, que fue extraditado. El resto de los uruguayos implicados en la causa Cóndor fueron juzgados y condenados en su propio país. La consecuencia directa de esto es que podrían ser extraditados a la Argentina una vez que terminaran de cumplir su condena en su país. Hay antecedentes, como el caso de Enrique Arancibia Clavel, el ex agente de la DINA chilena condenado por el asesinato del general chileno Prats y su esposa en Buenos Aires y que fue extraditado a Argentina, donde cumplió una sentencia de once años.