EL MUNDO › OPINION
› Por Oscar Laborde *
En abril de 1948 se dieron dos acontecimientos en Bogotá que marcarían para siempre la historia americana. Por un lado, la IX Conferencia Panamericana que se estaba llevando a cabo fogoneada por los Estados Unidos, país que buscaba crear un mecanismo institucional en el continente que sirviera a su lucha contra los incipientes gobiernos populares en particular y contra el comunismo en general.
De esas reuniones surgió la Organización de Estados Americanos (OEA) con la firma del Pacto de Bogotá. El 9 de abril de 1948, cuando Colombia vivía un clima de multitudinarias manifestaciones y de efervescencia popular, fue asesinado el carismático político Jorge Eliécer Gaitán, quien sintetizaba las aspiraciones y necesidades de las grandes mayorías populares de su país. Seguro presidente de la nación en los comicios que se avecinaban, el abogado de 45 años planteaba propuestas absolutamente revolucionarias para su época. Jorge Eliécer Gaitán, como legislador nacional, había realizado en el año 1929 una enérgica denuncia en el Congreso sobre el asesinato de los trabajadores de la United Fruit Company.
En el año 1931 presidió la Cámara de Representantes, fue nombrado rector universitario, elegido en 1936 alcalde de Bogotá donde promovió la municipalización de los servicios públicos y en 1940 ministro de Educación de la Nación, desde donde implementó una importante campaña de alfabetización de adultos y otras medidas de inclusión social.
El Bogotazo fue la consecuencia de su asesinato, en donde el pueblo protagonizó protestas y marchas y se vivieron violentas represiones que costaron la vida a cerca de diez mil colombianos; la situación obligó a los representantes de los países que participaban de la IX Conferencia Panamericana, a trasladar la sede de la misma de lugar.
Con su muerte hay un antes y un después en la vida de Colombia y en el continente; la OEA irrumpe para monitorear los gobiernos y ser funcional a la política exterior de Estados Unidos: en sus reuniones se hablaba de democracia y en los hechos se terminaron justificando todos los golpes de Estado desde la década del ’50 en adelante y reconociendo a gobiernos militares surgidos de las más terribles represiones.
La participación de las fuerzas armadas ha dado paso a otras formas de intervención y de desestabilización de los gobiernos surgidos por el voto popular. Primero fueron los intentos de golpes institucionales (Paraguay, Honduras, Haití con éxito y frustrados en Bolivia, Ecuador y Venezuela), pero se ha impuesto la estrategia de golpes suaves en donde, vía los medios de comunicación y la acción de grupos sectoriales (estudiantes, productores agropecuarios, ONG, etc.), se cuestiona y busca desgastar a los gobiernos legítimos y, si estas medidas no surten efecto, se intenta crear un clima de violencia interminable, con acciones emprendidas por paramilitares, y civiles ligados al crimen y al narcotráfico, debidamente entrenados y pagados.
El objetivo de máxima es producir un golpe de estado y, si no lo logran, buscan que, ante tanta violencia diaria, la población rechace al gobierno, como forma de retomar la paz en su vida cotidiana. Esta es la táctica que se implementa contra Nicolás Maduro en Venezuela, ahora.
Enfrentamos, entonces, una etapa de nuevos desafíos y peligros para el proceso de integración regional.
* Dirigente del Frente Transversal y presidente del Centro de Estudios del Sur.
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