El ex espía Snowden forzó reformas en el sistema de espionaje de EE.UU.
Imagen: AFP.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó ayer poner fin al almacenamiento masivo de datos telefónicos por parte de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), la primera gran consecuencia legislativa de las filtraciones de Edward Snowden. Con una mayoría de 303 votos frente a 121, la Cámara baja dio luz verde a un proyecto de ley que prohíbe a la NSA almacenar por su cuenta miles de millones de “metadatos” telefónicos, incluidos los de prácticamente la totalidad de las conexiones telefónicas de los estadounidenses. Ahora deberán ser las compañías telefónicas las que mantengan esa información, que se limita al número de teléfono, duración de la llamada o localización, durante 18 meses.

La NSA tendrá acceso a los datos sólo mediante una autorización judicial en la que dé detalles de la razón específica por la que se desean rastrear comunicaciones y para investigar planes terroristas orquestados desde el extranjero. En el pasado, la mayor agencia de espionaje electrónico de Estados Unidos podía pedir autorización para hacer acopio de estas conexiones y almacenarlas en su propia base de datos durante años para realizar análisis de inteligencia que en ocasiones excedían la justificación que motivara la orden judicial inicial.

La ley, bautizada como Freedom Act, es una enmienda a la Patriot Act, dictada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 para ampliar a un nivel sin precedentes el alcance del espionaje de la NSA, salteándose ciertas salvaguardas para proteger la privacidad de los estadounidenses consagrada en la Constitución. Las filtraciones de Snowden, experto de la compañía Booz Allen Hamilton, que trabajó para la NSA, expusieron los detalles de la acumulación masiva de conexiones telefónicas y el espionaje en las comunicaciones en Internet y llevaron al presidente estadounidense, Barack Obama, a actuar.

Pero luego de conversaciones con la Casa Blanca, algunos pasajes muy técnicos de la ley fueron modificados el martes respecto de la versión aprobada en comisión el 8 de mayo. La Casa Blanca hizo saber ayer que apoyaba plenamente esta nueva versión. El cambio de último momento provocó una airada reacción de la amplia coalición de organizaciones defensoras de la privacidad y de los gigantes de Internet, entre ellos Google, Apple y Microsoft. Sostienen que la reforma efectivamente impide la recolección integral de los datos electrónicos del conjunto de los estadounidenses, pero que nada impedirá que la NSA vigile masivamente a un grupo de personas, potencialmente a millones. “La última versión crea un vacío jurídico inaceptable, que podría permitir la recolección masiva de datos de internautas”, estimó en un comunicado la Reform Government Surveillance Coalition, que reúne a AOL, Apple, Dropbox, Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft, Twitter y Yahoo!

El mandatario propuso en enero poner en manos de las empresas de telecomunicaciones los datos telefónicos y pidió al Congreso legislar sobre este punto, el que más claramente podría ser considerado una violación de la Constitución estadounidense. Tras la aprobación por parte de la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, la Freedom Act debe pasar al Senado, donde el predominio es demócrata y donde no debería haber problemas para que la ley pasara al presidente y se convirtiera en la primera consecuencia tangible de la histórica filtración de Snowden.

Según el congresista republicano James Sensebrenner, autor tanto de esta ley como de la Patriot Act, el nuevo texto “establece el equilibrio adecuado entre privacidad y seguridad”, mientras que “los abogados de la NSA no van a poder volver a volar agujeros” en las garantías fijadas por los poderes Legislativo y Judicial. Pero para algunas organizaciones de defensa de los derechos civiles esta ley ha sido redactada con la intención de mantener el amplio acceso de la NSA al mapa de conexiones telefónicas de Estados Unidos, que según Snowden permitiría al gobierno conocer afiliaciones políticas o religiosas de una persona.

La directora de la Unión de Libertades Civiles (ACLU) en Wa-shington, Laura Murphy, indicó en un comunicado que, “pese a no ser perfecta, la propuesta de ley es una declaración de intenciones ambigua sobre el propósito del Congreso de reinar sobre una NSA fuera de control”. Sin embargo, la ley cuenta con una enmienda que expande la definición de objetivos a espiar, que ahora, además de incluir a personas y entidades, se amplía a “dispositivos” o “direcciones”.