Cuando un sistema de administración de justicia está movido por la venganza y el interés de dar pases de impunidad a quienes cometen crímenes, ya no estamos ante nada que pueda llevar el nombre ético y sincero de Justicia.

A Rubén Villalba el sistema judicial del Paraguay se la tiene jurada. Es el último campesino procesado por el caso Curuguaty que sigue en reclusión en la cárcel de Tacumbú, Asunción, mientras se espera el juicio oral y público, fijado inicialmente para fines de junio y postergado para noviembre de este año tras la presión ciudadana insistente ante un juzgamiento que exhibió desde el comienzo su evidente sentencia previa.

Se trata del proceso por la masacre de Marina Kue, en Curuguaty, que dio pie a dos inflexiones históricas para Paraguay: el golpe al gobierno de Lugo y la vuelta (remozada) del Partido Colorado al poder. Todos los demás acusados fueron enviados a prisión domiciliaria luego de dos huelgas de hambre de dos meses cada una y de fianzas colectivas, medidas que habrían sido innecesarias si tan sólo quienes tienen el mandato público de administrar justicia hubiesen actuado apegados a la letra de la ley.

¿Qué pasa con Rubén? Es la pregunta que hacemos, que repetimos, con la ciudadanía que no se resigna a la injusticia. Finalizada la última huelga de hambre realizada por cinco campesinos, tras haber sido “beneficiados” (si cabe el beneficio de una injusticia más benigna) con la medida alternativa de arresto domiciliario, apenas llegado a Curuguaty a Rubén lo trasladaron de nuevo a Asunción y a la cárcel, en el mismo vehículo en el que iba con sus compañeros Arnaldo Quintana, Néstor Castro, Felipe Benítez Balmori y Adalberto Castro. Desde el Poder Judicial se resucitaron mágicamente otras dos causas que tenía Rubén, ambas relacionadas con la lucha por la tierra y la resistencia del campesinado pobre ante el avance de la soja transgénica y los agrotóxicos.

Lo que pasa con Rubén, y lo que pasa con Curuguaty y con Paraguay, es que hay un campesinado que resiste ante factores que son agrícolas apenas en la superficie, porque implican profundos cambios culturales, cuando no catástrofes puras y duras: impactan en la siempre postergada reforma agraria paraguaya y tienen consecuencias económicas, sociales, ambientales (desmonte, destrucción, erosión y contaminación química), sanitarias (enfermedades a causa de las fumigaciones) y en la biodiversidad (la biouniformidad hacia la cual tiende la soja es un peligro para la seguridad alimentaria). Se resiste además a la catástrofe imperialista/colonialista, expresada en multinacionales y compañías extranjeras (brasileñas, alemanas, japonesas) que compran grandes extensiones de tierra y obligan a la migración forzada de los grupos más vulnerables, pequeños campesinos e indígenas, desde zonas rurales a zonas semiurbanas (periferias de las ciudades que tienen un “sabor” rural) o urbanas, y desalojan violentamente a pequeños productores que se niegan a abandonar su tierra.

Todo esto representa un aumento de la desigualdad social, la pobreza y la exclusión, pero en particular la eliminación de comunidades humanas y de sus modos de vida: se altera la tenencia de la tierra, pero también las costumbres, símbolos, formas de producción, consumo, redistribución, formas tecnológicas, organización sociopolítica. Y se suman el desempleo y subempleo rurales, con sus complementarios conflictos sociales: alcoholismo, embarazos no deseados, violencia familiar, pérdida de la propia identidad, familiar. Se estima que un setenta por ciento de las migraciones forzadas se debe a la soja. Corolario: miseria, inseguridad, violencia. Es contra todo esto que ha luchado Rubén, y sigue en ello. Y su lucha es la razón de que la injusticia paraguaya lo persiga y lo mantenga preso. Las causas invocadas para la prisión de Rubén ya deberían haber sido finalizadas, si no fuera porque son ejemplos típicos de la utilización perversa de lo penal para desactivar la resistencia campesina y la lucha social, y para mantener cautiva a la población paraguaya bajo la amenaza de procesamientos convenientes para intereses de los poderosos. El proceso penal en sí mismo, así, se convierte en un castigo. Y el sistema de justicia declina su capacidad de administrar culpabilidades o inocencias.

La perversión del sistema penal paraguayo tiene una de sus expresiones más acabadas en el caso Curuguaty. Con los procesos judiciales convenientemente apuntados hacia dirigentes campesinos, se los tiene maniatados, sujetos a una trampa que les cae encima cuando la ocasión es propicia. Esto es lo que pasa con Rubén Villalba, un hombre sindicado antojadizamente como el principal responsable de haber desencadenado los hechos de Curuguaty, en el proceso más injusto que se pueda imaginar. Mientras Rubén resiste ante la injusticia, hay quienes ríen gracias a la impunidad.

* Investigadora del Centro de Documentación y Estudios (CDE, Paraguay).

** Profesor de la Universidad Nacional de General Sarmiento/Conicet.