Un tribunal de Estados Unidos desestimó una demanda presentada por 4000 colombianos contra el proveedor de bananas más grande del mundo, los que acusaron a la compañía de complicidad en la tortura y asesinato de sus familiares durante la guerra civil del país. Chiquita Brands International, con sede en Carolina del Norte, admitió previamente que pagó 1,7 millón de dólares a las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, un grupo paramilitar de extrema derecha acusado de matar a miles de colombianos entre 1997 y 2003. La empresa, que anteriormente operaba grandes plantaciones en Colombia, afirmó que realizó los pagos para prevenir la violencia que amenazaba a sus propios trabajadores.

Pero el jueves, la Corte de Apelaciones del 11° Circuito de Florida dijo que los demandantes no podían demandar a Chiquita por daños y perjuicios en virtud de la Alien Tort Statute (ATS) (Estatuto de Reclamación por Agravios contra Extranjeros), debido a que el acto relevante había tenido lugar fuera de Estados Unidos. “La tortura, si las acusaciones son tomadas como verdaderas, se produjo fuera de la jurisdicción territorial de EE.UU”, escribió el juez David Sentelle.

Sentelle reconoció que la ley en su forma actual hace difícil luchar contra los abusos en los derechos humanos, pero añadió: “Los objetivos nobles no pueden ampliar la jurisdicción del tribunal otorgado por el estatuto”. En su opinión disidente, la jueza Beverly Martin reiteró los reclamos de los demandantes de que los ejecutivos de Chiquita “participaron en una campaña de tortura y asesinato desde sus oficinas corporativas en el territorio de Estados Unidos”. Continuó: “Al no cumplir la ATS, en estas circunstancias, me temo que desarmamos inocentes contra las corporaciones estadounidenses que se dedican a violaciones de los derechos humanos en el extranjero”.

La AUC, una coalición de milicias de extrema derecha, se formó en Colombia en 1997 para hacer frente a la guerrilla izquierdista de las FARC. Se cree que unas 50 mil personas han muerto durante el conflicto armado.

Chiquita, que recientemente acordó una fusión con el proveedor de fruta irlandesa Fyffes para crear la empresa bananera más grande del mundo, admite que hizo pagos a las AUC a través de su subsidiaria local Banadex entre 1997 y 2004, cuando vendió sus bienes colombianos. Afirma que se efectuaron los pagos para proteger a sus empleados de más violencia. En 1995, 28 trabajadores de Chiquita habían sido masacrados por la milicia que detuvo el ómnibus de la empresa.

La compañía se declaró culpable de cargos criminales en Estados Unidos en 2007 y el gobierno de Estados Unidos la multó por un valor de 25 millones de dólares. Ningún ejecutivo fue acusado en virtud del acuerdo, que fue negociado por el entonces abogado de Chiquita, Eric Holder, quien ahora es el fiscal general de Estados Unidos. Poco después del acuerdo de 2007, sin embargo, los familiares de varios miles de trabajadores de las plantaciones, los activistas políticos y otras personas que presuntamente murieron a manos de las AUC presentaron demandas en los tribunales federales de Estados Unidos, diciendo que Chiquita había suministrado no sólo dinero para la milicia, sino también armas y el transporte, a cambio de que se les permita operar sin ser molestados.

El vocero de Chiquita, Ed Loyd, dijo que la sentencia “refuerza lo que Chiquita ha mantenido desde el principio: que la compañía no es responsable por la trágica violencia que asoló a Colombia”. Paul Wolf, abogado de los demandantes, dijo que el fallo es “una nueva tragedia para las víctimas de la guerra”.

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.

Traducción: Celita Doyhambéhère.