La coalición que gobierna a Brasil desde 1994 está a punto de resquebrajarse severamente. Aunque este no es el primer capítulo del conflicto, sí es un episodio decisivo (y familiar). Ayer, el ministro de Medio Ambiente, José Sarney Filho, del Partido del Frente Liberal (PFL) renunció a su cargo. Lo hizo a modo de represalia por las investigaciones judiciales iniciadas contra su cuñado, Jorge Murad, marido de Roseana Sarney (su hermana), actual gobernadora de Maranhao y una de las candidatas presidenciales con más chances de ganarle a Luiz Inácio Lula Da Silva en octubre. Y aún más: otros dos ministros del PFL abandonarían sus puestos esta semana si, tras la reunión de la cúpula partidaria del jueves próximo, el partido decide romper definitivamente la coalición con el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), de Fernando Henrique Cardoso, por considerar que la acción policial intenta perjudicarlos electoralmente y beneficiar al candidato predilecto del presidente, el ex ministro de Salud José Serra, actualmente en el cuarto lugar en los sondeos.
El pasado fin de semana, la policía allanó las oficinas de la empresa Lunus Participaciones, de la cual Roseana Sarney posee el 82,50 por ciento del capital y su marido el resto. En el operativo se secuestraron documentos y computadoras con información que podrían probar que Murad estafó al Estado nacional por medio de un desvío de fondos de la extinta Superintendencia del Desarrollo del Amazonas (Sudam). La candidata presidencial –que las encuestas ubican en un empate técnico con Lula– acusó a “sectores del PSDB” y al ministro de Justicia, Aloyzio Nunes Ferreira, de ordenar la acción policial para favorecer la candidatura del socialdemócrata José Serra, el “delfín” de Cardoso. Roseana tomó la investigación como una campaña en su contra y ayer comparó el hecho con el secuestro de la candidata presidencial en Colombia, Ingrid Betancourt: “Allá (en Colombia) secuestraron a la candidata. Acá, quieren secuestrar mi dignidad”, metaforizó.
Cardoso, Serra y el PSDB negaron tener algo que ver en los operativos policiales. El primer mandatario comparó la reacción del PFL a “una tempestad en un vaso de agua” y pidió “equilibrio” a sus representantes. Serra, por su parte, calificó de “absurdos, para no decir locos” los intentos de vincular el PSDB: “La idea de manipulación política ofende al Poder Judicial, al Ministerio Público y a nuestro partido”. Asimismo, el presidente nacional del PSDB, el diputado José Aníbal, afirmó que desean mantener la alianza con el PFL pero sin que eso impida una investigación:
“¿Qué importa si es el marido de la gobernadora de Maranhao el afectado? El ministro de Justicia y el gobierno no pueden impedir la acción de la Justicia, porque sería un acto ilegal”, sostuvo.
La prensa brasileña reveló que el Ministerio Público sospecha que Murad —hombre fuerte del gobierno de Roseana desde su cargo de secretario de Planificación y Desarrollo Económico— estaría implicado en irregularidades por el proyecto de construcción de una fábrica de autopartes, Usimar, que habría costado unos 766 millones de dólares a la Sudam. La financiación del proyecto fue aprobada, por entonces, en sólo cuatro días —un record histórico—, y quienes la idearon recibieron de inmediato un adelanto de 18,7 millones de dólares, pero la obra ni siquiera se inició. El marido de Roseana (con quien se casó una primera vez, se divorció y luego se volvió a casar) ya había sido objeto de otra investigación el año pasado. Por entonces, la policía descubrió documentos sobre la creación, entre el 12 y el 14 de abril de 1999, de seis empresas en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes británicas, según reveló el semanario Epoca.
Desde el PFL, varios presionan para romper relaciones con el gobierno, lo cual significaría la renuncia de por lo menos dos de los tres ministros conservadores: de Providencia Social, Roberto Brant, de Minas y Energía, José Jorge, y de Deportes, Carlos Melles; a pesar de que todos ellos especulaban con entregar sus cargos en abril para presentarse en laselecciones legislativas de octubre. Pero el presidente de esa fuerza política, el senador Jorge Bornhausen –pese a haber discutido el asunto ayer con varios líderes del partido en la ciudad de Uberaba– aclaró que cualquier decisión sólo será anunciada después de la reunión que tendrá el jueves la dirección ejecutiva nacional en Brasilia. Aunque adelantó: “Es una acción absurda con evidente intento de perjudicar la imagen de la gobernadora Roseana Sarney”. El probable fin de la alianza oficialista a ocho meses de las elecciones presidenciales pone en duda cuáles serán las posibilidades de aprobación en el Congreso de los proyectos enviados por Cardoso, en particular, las reformas políticas y tributarias que intenta impulsar en el trecho final de su mandato.