La amenaza de sabotear los comicios legislativos del próximo domingo va en serio: las FARC declararon ayer como objetivo militar a un congresista indígena y a 11 alcaldes por supuesto nexo con los paramilitares de ultraderecha, lo que se suma al asesinato de la senadora Martha Daniels de este fin de semana. Y continuaron con sus ataques dinamiteros a la infraestructura energética, dejando a 13 municipios sin luz. En un signo ominoso de lo que puede seguir, se informó que cientos de paramilitares se entrenaban ayer, listos a entrar a la sureña ex zona de distensión del Caguán en una cacería de guerrilleros, que según el grupo de ultraderecha será “un combate de largo aliento”.
La violencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), principal guerrilla del país, busca boicotear las elecciones legislativas de este domingo, y adelanta la misma suerte para las presidenciales de mayo. Las FARC anunciaron que tienen como objetivo militar al congresista indígena Jesús Piñacué y a 11 alcaldes del departamento de Cauca (sudoeste) por supuestos nexos con el paramilitarismo y por promover candidatos para las elecciones parlamentarias del domingo. Los rebeldes acusaron a Piñacué y a los once alcaldes de “financiar, promover, auxiliar y proteger” a los escuadrones de ultraderecha.
En las elecciones, los colombianos elegirán a los 268 parlamentarios que ocuparán el bicameral Congreso colombiano durante los próximos cuatro años. Un dato curioso: al menos 4 millones de colombianos muertos figuran todavía en el censo electoral, por lo que sus documentos podrán ser aprovechados de modo fraudulento, según informó el diario bogotano El Tiempo. Los comicios se producen menos de 20 días después de que el gobierno y las FARC rompieran los diálogos de paz. El proceso electoral se halla amenazado por la ola de violencia que sacude a Colombia y que se cobró el sábado la vida de la senadora Martha Catalina Daniels (quien no aspiraba a la reelección), asesinada por rebeldes pistoleros en una zona rural cercana a Bogotá, una semana después de que la guerrilla de las FARC secuestrara a la candidata presidencial independiente Ingrid Betancourt, que tiene un plazo de un año en marcha para ser canjeada junto a otros políticos por prisioneros rebeldes.
Al mismo tiempo, las FARC continuaron ayer sus ataques contra la infraestructura energética, dinamitando dos torres y una subestación eléctrica, lo que provocó la falta de luz en 13 municipios. Los rebeldes volaron una torre en la zona rural del municipio de San Martín, en el departamento de Meta, dejando sin luz a 11 municipios, entre ellos a cuatro de los cinco que formaban parte de la zona de despeje del sur del país, sede hasta el pasado 20 de febrero de los fallidos diálogos de paz entre el gobierno y las FARC. Justamente hacia esa ex zona de distensión se dirigirá en breve la insurgencia paramilitar que se conoció que estaba entrenando en las cercanías, en un paraje selvático, para lo que será “un combate de largo aliento”, según vaticinó un jefe paramilitar. Las FARC también dinamitaron una torre de energía en la zona de Pamplona, dejando a oscuras a unas 10 localidades, así como a una subestación eléctrica en la localidad de Dagua, departamento de Valle del Cauca.
La divulgación del informe del Departamento de Estado norteamericano sobre derechos humanos tuvo eco entre las fuerzas militares y de gobierno de Colombia. El informe calificó de “pobre” el desempeño del gobierno colombiano en materia de derechos humanos y cuestionó los vínculos persistentes entre la fuerza pública y los paramilitares. El general Fernando Tapias, jefe de las Fuerzas Armadas de Colombia, declaró que “todos debemos integrarnos y unirnos para lograr los resultados que se esperan en el mundo de reducción del narcotráfico”, a lo que el vicepresidente, Gustavo Bell, añadió que “el gobierno de Estados Unidos no ha hecho lo suficiente como para controlar el crecimiento del consumo de droga”.
El gobierno de Andrés Pastrana sostiene que la lucha por la defensa de los derechos humanos lleva implícita el combate a los guerrilleros, que sefinancian del cultivo ilegal de droga. Con la ruptura del proceso de paz entre el gobierno y la guerrilla, Colombia ha pedido con insistencia a que el país del norte le conceda su ayuda militar en la lucha antiinsurgente, a lo que Washington ya respondió que iba a limitar su apoyo a la lucha antinarcóticos del Plan Colombia, cuyo financiamiento ronda los 1300 millones de dólares.