Desde Barcelona

Llegó el 9-N, o el día D, que para miles y miles de catalanes vendría a ser lo mismo. Después de casi un año de tira y afloje, el gobierno regional, con apoyo del resto de los partidos soberanistas y de la sociedad civil, saca hoy las urnas a la calle para consultar al pueblo por la independencia de Cataluña. Lo que el president no consiguió es que las votaciones tengan carácter vinculante, puesto que desde el poder central se declaró inconstitucional la consulta, así que la jornada participativa de hoy tendrá, ante todo, valor simbólico.

Durante las últimas semanas el duelo entre el gobierno nacional de Mariano Rajoy y el regional de Artur Mas se batió principalmente en el campo jurídico, resultando claro vencedor el presidente de la nación con la impugnación del proceso consultivo por el Tribunal Constitucional este martes. Pero el dirigente catalán no se da por vencido ni aun vencido y, frente a la prohibición, hasta ayer mismo estuvo haciendo piruetas legales para conseguir que la consulta estuviera amparada por la Justicia.

Además de presentar un nuevo recurso contra la impugnación del alto tribunal, Mas se acogió en el último minuto a la oferta que el gobierno de Rajoy le hizo este jueves: el Estado sería indulgente si quedaba claro que lo que se celebra hoy es un acto sólo cívico, no gubernamental. El responsable del Pacte Nacional pel Dret a Decidir (Pacto Nacional por el Derecho a Decidir), organización que aglutina a 3 mil grupos civiles en favor de la consulta, Joan Rigol, explicó en rueda de prensa que “el final del proceso está en manos de voluntarios”, aunque matizó que “el gobierno ha hecho su trabajo y lo seguirá haciendo”, recordando igualmente que Mas retiró la consulta original vinculante una vez fue impugnada.

Ante la novedad de que el peso de la consulta recaiga sobre voluntarios, la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, se limitó a recordar los pasos dados por el Ejecutivo en este conflicto (es decir, los recursos ante el Constitucional) y a pedirle prudencia a Mas. “Si el presidente de la Generalitat considera que está sobre el bien y el mal, que está por encima de la ley, que no haga que ni un solo funcionario adopte actitudes que le generen la más mínima intranquilidad. El Constitucional y el Supremo han sentenciado que no puede seguir adelante. Le invito a una reflexión: la prudencia no es mala consejera”, le advirtió la número dos del gobierno tras el Consejo de Ministros.

Lo que la vicepresidenta no aclaró es si pensaba actuar para impedir la celebración de la votación, pero ayer mismo el Ministerio de Justicia confirmó que la Fiscalía general de Cataluña, a instancias de la Fiscalía General del Estado, abrió diligencias de investigación para determinar si el uso de lugares públicos para la consulta del 9-N constituye algún delito.

Si así lo dictaminaran, los Mossos d’Esquadra (la policía catalana) tendrían que actuar para impedir el proceso, tal como lo dejó claro el consejero catalán de Interior, Ramón Espadaler. “Es una hipótesis lejana. Si pasara, los mossos actuarían en el marco que corresponda. Atenderán lo que les diga el juez y el fiscal”, explicó.

La posibilidad de que la policía cargue contra los votantes o los organizadores es una amenaza que sobrevuela la jornada participativa. Entre la población existe cierta intranquilidad por la falta de garantías de seguridad por parte del gobierno y las fuerzas del orden, pero prevalece la plena convicción de que el derecho a decidir es suyo y que hay que ejercerlo.

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, no espera, en cambio, ninguna resolución judicial contra el proceso participativo. “Por poco sentido común que tengan, cualquier actuación fuera de lugar sería un ataque directo a la democracia”, aseguró en una entrevista en el canal público catalán.

Más de 40 mil voluntarios harán posible que hoy se desplieguen 6430 urnas en toda Cataluña. Son 1255 colegios los que se prestaron a ceder sus instalaciones para celebrar las votaciones y se espera que cerca de 5,4 millones de personas, según los cálculos de la Generalitat, tengan la oportunidad de responder a las preguntas que aparecerán en las papeletas: “¿Quiere que Cataluña sea un Estado?” y, en caso afirmativo “¿Quiere que este Estado sea independiente?”.

Desde que el miércoles se conociera la suspensión de la consulta por el Tribunal Constitucional, el enojo de miles de catalanes se manifestó en forma de cacerolazos en todos los balcones de la región, noche tras noche. En el cierre de campaña de las dos organizaciones que lideran la causa, Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Omnium Cultural, la presidenta de ANC, Carme Forcadell, cargó contra la actitud del Estado español. “Utilizará todos los recursos en contra de la consulta y la libertad de expresión”, sentenció.