El Congreso paraguayo se convirtió el jueves último en la caja de resonancia de un tema sensible: la relación de la política con el narcotráfico. Un senador opositor difundió la nómina de varios diputados a los que se acusa por presuntos vínculos con el comercio de drogas. Se apoyó para hacerlo en un informe sobre varias causas judiciales donde hay escuchas telefónicas que comprometen a legisladores colorados y a una integrante del Parlamento del Mercosur. La lista de sospechados podría ampliarse a juzgar por lo que declaró el responsable de la Senad (Secretaría Nacional Antidrogas), Luis Rojas, aunque se opuso a la divulgación de los nombres porque “no ayuda a la investigación”. En Paraguay se había intentado aprobar este año un proyecto de ley denominado Pro-Narco, que sólo recibió un voto favorable en la Cámara de Diputados: fue el de Bernardo Villalba, uno de los denunciados. Buscaba evitar las extradiciones de detenidos paraguayos por delitos de narcotráfico, fundamentalmente a Brasil.

Arnaldo Giuzzio, senador del Partido Democrático Progresista, una fuerza que en el pasado era aliada del ex presidente Fernando Lugo, dio los nombres de los legisladores que son investigados por narcotráfico, todos colorados: los diputados Freddy D’Ecclesiis, Marcial Lezcano, el propio Villalba y el congresista suplente Carlos Rubén Sánchez Garcete, la parlamentaria del Mercosur Cirila Concepción Cubas de Villaalta, el ex diputado Magdaleno Silva y hasta la diputada Cynthia Tarragó, una ex conductora de televisión que está casada con un abogado que defiende a narcos. Su esposo, Pedro Wilson Marinoni, admitió lo primero, pero también la preservó: “El hecho de que yo defienda a narcos no me hace narcotraficante. A mi señora la están perjudicando, quieren instalar que el dinero del narcotráfico la ayudó en su campaña”.

Giuzzio fue muy metódico en su informe ante el Senado. Lo hizo en Power Point, caso por caso y basándose en escuchas y otro tipo de evidencias que tiene en su poder la Justicia paraguaya. En imágenes presentó los presuntos vínculos de D’Ecclesiis con los narcos. Dijo que en 2006 cayó una avioneta tras lo cual fueron detenidas dos personas: una era el hijo de la parlamentaria del Mercosur Cubas de Villaalta. El senador citó que en el operativo, los agentes antinarcóticos llegaron hasta la estancia San Antonio, en Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay, y descubrieron 195 kilos de cocaína. La propiedad era de la familia D’Ecclesiis. La causa judicial que se abrió determinó que el cargamento era del hermano del diputado, Víctor Raúl D’Ecclesiis.

Otro caso ventilado el jueves fue el del diputado colorado suplente Sánchez Garcete, alias “Chicharó”, que es señalado en Paraguay y también en Brasil como un poderoso narcotraficante que formaría parte de una organización criminal con presencia en cuatro países de América del Sur, que completan Bolivia y Perú. Una investigación de la revista brasileña Extra Globo definió a este grupo como el Narcosur.

Las revelaciones de Giuzzio, quien en el pasado fue fiscal anticorrupción, se basaron en buena medida en las evidencias que le entregó la Secretaría Nacional Antidrogas al Senado. Su titular, Luis Rojas, reconoció que se vio forzado a ceder la información: “Estoy obligado a responder al mandato de uno de los poderes del Estado”, a lo que agregó que “como investigador la mediatización no le hace muy bien a la investigación, eso hay que reconocerlo”. También explicó en qué consistía su informe: “Este cuadro de situación no es otra cosa que el resumen de varios casos judiciales abiertos, que tienen sustentos en evidencias telefónicas que obviamente no se pueden socializar”.

La búsqueda de información, según Rojas, se remontó hasta 2006. Aunque lo más importante que señaló el funcionario es que “se manejan más nombres de políticos vinculados de alguna u otra manera al narcotráfico, pero se están investigando aún. Esta es una primera parte, no-sotros tenemos que revisar más nombres. Hay un montón de nombres”, dijo citado por medios paraguayos.

En el Senado tienen pensado entregar mañana el informe ante una fiscalía. En palabras de Rojas, “lo que hicimos fue presentar un cuadro de situación a solicitud de una Comisión del Senado, y esto es producto de un pedido del fiscal Carlos Alcaraz, quien envió un oficio a la Senad”. El funcionario también se apuró a aclarar que “no hay ninguna acusación” y que la información había sido obtenida de causas abiertas en la Justicia.

El debate de tres horas que provocó la exposición de Giuzzio reflejó dos posturas diferentes entre los senadores. Había quienes querían dar a conocer los nombres de los presuntos narcodiputados y los que se oponían. Pero también varios de ellos cuestionaron a la Senad por no haber aportado en su momento información a los fiscales. El senador Sixto Pereira, del Frente Guasú, la fuerza que llevó a la presidencia al obispo Lugo en 2008, pidió que se analizara también el contrabando de cigarrillos. Sin nombrarlo, aludió así al presidente de la Nación, Horacio Cartes.

En abril de este año, el gobernador del estado colombiano de Bolívar, Juan Carlos Gossaín, presentó una millonaria demanda contra Tabacalera del Este (Tabesa), cuyo propietario es Cartes. Lo acusaba de promover el contrabando de cigarrillos, que en Colombia arrojaría pérdidas impositivas por 67 millones de dólares al año. Acaso también, el senador Pereira dijo lo que dijo porque dos periodistas colombianos, Mauri Koning y Martha Soto, realizaron una investigación publicada por el diario El Tiempo, de Colombia, que acusa de contrabandista al presidente paraguayo.

Paraguay todavía sigue conmocionado por el asesinato del periodista Pablo Medina, corresponsal del diario ABC en Curuguaty, que investigaba la producción de marihuana en la zona. Su crimen sucedió el 18 de octubre pasado. Fue el tercero cometido contra un periodista local en lo que va de 2014. Un hermano de Medina, Salvador, también había perdido la vida por investigar al narcotráfico. Lo mataron en 2001 por sus denuncias desde una radio.

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