La desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre pasado puso en evidencia la ausencia del estado de derecho en México. Lejos de ser un caso circunscripto al ámbito local de Iguala, la desaparición de los estudiantes y el crimen de otros tres (uno desollado) que se dirigieron aquel día a la ciudad del estado de Guerrero con la finalidad de recaudar fondos para asistir a la conmemoración por la Masacre de Tlatelolco de 1968, en la Ciudad de México, expresa la tremenda realidad nacional que vive el país desde que se desató “la guerra contra el narcotráfico”, que dejó en menos de diez años miles de muertos y desaparecidos.

Sin embargo, las desapariciones de los estudiantes parecieran configurar un punto de inflexión para la sociedad mexicana. En efecto, los mexicanos se movilizaron masivamente para demandar el fin de la impunidad desde el 26 de septiembre al grito de “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, en cuatro jornadas de lucha nacional y global desarrolladas en Ciudad de México y otras tantas ciudades del país en reclamo por la aparición con vida de los estudiantes, demanda que ha movilizado también a cientos de ciudadanos en distintas ciudades del mundo.

En el crimen organizado de los estudiantes está involucrado el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, quien según la Procuración General de la República (PGR) dio la orden a la policía comunal de Iguala y de Cocula de entregarlos a los narcos del cartel de los Guardianes Unidos, que luego los habrían ejecutado e incinerado. Los jóvenes, pertenecientes a una escuela normal con tradición de lucha, amenazaban con la campaña militante emprendida aquel día el control social del narcotráfico en el territorio, contrariamente al alcalde y su esposa, ambos detenidos luego de haber sido capturados prófugos, que le garantizaban dominio local.

La geopolítica del conflicto del narcotráfico en México se extiende por todo el estado e involucra también a otros países de la región. De hecho, México se ha convertido en la ruta del tráfico de la cocaína que se produce en Colombia hacia Estados Unidos, el principal consumidor de la droga que se comercializa vía México desde las limitaciones impuestas al tráfico con el Plan Colombia a fines de los ’90 y desde el reforzamiento de la frontera promovido por el gobierno de George W. Bush a partir de los atentados del 11-S. Una vez producido el desplazamiento de los cárteles, se buscó una solución a la inestabilidad a la que condujo la lucha de los cárteles por el control del tráfico interno en territorio mexicano. La respuesta fue entonces otro plan de seguridad, la Iniciativa Mérida, que mediante la transferencia de tecnología y la cooperación bilateral de agencias de seguridad y organismos gubernamentales pretendió dar respuesta al problema en México. El tratado de seguridad era a la vez necesario para asegurar la frontera norteamericana y garantizar la estabilidad en uno de los tres países que desde 1992 integra la zona de libre comercio de América del Norte (Nafta) junto a Estados Unidos y Canadá.

Sin embargo, el hallazgo de más de 400 fosas clandestinas, los más de 60 mil muertos que dejó el crimen organizado y la desaparición de más de 26 mil personas desde que se inició la “guerra contra el narcotráfico” durante el gobierno de Felipe Calderón en 2006, producto del accionar del narcotráfico y de una práctica abusiva de las fuerzas de seguridad, sobre todo del ejército, según surge de la misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México, evidencian que el narcotráfico, lejos de disminuir su presencia, se ha reorganizado en un mercado ilegal oligopólico de dos megacárteles, el del Golfo y el de Sinaloa, que agrupan a una cantidad de cárteles menores que libran permanentes batallas por el realineamiento y equilibrio de poder.

Amnistía Internacional concluyó en un informe que “Ayotzinapa no es un hecho aislado”, sino que “refleja la crítica situación de derechos humanos que vive México”, por lo que la organización realizó una petición para que el Estado azteca acepte la competencia del Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU. La ONU, por su parte, calificó el hecho como uno de “los sucesos más terribles de los tiempos recientes”.

La falta de garantías en el proceso judicial, que llevó a la PGR a señalar que los restos humanos encontrados en un basural en Cocula y en el Río San Juan pertenecían a los estudiantes aún sin contar con las pruebas científicas, una hipótesis cuestionada por los mismos padres que no confían en las instituciones y, por último, la respuesta represiva del gobierno a las movilizaciones en reclamo de justicia, terminan por configurar un escenario de crisis institucional que México deberá afrontar en los próximos años.

* Analista política (Flacso).