La carrera previa a los comicios parlamentarios de este domingo 10 de marzo en Colombia está cargada de pólvora. Al temor del gobierno de que las FARC vayan a incrementar su ofensiva militar para sabotear las elecciones, el vicepresidente y ministro de Defensa, Gustavo Bell, señaló ayer “vamos a derrotar (a esa amenaza) no sólo con las acciones de fuerza pública, sino con la masiva asistencia de los colombianos a las urnas”. La extrema derecha paramilitar declaró ya que apoyará a los candidatos con una línea afín a su organización, aludiendo de modo indirecto al candidato presidencial liberal disidente, Alvaro Uribe Vélez, quien encabeza holgadamente las encuestas preelectorales. A todo esto, las FARC continuaron su ofensiva militar con el secuestro de dos personas, bloqueo de rutas y ataques explosivos contra seis torres de electricidad. La tan ansiada ayuda militar norteamericana a Colombia ayer ganó el voto de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en una resolución que urgió al presidente George W. Bush a “enviar sin dilaciones” una ley que contemple la asistencia militar antiinsurgencia.
A tres días de las elecciones legislativas en Colombia –donde se elegirán 268 congresistas–, los ánimos oficiales se preparaban a evitar el sabotaje de las FARC, cuyas acciones violentas han venido en aumento progresivamente desde antes de la ruptura de los diálogos de paz con el gobierno de Andrés Pastrana, el pasado 20 de febrero. Gustavo Bell advirtió que “seguramente las FARC pretenderán incrementar sus acciones terroristas con miras a las elecciones del domingo, pero para enfrentarlas el gobierno puso un gigantesco plan de seguridad”. El plan incluye más de 180 mil efectivos policiales y soldados que vigilen lugares estratégicos en las zonas rurales y eviten más ataques a las infraestructura. Ayer se explicaba parte de esa preocupación: las FARC secuestraron a dos personas, destruyeron seis torres de energía en el norte de Colombia, quemaron vehículos y bloquearon tres vías estratégicas, en tanto que ocho guerrilleros y un militar murieron en combates, en una nueva jornada de violencia según los informes policiales, militares y testigos. Los rebeldes instalaron un retén en el puente Pesquería, entre las poblaciones de Valledupar y Bosconia, departamento de Cesar (noreste), donde secuestraron a dos personas. En un episodio aparte, cinco civiles resultaron heridos de gravedad al explotar un campo minado en una zona rural de Yopal, departamento de Casanare (este), según el comandante de la Segunda División del Ejército, general Martín Carreño, quien responsabilizó a las FARC. Los rebeldes de las FARC mantienen bloqueada, por segunda vez en tres días, la principal carretera que comunica al centro con el oeste de Colombia, en un punto entre las localidades de Cajamarca y Calarcá. Además, seis torres de transmisión de electricidad fueron dinamitadas en los departamentos de Bolívar y Sucre.
La ultraderecha también aspira a incidir, pero de otro modo. Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organización paramilitar de 10.000 combatientes, llamaron a apoyar a los candidatos que compartan la línea de la organización; también dijeron que aspiran a captar a un 30 por ciento de las bancas. Otro dato que tampoco dejó de sorprender fue la campaña proselitista de los candidatos parlamentarios y cautivos de las FARC, los liberales Orlando Bertrán, Luis Eladio Pérez, Jorge Eduardo Gechen –cuyo secuestro motorizó la ruptura del proceso de paz–, Consuelo González y el conservador Oscar Lizcano. El presidente Andrés Pastrana reiteró ayer su preocupación de que se postulen candidatos con alguna clase de vínculo con grupos ilegales o de delincuencia organizada. Su gobierno creó un comité para que investigue las denuncias que hubo sobre compra de votos y jurados de votación como parte del plan de garantías constitucionales. Además, a modo de incentivo, anunció un día de vacaciones pagas para los que acudan a las urnas –siendo que Colombia suele gozar de alto abstencionismo–.
La controvertida ayuda militar norteamericana en la lucha contra los rebeldes –de la que Bush se abstuvo adscripto a los marcos de la ley que contempla la ayuda en la lucha contra el narcotráfico– obtuvo un nuevo impulso ayer cuando la Cámara de Representantes norteamericana votó una resolución urgiendo al jefe de gobierno a que proponga una nueva ley que permita asistir al gobierno colombiano en su guerra antiguerrillera. El ministro colombiano del Interior, Armando Estrada, dijo que si llega la colaboración de Estados Unidos, “habrá un éxito a corto plazo”.