La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, culpó ayer al pasado gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) por el escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras. El ex presidente respondió a las críticas, al llamar a la mandataria a realizar un examen de conciencia.

En su primer contacto con la prensa desde diciembre pasado, lamandataria recordó que uno de los implicados en el escándalo –el exgerente de Petrobras Pedro Barusco– admitió que desde 1997 recibió sobornos de empresas privadas que tenían contratos con la petrolera. “Si en 1996 y 1997 se hubiese investigado y castigado (la irregularidad), nosotros no tendríamos el caso de este funcionario que permaneció por casi 20 años practicando actos de corrupción. La impunidad transporta el agua que mueve el molino de la corrupción”, afirmó Dilma. Actualmente los casos de corrupción son investigados en forma independiente por la Policía Federal y por el Ministerio Público: “Lo que hay hoy en Brasil (en el caso de Petrobras) es un proceso de investigación que nunca hubo antes”, afirmó la mandataria. “Quienes cometieron las irregularidades fueron funcionarios de Petrobras y van a tener que pagar por eso, porque ésa es la regla en Brasil”, declaró la mandataria tras una ceremonia oficial en el Palacio presidencial de Planalto.

Las acusaciones de la presidenta brasileña fueron rechazadas ayer por Cardoso. En una nota, el ex presidente sostuvo que Rousseff fue descuidada cuando ocupó el cargo de presidenta del consejo de administración de la empresa y aprobó la compra de una refinería en Pasadena, Estados Unidos, un negocio que actualmente es investigado por sospechas de irregularidades. “Debería tener más cuidado y, en lugar de intentar encubrir sus responsabilidades lanzándolas sobre mí, que no tengo nada que ver con el caso, debería hacer un examen de conciencia y asumir que como mínimo fue descuidada, al no rechazar la compra de la refinería de Pasadena”, respondió el ex mandatario. Cardoso agregó que Rousseff debería también “aguardar con más serenidad a que se investiguen las acusaciones que pesan sobre su gobierno y el de su antecesor (Luiz Inácio Lula da Silva)” en el caso del escándalo en Petrobras. En sintonía con Cardoso, el líder de la oposición, Aécio Neves, del PSDB, llamó a Dilma a realizar un mea culpa por lo sucedido. “Rousseff parece querer mofarse de la inteligencia de los brasileños al atribuir el mayor escándalo de la corrupción de nuestra historia, patrocinado por el gobierno del PT, a un gobierno de 15 años atrás”, dijo Neves.

En la charla de ayer con periodistas, Rousseff afirmó que las investigaciones sobre los nexos de grandes empresas brasileñas con elesquema de corrupción no deben perjudicar las obras encargadas por Petrobras a esas constructoras. “Es necesario generar empleo y renta en Brasil. Ello no significa de ninguna manera ser cómplice ni impedir cualquier investigación o cualquier castigo”, sostuvo la mandataria. Por otro lado, Dilma también mantuvo ayer una reunión ministerial, donde apeló a sus ministros para que defiendan los proyectos del gobierno. “Nos debemos enfrentar al desconocimiento y a la desinformación permanente. No nos podemos permitir que las versiones falsas tengan lugar. Sean claros, no podemos dejar ninguna duda”, solicitó Dilma a sus ministros.

La crisis en la más importante empresa de Brasil estalló en marzo del año pasado, cuando la Policía Federal arrestó al ex director deAbastecimiento de Petrobras Paulo Roberto Costa, en el marco de un operativo para desarticular una red de evasión de divisas y lavado de dinero supuestamente comandada por el cambista Alberto Yousseff.

Costa firmó con el Ministerio Público un acuerdo de delación para reducir su condena y reveló la existencia de una red de corrupción en Petrobras que operó entre 2004 y 2012 y que desvió dinero de contratos de la petrolera para pagar sobornos y para financiar grupos políticos, entre ellos el Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff. Según la Policía Federal, los empresarios prestaban servicios a Petrobras, pero inflaban los precios de los contratos y se repartían parte de esa diferencia con directores de la estatal, mientras que el resto del dinero se distribuía entre decenas de políticos que amparaban los actos de corrupción. El proceso se desarrolla bajo estricto secreto judicial y se prevé que en las próximas semanas la Fiscalía General solicitará oficialmente la apertura de un juicio, con lo que denunciará a los políticos implicados en el caso, cuyos nombres aún se desconocen.