Por Mabel Azcui *
Desde Cochabamba

El gobierno boliviano tuvo que ceder y dijo que consultará sobre la exportación de gas a Estados Unidos a través de Chile. Porque resultó el remedio peor que la enfermedad: la militarización de la ciudad de El Alto que dispuso el domingo para acabar con las manifestaciones y la huelga general indefinida sólo sirvió para desatar mayores enfrentamientos entre vecinos de esta ciudad y La Paz y unidades militares, que ayer dejaron un saldo de 14 muertos –13 civiles y un soldado– y un centenar de heridos. El conflicto social derivó en una grave crisis política con la retirada del apoyo del vicepresidente, Carlos Mesa, al presidente, Gonzalo Sánchez de Lozada, y la dimisión del ministro de Desarrollo Económico Jorge Torres. La Iglesia Católica de Bolivia llamó al presidente a buscar “soluciones no autoritarias” a la crisis que ya se ha cobrado 58 muertos en tres semanas. Sánchez de Lozada anunció que no va a renunciar. “No es posible que se reemplace la democracia por una dictadura sindical”, dijo refiriéndose a las fuerzas sindicales y políticas de la oposición que piden a gritos su dimisión. El presidente también perdió dos de sus principales puntos de apoyo: el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), que dirige el ex mandatario Jaime Paz Zamora, y la Nueva Fuerza Republicana (NFR).
La ciudad de El Alto, la tercera más poblada del país y con un 85 por ciento de pobres, acató, desde el martes 7, una huelga general dispuesta por la Central Obrera Regional para exigir al gobierno que suspenda cualquier negociación para exportar el gas natural mientras no beneficie primero a los bolivianos y en solidaridad a los sindicatos de campesinos aymaras que, desde el primer día de septiembre, comenzaron a impedir la libre circulación por la carretera troncal, que une de oeste a este a esta nación de 8,4 millones de habitantes, exigiendo que el gobierno cumpla convenios suscritos con anterioridad. A los bloqueos impuestos por los vecinos en calles y avenidas de El Alto durante cinco días se sumaron hechos de violencia contra aquellos que trataban de marginarse del conflicto y hubo saqueos a pequeños negocios de comestibles. Ayer, al menos 12 civiles y un soldado murieron y un centenar de civiles resultaron heridos en enfrentamientos en La Paz y el Alto. También hubo un muerto por la policía en la localidad de San Julián, donde los pobladores cortaron una ruta en apoyo a “las víctimas de El Alto y La Paz”. Los hospitales de estas dos ciudades están al borde del colapso.
El sábado se produjeron dos bajas civiles y atentados con explosivos a plantas de gas y voladuras de postes de electricidad e intentos de ataque a dos unidades militares, por lo que el gobierno dispuso militarizar la ciudad, que se derivó en un mayor derramamiento de sangre. Y los enfrentamientos del domingo dejaron un saldo de 26 muertos y 92 heridos, aunque el gobierno ha reconocido la muerte de cinco personas, en hechos ocurridos la mañana del domingo. La ira de los vecinos ha obligado a que muchos periodistas se retiren del lugar ante el peligro de sus vidas. Según la denuncia de varios vecinos desesperados, los militares dispararon directamente contra la vivienda de campesinos que intentaban bloquear la carretera, cercana a Ventilla, donde 48 horas antes se registró otro enfrentamiento con trabajadores mineros y el saldo de otros dos muertos y una decena de heridos.
Que Goni se vaya
Los diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS) Evo Morales y del Movimiento Indígena Pachacuti (MIP) Felipe Quispe, además del secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), exigieron “señales claras”, entre ellas una determinación gubernamental para suspender la venta de gas, que el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada aprobó en lamadrugada de ayer. Sin embargo, la medida fue considerada ahora como “extemporánea” y lo que los dirigentes y los manifestantes exigen en las calles es que “Goni se vaya a su casa”, según declaró el líder cocalero Evo Morales, aquí en Cochabamba, tras rechazar cualquier posibilidad de diálogo en estas circunstancias. Morales dispuso, a partir de ayer, el corte de circulación vehicular en la carretera troncal de Santa Cruz-Cochabamba-La Paz, por donde fluye la mayor parte de los volúmenes de exportación e importación. En la madrugada se registraron refriegas entre los cocaleros y los militares y policías que controlan la carretera. Las autoridades aseguraron que la vía, por lo menos hasta el mediodía de ayer, estaba expedita, pero no circulaban vehículos ante el temor de las represalias de los bloqueadores.
Al movimiento de protesta se han sumado además las federaciones de Maestros, Panificadores y Choferes, con un paro de 72 horas en La Paz e indefinido en la mayor parte del país, los gremialistas y pequeños comerciantes que cerrarán sus tiendas y lugares de abasto de alimentos como un gesto de solidaridad con El Alto, el rechazo a la venta de gas y el pedido de renuncia al presidente. El diputado quechua de Cochabamba Alejo Véliz ha llamado a sus bases a incorporarse a la protesta. “Que Sánchez de Lozada abrogue la Ley de Hidrocarburos, que revise su documento y, si no lo hace, tiene que irse”, dijo al anunciar una “masiva movilización” de todos los agricultores de ese departamento, en el centro de Bolivia.
Desmarque del gobierno
La gravísima situación política y social que afronta el gobierno, que solamente en las últimas horas ha reaccionado tras una larga pasividad, ha determinado que afloren las discrepancias entre sus aliados y partidarios. El vicepresidente Carlos Mesa retiró su apoyo al presidente Sánchez de Lozada tras la jornada del domingo y condenó el manejo del problema. “Los acontecimientos se han venido desencandenando ininterrumpidamente con un costo de vidas humanas y de muertes que mi conciencia de ser humano y de vicepresidente y de hombre comprometido con la ética no puede tolerar ni puedo aceptar el punto al que hemos llegado, ni puedo aceptar una sola razón que justifique la muerte sucesiva, permanente de compatriotas en nuestro país a lo largo de estos días”, dijo Mesa al condenar las acciones oficiales y exigir una mayor flexibilidad gubernamental en la resolución de los graves conflictos sociales. Los ministros del flamante aliado de gobierno, Nueva Fuerza Republicana de Manfred Reyes Villa, también han anunciado que se retirarán del gobierno, mientras que en Cochabamba los miembros del partido del presidente (MNR) lo desconocieron y plantearon la renuncia de los dos mandatarios para hacer posible la convocatoria a elecciones. El otro socio cogobernante, el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria de Jaime Paz Zamora, ha hecho un conveniente mutis de la escena política, como en anteriores ocasiones, al igual que la mayor parte de los parlamentarios bolivianos.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.