El presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, de 73 años, afronta la peor crisis política y social de los últimos años en Bolivia, a un año y medio de haber asumido. La promesa del Goni, como se lo conoce popularmente, de combatir la exclusión social se ha diluido ante una mayor desesperación de su pueblo. Y se asoma el peligro de que el mandatario continúe haciendo uso de la fuerza militar a un alto costo político y de víctimas humanas.
Sánchez de Lozada está aislado. Lo demostró ayer la renuncia de los tres ministros del reciente aliado del gobierno, la Nueva Fuerza Republicana, junto a la dimisión del titular de Desarrollo Económico, Jorge Torres, de las filas del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria. El vicepresidente Carlos Mesa se desmarcó de su forma de encarar las crisis. Podría convertirse en el segundo gobernante boliviano en dejar la presidencia antes de concluir su mandato, después del fallecido Hugo Banzer (1997-2001), que renunció al cargo un año antes debido al cáncer.
El disparador fue el gas. Bolivia posee la segunda reserva de gas del continente, detrás de Venezuela. Los bolivianos se niegan a la exportación del combustible a Estados Unidos y México a través de Chile –y también Perú– si no se garantiza su fluido barato a todos y que la exportación brinde mayores regalías que las proyectadas. Se suma la desconfianza a la privatizaciones y a la inversión extranjera que en la década del noventa fueron medulares en las políticas de los gobernantes sudamericanos. De hecho, el primer mandato de Sánchez de Lozada (1993-97) fue un ejemplo. En Bolivia se llevó adelante una privatización versión local que se llamó de “capitalización” que consistió en 50 por ciento de venta a los capitales extranjeros y 50 por ciento distribuido en forma de acciones. “Buena parte de la población le pide a Lozada un imposible: que revierta lo que ha hecho”, dijo a este diario el analista político Jorge Lazarte.
Lazarte explicó a Página/12 que hay dos componentes de esta crisis, “uno es la movilización para proteger el recurso natural; por otro lado, el gas ha servido de escenario por donde se asoman los problemas que se vienen arrastrando: básicamente las desigualdades sociales y la discriminación étnico-social, y que no permiten que el país se constituya en una nación moderna, integrada”. Bolivia es el país más pobre de América del Sur: seis de cada 10 bolivianos son pobres. De los 8 mil millones de habitantes, el 80 por ciento es de origen indígena.
Sánchez de Lozada echó el manotazo del ahogado y anunció ayer que el gobierno no exportará gas natural a nuevos mercados mientras no se realicen consultas y debates sobre el energético con la sociedad civil hasta el próximo 31 de diciembre. Una señal que, a la vista de los acontecimientos, parece tardía.