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Los tribunales internacionales tienen una reputación bastante dudosa. Son muy vastos, cuestan mucho dinero, acusan a todo tipo de personas de crímenes de guerra –por lo general, gente que Estados Unidos quisiera que los tribunales enjuiciaran– y también tropiezan y tienen una tendencia a comportarse de una manera autosuficiente.

El Tribunal Especial para el Líbano –que trastabilla con su investigación sobre el asesinato del ex primer ministro Rafiq Hariri hace diez años– está decidido ahora a procesar a la periodista libanesa Karma Khayat y el canal de televisión local Al Jadeed en Beirut por desacato al tribunal. No es que Khayat haya tenido nada que ver con el asesinato de Hariri o el “terrorismo” o algo tan sangriento.

Su juicio comenzó ayer en La Haya y gira en torno de si ella y su emisora revelaron detalles de los testigos del tribunal en el año 2012, información que, según ella, debe haberse filtrado desde adentro del propio tribunal por gente a quien no identificó directamente. Ahora bien, el Líbano es un país muy peligroso para los testigos, que tienden a ser volados en pedazos. Oficiales militares que trabajan en el caso Hariri han sido asesinados. Khayat, que asiste al juicio en La Haya, podría enfrentar hasta siete años de prisión.

La televisión libanesa es un fenómeno interesante, capaz del periodismo fantástico, pero es a menudo muy descuidada. Khayat misma es una de los dueños de Al Jadeed; la familia Khayat incluye a su padre, Tahsin, como presidente y también tiene una editorial –que, debo añadir, ha estado publicando ediciones árabes de mis propios libros en el Medio Oriente durante el último cuarto de siglo–. La familia afirma que ya gastaron un millón de dólares en su defensa. Yo solía llamar al padre Tahsin un “Zillionaire”, pero él me dice que, con los gastos legales, es probable que no sea un “Zillionaire” mucho más tiempo. Veremos.

Pero el tribunal no se cubrió de gloria exactamente. Acusó a cinco miembros de Hezbolá por la participación en el asesinato de Hariri, pero Hezbolá le dijo a los libaneses que no tenía la menor intención de entregar a los hombres. Una versión de los hechos fue filtrada con los nombres de los oficiales sirios, antes que la ONU censurara los nombres.

En otro acto de enorme estupidez, un oficial entró en los suburbios del sur de Beirut, controlados por Hezbolá, en 2010 para revisar los registros telefónicos del período post-Hariri, llevando su computadora portátil que contenía los archivos confidenciales. Una multitud de señoras chiítas (no ajenas a Hezbolá) maltrataron al pobre hombre y tomaron su computadora que, por supuesto, no fue vista desde entonces. Ex funcionarios libaneses sospechosos de haber participado en el crimen fueron encarcelados y luego liberados sin una palabra de evidencia en su contra. En total, una historia bastante lamentable.

El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia encerró a algunos criminales valiosos, pero cuesta demasiado mantenerlos –el tribunal para el Líbano ya consiguió alrededor de 450 millones de libras– y comenzó a intimidar a los periodistas que no cedían a sus dictados. Me llamaron un día y un oficial de la Corte de La Haya me dijo que podría estar interesado en que yo fuera un testigo de la fiscalía contra un serbio que dirigía un campo de concentración en Bosnia. Cuando dije que los periodistas escriben sobre la gente y no juegan papeles dobles y se convierten luego en testigos, se me informó que podría estar obligado a cumplir. Sin embargo, desde el momento en que dije que no estaba interesado en permitir que el tribunal “eligiera” a qué criminales quería juzgar y le pregunté por qué (el ya fallecido) primer ministro israelí Ariel Sharon no fue acusado de las 1982 masacres de Sabra y Chatila, el funcionario perdió todo interés en mí como testigo de cargo. Fue lo último que supe de él.

Volviendo al tribunal del Líbano. ¿Por qué, cuando no puede encarcelar a aquellos sospechosos de estar detrás del asesinato de Hariri, va en pos de una periodista y su estación de televisión por desacato? El tribunal en sí –como la corte de la ex Yugoslavia– se estableció en parte a causa de la reacción pública a los crímenes de guerra denunciados por los periodistas. Esos tribunales a menudo deben su existencia a los periodistas. Revelar los nombres de los testigos es una acusación muy grave, pero hay un creciente descontento dentro de los medios de comunicación libaneses tanto con el tribunal mismo como con los cargos contra Khayat.

Esta semana –y la próxima semana– no serán días de argumentación jurídica en La Haya. El propio tribunal dice que “la libertad de expresión no es absoluta y los periodistas y medios de comunicación deben cumplir con la ley”. Pero ¿de qué leyes del país estamos hablando aquí? Cuando una periodista francesa fue acusada de desacato por el tribunal de la antigua Yugoslavia en 2009 –el cargo fue revelar información confidencial– la reportera se negó rotundamente a pagar 10 mil dólares de multa y el gobierno francés se negó a cooperar con la orden del tribunal. Se supone que el gobierno libanés debe cooperar con el tribunal, pero no tiene ni el poder ni la capacidad de perseguir a cinco miembros de uno de los ejércitos guerrilleros más eficientes del mundo. Y todavía no sabemos quién mató a Rafiq Hariri...

En cuanto a Khayat, le pregunté si volaba en clase económica o business hacia Europa. “Business”, dijo. “Por lo menos déjame disfrutar de mi libertad durante los próximos días.” Tal vez. Pero me atrevo a predecir lo que va a ocurrir: como siempre en el Líbano, todo el asunto terminará en un lío gigante en el que ninguna de las partes va a ganar y todos van a recibir un huevo en la cara. Esa es la tierra de los cedros.

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.