La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, firmó ayer un proyecto de ley que reforma constitucionalmente el gasto y la transparencia electoral y establece que los alcaldes e intendentes, que comenzarán a ser electos por el voto popular, perderán sus cargos si resultan implicados en hechos de corrupción. La actual legislación no establece esta medida en caso de comprobarse que políticos no respetaron la ley electoral.

El proyecto se enmarca en la agenda de probidad y transparencia impulsada por el Palacio La Moneda y apunta a la pérdida del cargo para quienes accedan a ellos a través de la elección popular, en el caso de que su función no sea de carácter legislativo. Concretamente, apunta a los alcaldes (intendentes) e intendentes (gobernadores), que a partir de los próximos comicios serán electos por el voto popular.

La medida, que se enmarca dentro de una serie de iniciativas para enfrentar la crisis provocada por casos de financiación irregular de campañas políticas que está investigando la Justicia, será aplicada a partir de las próximas elecciones.

“Con esta reforma estamos custodiando la legitimidad de la democracia”, dijo Bachelet al presentar la iniciativa en el Palacio La Moneda. “Esta confianza se ve dañada con casos como los que hemos visto en el último tiempo. Necesitamos garantizar que los intereses de nuestras autoridades democráticas no sean otros que los de sus electores”, afirmó la mandataria luego de firmar la iniciativa, en compañía del ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo; la ministra secretaria general de la Presidencia, Ximena Rincón, y el ministro secretario general de Gobierno, Alvaro Elizalde.

Además, Bachelet agregó que “estas prácticas no se corresponden con un país trabajador, honesto y esforzado por lo que debemos frenar de raíz las acciones que se han ido enquistando en ciertos contextos, dañando nuestra convivencia y también nuestro sistema de representación”. La mandataria chilena recalcó que Chile requiere determinar claramente cuáles son las fronteras entre la política y los negocios, para frenar prácticas de corrupción y faltas a la ética. “Al mismo tiempo Chile necesita reglas claras para el financiamiento de campañas y sanciones ejemplarizadoras para aquellos candidatos que no cumplen la ley”, agregó.

Este proyecto se enmarca en la Comisión Presidencial contra los Conflictos de Intereses, el Tráfico de Influencias y la Corrupción, la cual es liderada por el profesional Eduardo Engel y busca generar un marco normativo para evitar una nueva crisis institucional como la que vive el país, a partir de los casos Penta-SQM y el caso Caval.

Hasta ahora la Justicia investiga por este procedimiento al grupo económico Penta y a la minera Soquimich, con al menos dos senadores opositores vinculados con este mecanismo ilegal de financiamiento y una decena de políticos y asesores investigados. La entrega de boletas por servicios no prestados supone una defraudación al fisco, ya que las empresas descuentan los montos de estos recibos en sus declaraciones de impuestos.

En paralelo a este escándalo, Bachelet enfrenta también un sonado caso de eventual corrupción, por una millonaria compra y venta de terrenos que realizaron su hijo mayor, Sebastián Dávalos, y su esposa, Natalia Compagnos. Ambos son investigados por el “uso de información privilegiada” y “tráfico de influencia” en una transacción que dejó cerca de cinco millones de dólares en ganancias. El caso derribó la popularidad de Bachelet, que ronda ahora el 30 por ciento, lo más bajo de sus dos períodos de gobierno.

El proyecto de ley establecerá “una sanción directa” para quienes no cumplan la ley electoral. “En esta reforma estamos proponiendo que el cargo se revoque directamente, es decir, que la condena en el ámbito penal implique la pérdida del cargo”, dijo Bachelet, quien precisó que la propuesta no considera los cargos parlamentarios.

La presidenta precisó que “estamos hablando de cargos de elección popular que no tienen facultad legislativa”. Según la mandataria las sanciones por infracciones a la ley electoral en el caso de diputados y senadores serán abordadas por una iniciativa presentada por los propios congresistas.

De todas formas, comprometió su apoyo a “las iniciativas parlamentarias que en esta misma línea de avanzar en probidad, transparencia electoral, se apliquen a diputados y senadores”. “Esto tiene un fundamento muy sencillo. Quienes no respetan la ley para convertirse en representantes no pueden estar tomando determinaciones en nombre de los chilenos y chilenas”, recalcó.

Bachelet también mandató a una comisión de expertos para que proponga leyes que regulen los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción.