La Asamblea General de Naciones Unidas con sede en Nueva York reanudó ayer una sesión extraordinaria para tratar la construcción de la valla de seguridad por parte de Israel. Al fin de la jornada, una amplia mayoría aprobó una resolución en la que pide al gobierno de Ariel Sharon que paralice y elimine el muro que está construyendo en territorio palestino. Pero no contempla un eventual recurso ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Tras una larga negociación, los países árabes que impulsaron la iniciativa se vieron obligados a desistir de su intención de llevar la cuestión del muro ante el tribunal internacional, con lo que se aseguraron el voto unánime de la Unión Europea y de sus asociados. De hecho, fue la Unión Europea la que presentó a votación un texto final de consenso, que contó con 144 votos a favor, 12 abstenciones y cuatro votos en contra, entre ellos Israel y Estados Unidos.
El texto señala la oposición de la Asamblea General –donde no hay derecho de veto– “a todas las actividades de colonización en los territorios ocupados y todas las actividades que impliquen la confiscación de tierras y su anexión de hecho”. La casi totalidad de los veinte oradores que hicieron uso de la palabra en la primera jornada de la sesión extraordinaria de la víspera criticaron la construcción de la “línea de seguridad”, subrayando sus consecuencias humanas y económicas sobre la población palestina.
El muro, cuyo objetivo es evitar que se infiltren atacantes suicidas, debe extenderse sobre 430 kilómetros, engloba al 80 por ciento de unos 231.000 colonos que viven en Cisjordania –sin contar unos 200.000 israelíes instalados en Jerusalén-este, ocupado y anexado en 1967– y en algunos sectores se adentrará 20 kilómetros para cubrir el mayor número posible de asentamientos. Unos 140 kilómetros de esta obra fueron ya construidos en el norte de Cisjordania, cerca de la llamada “línea verde” de demarcación entre Israel y ese territorio. La construcción de los 290 kilómetros restantes está prevista en varias etapas.