Por Juan Jesús Aznarez*
Desde Bogotá

El Congreso colombiano probablemente hubiera aprobado la mayoría de las enmiendas constitucionales propuestas por Alvaro Uribe en el referéndum del próximo sábado, antesala de importantes ajustes fiscales y transformaciones políticas, pero el presidente apostó por su popularidad y por la consulta para, entre otras razones, evitar negociaciones que lo obligarían a limitar los cambios. La oposición protesta que el gobernante, aplaudido por el 75 por ciento de sus compatriotas, según Gallup, abusa pérfidamente de la democracia para imponer un autoritarismo en el que el Ejecutivo ahogará las prerrogativas del Legislativo y del estado de derecho.
El lema del referéndum –“contra la politiquería y la corrupción”– es atractivo en una nación harta de sinvergüenzas y prebendas, y sus 15 preguntas, el punto de arranque de cambios en el desprestigiado Congreso, de las inversiones estatales o en el grosor de los salarios públicos y jubilaciones. La oposición denuncia truco: “Como todos estamos tan aburridos, tan exacerbados con los actos terribles e irracionales de los grupos alzados en armas, pues ocurre que la gente está dispuesta a que le rebajen el salario siempre que derroten militarmente a la guerrilla”, advirtió el senador Carlos Gaviria. “Si reducen a las autodefensas (paramilitares), entonces que nos congelen las pensiones.”
Al conservador presidente colombiano, investido el 7 de agosto de 2002, después de haber sido elegido en la primera vuelta del 26 de mayo con el 53 por ciento de los votos, se lo conoce por su política de línea dura con la insurgencia. El disidente del Partido Liberal subraya que sus adversarios exageran o mienten. Contrariamente, según argumenta, se trata de fortalecer la democracia y acabar con prácticas legislativas corruptas, acortar privilegios espurios y establecer una austeridad financiera que facilite el ahorro, impida la bancarrota nacional y envíe señales de confianza a los mercados internacionales e instituciones de crédito. “Si ganamos podremos negociar mejor la reestructuración de la deuda, los intereses de los préstamos, y estaremos en mejores condiciones para combatir a las guerrillas”, dijo una fuente oficial.
El referéndum plantea reducir de 268 a 218 los escaños del Congreso y modificar el acceso al hemiciclo, despoja de derechos políticos a los culpables de fraude al Estado, anula las suplencias de diputados y senadores, que devengan salarios sin haber sido elegidos, reduce las jubilaciones de los congresistas, congela durante dos años los salarios de los empleados públicos y elimina los regímenes fiscales especiales.
Las votaciones de los cargos públicos deberán efectuarse con carácter nominal, uno por uno, con nombres y apellidos, para que los electores conozcan las posiciones de los elegidos y se acabe con los pactos secretos de la política. La eliminación de los auxilios parlamentarios cierra la posibilidad de que los legisladores hagan política con los recursos públicos y consagra, según sus promotores, la supremacía del interés general por encima del particular. Uribe suprime las auditorías de los dineros públicos a cargo de las autoridades locales, imputándoles ineficacia, o corrupción en muchos casos, y transfiere sus competencias a la Contraloría General de la República. Asimismo se congelan durante dos años los gastos de funcionamiento de los 32 gobiernos y entidades territoriales de Colombia.
Un total de 25 millones de personas podrán pronunciarse en la consulta y debe hacerlo el 25 por ciento del padrón, equivalente a 6,2 millones de boletas, para que sea validada. Como los votos negativos suman, la oposición llama a la abstención a fin de que no se alcance los 6,2 millones de sufragios. Una derrota de la propuesta presidencial castigaría su imagen, hasta ahora bastante intacta, a pesar de los denunciadosexcesos contra varias Organizaciones No Gubernamentales y defensores de los derechos humanos, a los que calificó de “cómplices del terrorismo”.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.