Por Francesc Relea *4
Desde San Pablo

Aldimir Lima Nunes, conocido como Branquinho, es un latifundista brasileño cuyo nombre hace temblar a muchos pobladores de los estados del nordeste. Tal es el miedo que ha sembrado que casi nadie se atreve a hablar. “Branquinho tiene orejas en cada esquina de la ciudad” es el comentario más común. Desde octubre de 2002 estaba prófugo de la Justicia federal, que dictó una orden de busca y captura por diversos delitos. Hace dos semanas, el temido propietario rural se entregó en las dependencias de la Policía Federal en Marabá, en el estado de Pará, acompañado de tres abogados, cuando los agentes le pisaban los talones.
Branquinho está en prisión provisional, acusado de varios homicidios, delitos contra el fisco, formación de bandas, engaño de trabajadores, sometimiento de sus empleados a condiciones de esclavitud, y amenazas. Tiene abiertos ocho procesos criminales ante la Justicia de Tocantins. La acción judicial comenzó a raíz de diversos asesinatos de trabajadores en la región de Ananás, que habían sido contratados para realizar labores pesadas en haciendas de la zona Iriri-Terra do Meio –al sur de Pará–, propiedad de Lima Nunes, entre otros. Los delitos habían sido documentados y denunciados por la Comisión Pastoral de la Tierra –CPT–, organización de la Iglesia fundada en plena dictadura militar que hoy encabeza la lucha contra el nuevo esclavismo.
El fraile dominico Xavier Plassat, Frei Xavier, coordinador de la campaña de la CPT contra el trabajo esclavo, tiene sentimientos encontrados sobre la captura de Branquinho: “Una mezcla de alivio y de preocupación. Alivio porque hacía un año que exigíamos el cumplimiento de la orden judicial, y de preocupación porque continúa intacto el esquema de bandidaje que este individuo comanda”. La realidad es que la policía federal no hizo nada hasta que las amenazas llegaron al fiscal de la República, cuyo vehículo fue abordado por un grupo de pistoleros a fines de julio pasado. “¿Seguirá Branquinho dando órdenes desde la cárcel, como hacen muchos criminales brasileños?”, pregunta Frei Xavier. “¿No sabemos cuánto tiempo pasará en prisión?”, añade.
Desde la llegada de Luiz Inácio Lula da Silva a la presidencia de Brasil, la lucha contra el trabajo esclavo ha cambiado. A los tres meses, el gobierno federal aprobó el 11 de marzo el Plan Nacional de Erradicación del Trabajo Esclavo, que implica a diversas instituciones del Estado, como los ministerios de Trabajo y de Justicia, el Ministerio público, la Justicia federal y la Policía federal. “El Grupo Móvil del Ministerio de Trabajo ha multiplicado sus acciones. Actúa más y con mayor celeridad”, dice Frei Xavier. El problema es que también aumenta el número de denuncias de trabajo esclavo que llegan a las dependencias de la CPT: 204 casos en lo que va de año, que implican a más de 7200 trabajadores. Más de 3800 han sido rescatados en operativos policiales llevados a cabo en haciendas del noreste brasileño. El año pasado en la misma época se habían registrado 111 denuncias que afectaban a 4500 trabajadores.
Algunos jueces laborales han adoptado medidas bastante osadas, por ejemplo en el estado de Pará, “donde un magistrado confiscó los bienes de un hacendado recalcitrante y bloqueó sus cuentas”, o la condena dictada por otro juez a pagar indemnizaciones entre 100.000 reales –34.400 dólares– y 500.000 reales –172.400 dólares– por “daños morales colectivos”. Fuentes de la CPT aseguran que el gobierno prepara la publicación de una lista negra de propietarios rurales que fueroncondenados por practicar el trabajo esclavo. “No podrán recibir ningún tipo de financiación pública.”
Organizaciones no gubernamentales denuncian intentos de rearticulación de la Unión Democrática Ruralista –UDR– y de las milicias armadas de los grandes propietarios. Concretamente, en los estados de Pará, Maranhao, Tocantins –nordeste–, y en los estados del sur. Más allá de la veracidad de tales denuncias, unos 750 propietarios rurales se reunieron en fecha reciente en una hacienda el estado de Sao Paulo convocados por la UDR. Su presidente, Luis Antonio Nabhan Garcia, dirigió duras críticas al presidente Lula da Silva, a quien calificó de “enemigo del productor rural” por querer llevar a cabo la reforma agraria. La UDR, fundada en 1985, agrupa a los propietarios agrarios más refractarios a un cambio en la distribución de la tierra. Desde sus orígenes, esta organización ha financiado a los partidos políticos más conservadores para conformar en el Congreso la llamada “bancada ruralista”.
El mayor enemigo de la UDR es el Movimiento de los Sin Tierra –MST–, que nació un año antes –1984– con el objetivo de lograr la reforma agraria. “Nabhan Garcia no tiene mucho que hablar porque no representa a nadie”, dice Joao Paulo Rodrigues, miembro de la dirección nacional del MST. “Es de extrema derecha y su hacienda está repleta de armas. La policía federal haría bien en detener a este individuo.”
El líder de la UDR responde: “Tenemos armas para defender nuestras propiedades de la invasión de los criminales. Son armas legalizadas y registradas”. ¿Quiénes son los criminales? “El MST. No se puede dialogar con bandidos”, afirma el líder de los latifundistas. El odio que destilan las palabras de unos y otros es fiel reflejo de la situación que se vive en el campo brasileño, donde la violencia campea a sus anchas. Durante años los grandes propietarios agrarios han vivido bajo el signo de la arrogancia del más fuerte. A la insultante concentración de la propiedad rural, los Sin Tierra han opuesto la acción directa, en forma de ocupación de fincas improductivas. Hay cuatro millones y medio desperdigados por todo el país, 200.000 de los cuales malviven en campamentos. La esperanza de recibir un pedazo de tierra se hizo eterna para muchos de ellos. Pero los tiempos han empezado a cambiar.
El presidente Lula da Silva declaró la semana pasada: “La reforma agraria va a ser aprobada no porque se invadan u ocupen tierras, sino porque es una necesidad de justicia social”. El gobierno tiene sobre la mesa el proyecto de ley, del que no se conoce el contenido. El MST dice estar convencido de que la meta de la futura ley es asentar a un millón de acampados en los cuatro años del mandato de Lula.
“Los latifundistas saben que el gobierno de Lula va a realizar la reforma agraria y por esta razón están muy preocupados. La Constitución permite claramente expropiar el latifundio arcaico e improductivo”, comenta con indisimulada satisfacción el líder del MST Joao Paulo Rodrigues. Nabhan Garcia, de la UDR, habla otro idioma: “La reforma agraria está destinada al fracaso porque es un plan asistencialista, y los planes asistencialistas son para corto plazo”.
* De El País de Madrid, especial para Página/12.