La instantánea que devuelve el país peninsular, en materia de acceso a la vivienda, es de un tsunami que borró fronteras, no dejó sobrevivientes ni estructura en pie: 3,4 millones de casas sin ocupantes o, dicho de otro modo, el 30 por ciento de las casas vacías de Europa; 600 mil procesos de ejecución hipotecaria (muchos culminaron en desalojos) entre 2008 y 2014; 1,1 por ciento de viviendas sociales, el porcentaje más bajo de Europa occidental con excepción de Grecia, que carece de construcciones de este tipo. Las cifras se desprenden del texto “Derechos desalojados. El derecho a la vivienda y los desalojos hipotecarios en España”, documento que Amnistía Internacional presenta hoy en su sede madrileña, y al que Página/12 accedió en exclusiva. “La idea central del informe es que los desalojos hipotecarios en España, tal como se regulan y practican, no van en línea con el derecho internacional en materia de derechos humanos”, señala en diálogo telefónico con este diario, desde el Reino Unido, Koldo Casla, abogado, consultor de AI y autor del dossier.

El jurista vasco afirma que no existe información oficial sobre la cantidad de afectados por los de-sahucios, fenómeno surgido del estallido de la burbuja inmobiliaria española. Y asegura que el derecho a la vivienda está en peligro en España por la falta de adopción de garantías en desalojos hipotecarios y por políticas regresivas. Según los últimos datos de la Oficina Europea de Estadística, en 2012 España destinó el 25,9 por ciento de su PBI a gastos de protección social, casi tres puntos por debajo del 29,5 por ciento promedio de la Unión Europea. En el tercer trimestre de 2014, al menos 1,8 millón de viviendas, según la Encuesta de Población Activa, tenía a todos sus miembros económicamente activos desempleados.

¿Cómo puede protegerse el derecho a la vivienda? En cuanto a desalojos hipotecarios, lo que recomienda AI –sostiene Casla– es el desarrollo de mecanismos de análisis de proporcionalidad, por parte de jueces que revisen caso por caso, en desalojos de primeras viviendas; supervisión de la negociación administrativa y/o judicial entre personas afectadas y bancos; las medidas que adopte el Estado deben ser consultadas con la sociedad civil y los afectados para garantizar transparencia en el acceso a la información. Sobre derecho a la vivienda, garantizado por el artículo 47 de la Constitución de 1978, los poderes públicos deben impulsar este derecho progresivamente, utilizar el máximo de recursos disponibles y las medidas regresivas adoptadas deben estar justificadas en línea con el derecho internacional.

La investigación de AI se concentró en Madrid y Cataluña y se desarrolló entre abril de 2014 y abril de este año. Se entrevistaron 45 personas afectadas por ejecuciones de bienes hipotecarios: 28 mujeres y 17 hombres; 26 españoles y 19 extranjeros, casi todos de Latinoamérica y Marruecos; 31 vivían en Cataluña y 14 en Madrid. “Aunque la muestra no es estadísticamente representativa de los matices de la problemática de la vivienda en el país –advierte el texto–, los casos destacados en el informe ilustran algunas de las preocupaciones principales de quienes corren peligro de ser desalojados debido a ejecuciones hipotecarias.”

El grupo de mayor vulnerabilidad, en cuanto a crisis de vivienda, lo componen desocupados, madres solteras, inmigrantes, niños y ancianos. “La situación de las mujeres es especialmente grave”, sostiene AI, porque, además de cuidar de los hijos o de miembros adultos de la familia y realizar otras tareas domésticas, y “a pesar de tener una situación económica más precaria en general, suelen ser ellas quienes acuden a los servicios sociales, organismos oficiales de vivienda y asociaciones de ayuda” en busca de una solución para la dramática situación que atraviesan sus familias.

En 2005, el sueño del piso propio golpeó la puerta de Ainhoa Lafuente Rodríguez en su casa de Nou Barris, uno de los barrios catalanes castigados por los desahucios. La mamá soltera de 36 años cuenta su experiencia desde Barcelona, adonde debió mudarse para vivir con sus padres luego de quedarse sin hogar. Allí comparte una habitación de dos por tres con su hija de tres años.

Trabajaba de lunes a sábados, de 9 a 21, en una casa de decoración de Terrasa. El banco le ofreció una hipoteca por 175 mil euros, el valor total del inmueble, para acceder a su casa. El contrato tenía una cláusula leonina: la hipoteca abierta permitía, en caso de necesidad, que el deudor solicitara un préstamo de la cuota mensual, lo que encarecía el préstamo original. Ainhoa pasó a pagar de 700 a 1100 euros de cuota. Quedó desempleada en 2009, volvió a trabajar un año más tarde, y desde 2011 está sin empleo. En 2013 dejó de pagar la cuota y se unió a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), organización de la que fue vocera Ada Colau, actual alcaldesa de Barcelona. Con su compañero y su hija recién nacida vivían con 900 euros mensuales. La PAH la acompaña en las negociaciones con el banco, que le ofreció una dación en pago (quedaría libre de la deuda contraída con la entidad bancaria si entrega la propiedad y 4500 euros). La mujer perdió 30 kilos desde que dejó de pagar la hipoteca. Ainhoa, con ánimo de dar batalla, se promete a sí misma: “Si hace falta, derribaré de una patada la puerta de un piso que sea propiedad de un banco. No me dejan elección”.