Aunque no es una solución de fondo al pedido de justicia para las víctimas de Francisco Franco, se trata de un gesto político que familiares de represaliados por el terrorismo de Estado en España pedían hace algún tiempo. El Ayuntamiento de Madrid anunció ayer su intención de cambiar los nombres de aquellas calles relacionadas con la dictadura franquista para cumplir con la ley española de memoria histórica. Así lo confirmó en una conferencia de prensa Rita Maestre (foto), vocera del nuevo gobierno municipal de la plataforma política Ahora Madrid, integrada por miembros de partidos de izquierda, entre ellos Podemos. Maestre denunció que el circuito callejero de la capital española contiene todavía referencias franquistas y, por tanto, no cumple al ciento por ciento la normativa aprobada en 2007 por el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

“Los nombres de las calles se cambiarán en coordinación con los distritos de Madrid y con la sociedad civil”, aseguró la portavoz de Ahora Madrid. En consecuencia, “se abogará por escuchar las propuestas de los vecinos” para los nuevos nombres. En la última década, fueron removidos de ciudades y pueblos españoles muchos de los símbolos vinculados con el franquismo. En 2008 se retiró de la vía pública de Santander la última estatua ecuestre del dictador.

El ex alcalde Alberto Ruiz-Gallardón, quien además se desempeñó hasta septiembre del año pasado como ministro de Justicia, y debió abandonar ese cargo al no conseguir reformar la Ley del Aborto, que actualmente permite a cualquier mujer española interrumpir el embarazo antes de los 14 semanas de gestación, había consultado con supuestamente con expertos qué calles de la ciudad debían cambiar de nombre por estar comprendidas en el ámbito de aplicación de la Ley de Memoria Histórica. Sin embargo, no se llegaron a materializar los cambios. Ruiz-Gallardón es yerno de José Utrera Molina –miembro de la Fundación Nacional Francisco Franco–, a quien la querella argentina por los crímenes cometidos durante el franquismo acusa de haber integrado el gobierno que sentenció a muerte a Salvador Puig Antich, asesinado a garrote vil.

La sucesora de Ruiz-Gallardón en el Palacio de Cibeles, Ana Botella, fue denunciada junto a otros 37 alcaldes por mantener símbolos de la dictadura en las calles de la capital. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (Armhex) solicitó a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que retirase el nombre de General Yagüe de una de las calles de la capital por respeto a todas las víctimas del franquismo y a la víctimas extremeñas en particular.

En un comunicado, la asociación de derechos humanos informó que hizo un pedido similar al Ayuntamiento de Oviedo al amparo de la Ley de la Memoria Histórica para que se acuerde retirar el nombre de General Yagüe de las calles de la ciudad. La Armhex señaló que la exaltación de la figura del militar golpista Juan Yagüe Blanco, con una calle en la capital del Estado, es inasumible. Además mencionó que el militar fue el máximo responsable de la cruenta represión llevada a cabo en Badajoz, a partir de la toma de la ciudad el 14 de agosto de 1936. También recordó que las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, están obligadas legalmente a tomar las medidas oportunas para quitar estas menciones conmemorativas. La Armhex considera que el nombre de esa calle debe ser retirado del callejero, tanto por cuestiones de legalidad, como por respeto a todos los ciudadanos demócratas de Oviedo, de Asturias así como de Badajoz y Extremadura en particular.