Página/12 En México

Desde México, D.F.

Un día antes de las elecciones federales intermedias, Filadelfo Sánchez Sarmiento avisó desde su cuenta en Facebook: “Otra vez las amenazas de muerte hacia mi persona y de quemar la radiodifusora este domingo 7 de junio”. No hubo fuego contra la emisora de Miahuatlán, en el estado sureño de Oaxaca, donde Filadelfo conducía un noticiero, pero a él sí lo mataron menos de un mes después, el 2 de julio, cuando salía de la emisora. Ese mismo día, el cadáver de Juan Mendoza Delgado, director de una web informativa en Medellín de Bravo, apareció en una morgue del convulsionado estado de Veracruz, luego de ser reportado la víspera como desaparecido. Seis días antes, Gerardo Nieto Alvarez, director de la publicación local El Tábano, en Comonfort, Guanajuato, en el centro del país, fue degollado.

Tres periodistas asesinados en México en menos de una semana. “¿Dónde parará la violencia?”, cuestionó Lucie Morillon, directora de programas de Reporteros sin Fronteras (RsF), tras a muerte de Filadelfo. Estos crímenes, sumados al homicidio del reportero Ismael Díaz López, en Teapa, una localidad del estado de Tabasco, en el sureste de México, el pasado 18 de junio, eleva a siete el número de asesinatos en lo que va de 2015. La administración del presidente Enrique Peña Nieto no ha resuelto ninguno de los 16 casos registrados a partir de que asumió el cargo en diciembre de 2012. México es uno de los lugares más peligrosos del mundo para el ejercicio del periodismo (ocupa el lugar 148 entre 180 países, según la más reciente Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de RsF), y es el más mortífero de América, con un total de 88 periodistas asesinados desde 2000.

De los siete periodistas que han matado este año, tres eran locutores de estaciones de radio en el estado de Oaxaca, como Filadelfo, que transmitía desde La Favorita. Artículo 19 y RsF documentaron amenazas previas en su contra. Lo mismo que ocurrió con Abel Manuel Bautista Raymundo, locutor y director de la estación comunitaria Radio Spacio, asesinado el 14 de abril en Juxtlahuaca, y de Armando Saldaña Morales, conductor en La Ke Buena y Radio Max en la zona limítrofe de los estados de Oaxaca y Veracruz, secuestrado en Cosolapa; su cadáver fue encontrado el 4 de mayo en el conurbano municipio veracruzano de Tezonapa. Los tres periodistas de radio fueron acribillados a tiros, pero Saldaña Morales tenía huellas de tortura.

El clima de acoso alcanzó al Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), la más antigua organización civil mexicana defensora de derechos humanos y periodistas, cuyas instalaciones fueron asaltadas el 22 de junio.

La impunidad alentada por la ineficacia de las autoridades responsables de resolver esos crímenes expone aún más a los periodistas y mantiene la libertad de expresión en México en un asedio permanente, sin que los políticos movilicen recursos y acciones oficiales para identificar, capturar y castigar a los responsables. Tal desprecio por la vida de los trabajadores de la prensa contrastó brutalmente la semana pasada con la muerte (por causas naturales) del periodista Jacobo Zabludovsky, pionero del periodismo televisivo en México y símbolo durante medio siglo de la subordinación y el servilismo generalizado de periodistas y medios mexicanos hacia los gobiernos del PRI. Zabludovsky murió el jueves 2 de julio por un derrame cerebral, generando un aluvión de pésames y loas de políticos –y uno que otro intelectual–, recordando el papel desempeñado por el periodista en Televisa, el emporio del clan fundado por Emilio Azcárraga Vidaurreta. Su heredero, Emilio Azcárraga Milmo, se definió a sí mismo como “un soldado del PRI y del presidente”, lo que haría de Zabludovsky un sicario del sistema, como conductor estrella del noticiero nocturno 24 Horas, utilizando con maestría las herramientas periodísticas para la propaganda y la manipulación gubernamental, hasta que en 1998 se deshizo de él Emilio Azcárraga Jean, nieto del fundador del clan. Zabludovsky se refugió en la radio y en una columna en prensa escrita, desde las que supo disimular mejor su naturaleza.

La clase política mexicana ni de lejos tiene la misma consideración para ninguno de los 88 casos de asesinatos de periodistas en lo que va de este siglo. Por el contrario, incluso llegan al extremo de responsabilizar a la propia prensa del acoso y peligro permanente que enfrenta.

El caso del estado de Veracruz es emblemático: 41 ataques tan sólo en 2014; una docena de periodistas asesinados en cuatro años y medio de la administración del actual gobernador, el priista Javier Duarte; tres reporteros víctimas de desaparición forzada; al menos 10 exiliados, y decenas de periodistas amenazados, intimidados, golpeados u hostigados como resultado de su ejercicio profesional.

Apenas el pasado 31 de mayo, una reportera de TV Sureste, en Acayucan, fue secuestrada y violada cuando pretendía cubrir un evento en una comunidad cercana. La periodista presentó una denuncia ante las autoridades estatales, que no han avanzado en la investigación. El 9 de junio, el fotorreportero Rubén Espinoza Becerril, colaborador de la revista Proceso y de la Agencia Cuartoscuro, huyó de Veracruz y se refugió en el Distrito Federal debido a las amenazas anónimas recibidas.

Para el gobernador Duarte, es su culpa: el martes pasado dijo que entre los periodistas “hay quienes están metidos en el hampa”. Y les advirtió que deben “portarse bien”, porque “vamos a sacudir el árbol y se van a caer muchas manzanas podridas”, amenazó ante trabajadores y colaboradores de medios durante un paradójico convención de la libertad de expresión.