Al reanudar el vínculo diplomático, Estados Unidos y Cuba dieron un paso concreto y a la vez simbólico en el intrincado camino hacia la normalización de la relación bilateral. A partir de ahora, ambos países dialogarán en forma directa, sin estar amparados por la Embajada de Suiza. Washington y La Habana se comprometen a respetar la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, que regula los nexos entre países. Sin embargo, resolver los temas de fondo se anticipa una misión lenta y trabajosa.

La reapertura de las embajadas significa que las sedes dejan de ser secciones de intereses y sus jefes, el cubano José Ramón Cabañas y el estadounidense Jeffrey DeLaurentis, pasan a ser encargados de negocios hasta que ambos países nombren sus respectivos embajadores. Un asunto que parece ser más complicado para Estados Unidos, dado que la nominación debe ser aprobada por el Capitolio dominado por los republicanos. Cabañas y DeLaurentis cuentan con una amplia experiencia en la relación bilateral.

“El restablecimiento de relaciones es la culminación de la primera fase del complejo proceso de normalización. Pero para que haya normalización debe desaparecer el bloqueo económico” señala a Página/12 Aurelio Alonso, sociólogo y escritor cubano. El embargo, que rige de forma casi total desde 1962 y que es rechazado ampliamente por la comunidad internacional, representa el principal reclamo de Cuba. El país cifró en 116.880 millones de dólares los daños totales de las sanciones económicas en su Informe sobre el bloqueo, de 2014.

Alonso destaca las visitas privadas y públicas que se dieron en los últimos siete meses, luego del anuncio de los presidentes Barack Obama y Raúl Castro de que comenzaba una etapa de acercamiento. “Varias empresas norteamericanas del sector petrolero y alimenticio tienen interés en hacer inversiones y negocios en Cuba. Al mismo tiempo, para la isla es importante el turismo norteamericano y la entrada al mercado de medicamentos, que hoy es un monopolio. Hay áreas de intereses comunes.”

Pero el afán de hacer negocios choca con las leyes que conforman el embargo y que el Congreso norteamericano se niega a dejar sin efecto, pese a los pedidos de Obama. El líder demócrata ha flexibilizado algunas restricciones, como por ejemplo, los viajes de norteamericanos a Cuba y la cantidad de remesas que envían a sus familiares.

Estados Unidos también tiene su reclamo económico, dado que miles de empresas y ciudadanos estadounidenses exigen indemnizaciones del Estado cubano por expropiaciones sufridas tras la revolución de 1959.

La comisión del Departamento de Justicia norteamericano que arbitra ese tipo de reclamos contra gobiernos extranjeros tiene aceptados al día de hoy 5913 reclamaciones contra Cuba. El monto ascendía a más de 1900 millones de dólares al momento de su expropiación, una suma que alcanzaría hoy en día unos 7000 millones, según estimó el diario The New York Times.

Una pregunta que flota en el aire es hasta dónde ambos países podrán convivir y aceptar sus diferencias, más allá de tender puentes diplomáticos. El gobierno de Castro critica el apoyo de Washington a los disidentes en la isla y exige que se detengan los programas de radio y televisión desde Florida hacia la isla, muchos de ellos apoyados por los programas “para la democratización de Cuba” que financia el gobierno norteamericano.

En el histórico anuncio del 17 de diciembre pasado, Obama aseguró que su gobierno seguirá “abordando abiertamente las diferencias” con Cuba en asuntos de “democracia y derechos humanos”. Estados Unidos critica la situación de las libertades civiles y políticas en la isla. Por otra parte, el mandatario demócrata ha fracasado con su promesa de cerrar el penal de Guantánamo, donde se han violado los derechos humanos de los prisioneros, según denuncias de Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Cuba reclama la devolución del territorio donde se encuentra la polémica cárcel, pero Estados Unidos niega que Guantánamo esté por el momento en la mesa de negociación.

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