Las autoridades del Congreso chileno presentaron ayer, por primera vez, un balance de su gestión con un mea culpa por los escándalos de corrupción que sacuden a la política trasandina y promesas de redención. Para recobrar la confianza ciudadana, los discursos de los presidentes de la Cámara de Diputados, Marco Antonio Núñez, y del Senado, Patricio Walker, estuvieron sazonados durante la ceremonia por el anuncio de medidas tendientes a impulsar más honestidad y transparencia y cambios de fondo en la financiación y gestión de la actividad política.

“Muchas veces no hemos estado a la altura de lo que la ciudadanía espera de nosotros”, admitió Walker, y remarcó junto con Núñez en la necesidad de reforzar el control de la ética parlamentaria y congelar las dietas, que actualmente suman unos 20.000 dólares mensuales por cada parlamentario. “Acordamos pedir a la presidenta de la república que no haya ajuste de la dieta para ministros, parlamentarios y para quienes están en el tramo superior de la escala de remuneraciones, y así dar un gesto concreto de austeridad en nuestro país”, sostuvo el presidente de la Cámara alta. Y agregó: “Es la hora de pasar de los lamentos a la acción”, señaló y aseguró que el Senado inició un proceso de revisión de sus procesos administrativos.

Núñez, por su parte, anunció la pérdida del escaño o del cargo de representación popular en aquellos casos en los que se compruebe que los funcionarios cometieron mal uso de los recursos públicos. La presidenta Michelle Bachelet encabezó la ceremonia, concretada luego de la promulgación, el pasado 13 de julio, de una ley que establece que las autoridades del Legislativo realicen una rendición pública y anual de cuentas, algo que ocurre por primera vez desde que el prócer de la independencia, José Miguel Carrera, creara el Congreso chileno, el 4 de julio de 1811.

La norma surgió a propuesta del gobierno con el objetivo de legitimar la democracia, en el marco de una agenda que impulsó Bachelet para superar la crisis de confianza ciudadana que afecta a las instituciones políticas chilenas. Congresistas llevados a juicio por mal uso de fondos públicos, presuntos delitos de cohecho o financiación ilegal de campañas electorales marcaron los últimos meses de la actividad política, con el consiguiente descrédito ciudadano. Escándalos que alcanzaron a la propia presidenta socialista, cuyo hijo, Sebastián Dávalos, aparece implicado junto a su esposa en un negocio inmobiliario que es investigado por presunto uso de información privilegiada y tráfico de influencias.