EL MUNDO › UN JUEZ CHILENO LOS ACUSO DE QUEMAR VIVO A UN FOTOGRAFO DURANTE LA DICTADURA
La sobreviviente del que es considerado como uno de los homicidios más brutales de la dictadura de Augusto Pinochet, Carmen Gloria Quintana, reveló que la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, le salvó la vida al curar sus quemaduras.
Siete ex militares chilenos fueron acusados ayer como autores y cómplices del homicidio del fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri, quien murió en 1986 tras ser quemado vivo por una patrulla militar. En tanto, la sobreviviente del que es considerado como uno de los homicidios más brutales de la dictadura de Augusto Pinochet, Carmen Gloria Quintana, reveló que la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, le salvó la vida tras sufrir quemaduras cuando la mandataria se desempeñaba como doctora.
Casi tres décadas después del ataque, en el que también resultó con graves quemaduras Carmen Gloria Quintana, el juez Mario Carroza ordenó el procesamiento de siete ex oficiales y suboficiales del ejército chileno. “Se ha dispuesto el procesamiento de las personas que se encontraban detenidas. Particularmente, seis como autores y uno como cómplice”, explicó el magistrado. “Los seis procesados como autores son los ex oficiales en retiro Julio Castañer, sindicado como quien prendió fuego a los jóvenes, e Iván Figueroa, y los ex suboficiales en retiro Luis Zúñiga, Francisco Vásquez, Nelson Medina y Jorge Astengo, mientras que Sergio Hernández fue acusado como cómplice”, señaló. “Hay información, hay antecedentes y datos que permiten poder procesarlos por homicidio calificado en el caso de Rojas de Negri, y en el de Carmen Gloria Quintana, por homicidio calificado pero frustrado”, explicó ayer el juez Carroza. Todos los procesados quedaron detenidos, en prisión preventiva, en el Batallón de Policía Militar de Peñalolén.
El jefe del área jurídica del Programa de Derechos Humanos, Rodrigo Lledó, apuntó que los procesados reconocieron haber abandonado al fotógrafo y a la estudiante, lo que se convirtió en un dato clave para establecer la figura de un homicidio.
En tanto, el secretario del programa de Derechos Humanos del gobierno chileno, Francisco Ugás, se mostró satisfecho con la resolución de la Justicia. Además, llamó a terminar con los pactos de silencio entre ex miembros de las Fuerzas Armadas, ya que consideró que complejizan el avance de las causas pendientes en materia de derechos humanos. Por su parte, uno de los abogados querellantes del caso, Héctor Salazar, dijo que ahora perseguirán responsabilidades del alto mando del Ejército, por sus supuestas maniobras para fraguar una “coartada”, que mantuvo hasta ahora la impunidad en el caso. “Fue una cadena de rango superior lo que fraguó esta coartada y que se entregó en los cuarteles militares”, acusó el abogado Salazar. “Vamos a presentar una querella y estudiaremos cuáles son los delitos e encubrimientos de la Justicia para apuntar contra los autores materiales que lograron sortear los requerimientos judiciales”, anunció el jurista.
Por otra parte, Quintana reveló el jueves que Bachelet tuvo un papel clave para que pudiera salvar su vida, ya que fue ingresada en un centro hospitalario donde la actual mandataria trabajaba como doctora. “En la Posta Central ya nos daban por muertos, así que nos iban a enviar para la casa y la doctora Bachelet estaba ahí haciendo su internado”, recordó la actual agregada científica de Chile en Canadá. “Ella dijo que bajo su responsabilidad nosotros quedábamos hospitalizados mientras no hubiera una reubicación en otro hospital o centro de salud”, señaló. “La doctora Bachelet, desde ese momento, es muy cercana a mi persona. Le agradezco infinitamente su acto de valentía de haber arriesgado su carrera por proteger la vida de Rodrigo y la mía”, relató la mujer.
El caso data del 2 de julio de 1986, cuando en el marco de una serie de manifestaciones en las postrimerías de la dictadura de Pinochet, el fotógrafo Rojas de Negri, de 19 años, y la entonces estudiante de ingeniería, Quintana, de 19 años, fueron detenidos por una patrulla militar. En un callejón y a plena luz del día, los militares a cargo de los tenientes Pedro Fernández Dittus y Julio Castañer obligaron al periodista a ponerse boca abajo sobre la vereda y a la estudiante a permanecer de espalda contra una pared. Tras ser detenidos, ambos fueron rociados con combustible y se les encendió fuego, para posteriormente ser abandonados –gravemente heridos– en las afueras de Santiago.
De acuerdo con la versión oficial de los implicados hasta la actualidad, el joven portaba elementos combustibles que explotaron y accidentalmente alcanzaron los cuerpos de los detenidos. El propio Pinochet se refirió a la muerte de Rojas en su momento: “No quiero pensar mal, pero me da la impresión de que a lo mejor llevaba algo oculto y se reventó”.
Sin embargo, transcurridas tres décadas del crimen, la Justicia pudo avanzar sólo después de que un ex conscripto, que era parte de la patrulla militar, Fernando Guzmán, rompió lo que sería un “pacto de silencio” entre ellos y narró al juez todo lo sucedido. “Castañer ordenó a uno de los conscriptos rociarlos con el combustible que estaba en un bidón. A la mujer la roció desde la cabeza hasta los pies y al hombre a la espalda. El teniente Castañer los desafiaba con un encendedor, insultándolos. El fuego lo inició el teniente Castañer. Ambos se prendieron inmediatamente”, reveló.
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