Por J. J. A.*

El secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Kofi Annan, pidió a los guatemaltecos que voten el domingo “recordando el pasado de los candidatos”. El general retirado Efraín Ríos Montt, de 76 años, tercero en las encuestas a la presidencia de la república centroamericana, lo tiene tenebroso, pues fue dictador de horca y cuchillo durante el bienio 1982 y 1983, y ejecutor de una política de tierra arrasada para combatir a la guerrilla. La Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Centro Carter observarán una consulta precedida por las amenazas de boicoteo de colaboradores civiles del ejército durante la pasada guerra interna (1960-96).
“El mayor reto para la democracia en Guatemala consiste en reestablecer el estado de derecho”, según Human Rights Watch. Una institucionalidad democrática hubiera impedido la candidatura de Ríos –autorizada por la Corte Constitucional–, cuyo destino natural sería la cárcel, según los cargos, alguno de genocidio, en su contra. Pero su victoria es muy improbable. El ex alcalde capitalino y empresario Oscar Berger, de la Gran Alianza Nacional (GANA), de derecha, lidera los sondeos seguido de cerca por el ingeniero Alvaro Colom, de la Unión Nacional de la Esperanza, (UNE), de centro. La campaña fue especialmente violenta: 29 dirigentes políticos y activistas asesinados.
Si ninguno de los once candidatos en liza supera el 50 por ciento de los votos, habrá una segunda vuelta el 28 de diciembre. Más de la mitad de los 11,2 millones de guatemaltecos, el 42,9 por ciento indígena, podrá elegir presidente y vicepresidente, por un período de cuatro años, los 158 diputados del Congreso, 20 del Parlamento Centroamericano, y 331 alcaldías y concejos. Quien fuera jefe rebelde, Rodrigo Asturias, hijo del Premio Nobel de Literatura de 1967, Miguel Angel Asturias, aspira a la presidencia por la ex guerrilla Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). Un total de 31.396 candidatos de 17 partidos y 187 comités cívicos compiten por los 3599 cargos en juego de una nación vapuleada por la violencia, la discriminación racial, el narcotráfico y la fragilidad institucional.
Los programas de los candidatos a la presidencia constituyen un cúmulo de retórica y lugares comunes, sin compromisos ni soluciones confiables contra la pobreza, que afecta al 80 por ciento de la población, ni contra la discriminación sufrida por los indígenas y las mujeres. Los comicios llegan precedidos por el clima de choque creado por los antiguos miembros de las desaparecidas Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), que reclaman las indemnizaciones prometidas, 640 dólares, por su ayuda al ejército durante el pasado conflicto, que se cobró la vida de 200.000 personas.
“El nivel de violencia de estas elecciones es incomprensible si no es porque está azuzado desde altas esferas con intereses muy particulares”, según Xavier Palau, coordinador Intermón Oxfam para la cooperación con Centroamérica y Caribe. El grueso de las extintas falanges apoya a Ríos Montt, ministro de una secta fundamentalista, presidente del Congreso y caudillo del gubernamental Frente Republicano Guatemalteco (FRG, derecha), al que pertenece el presidente de la república, Alfonso Portillo.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.