El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, y el ex presidente Fernando Collor de Melo fueron denunciados ayer por el fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, ante la Corte de Justicia, por delitos vinculados al escándalo de corrupción en Petrobras. El jefe de la Fiscalía acusó a Cunha y a Collor de Melo de corrupción pasiva y lavado de dinero, pero en su requerimiento no pidió al Supremo Tribunal Federal (STF) –la máxima corte– que ambos congresistas renuncien o se licencien de sus cargos en el Legislativo. Además de la condena penal contra Cunha, miembro del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), pero opositor al gobierno de Dilma Rousseff y principal promotor del pedido de juicio político contra la mandataria, el Ministerio Público pide la devolución del dinero obtenido de los sobornos por 40 millones de dólares y la reparación de daños a Petrobras y la administración pública, también por otros 40 millones.

Si el Supremo acepta la denuncia, ambos políticos, así como otros denunciados, serán procesados judicialmente. Cunha y Collor forman parte de la lista de cincuenta políticos que son investigados junto a ex altos cargos de la petrolera y ejecutivos de importantes constructoras como sospechosos de beneficiarse de las maniobras emprendidas en Petrobras, que consistían en sobrevaluar contratos y desviar recursos de la empresa estatal. Según el portal G1, del grupo Globo, también fueron denunciados ayer, en el mismo proceso judicial, la ex diputada del PMDB y actual alcaldesa de Rio Bonito, Solange Almeida, el ex ministro Pedro Paulo Leoni Ramos y otras tres personas allegadas a Collor.

La Fiscalía informó en la denuncia que había identificado al menos 60 operaciones de lavado de dinero realizadas mediante diversos mecanismos, como depósitos en el exterior, entregas de dinero en efectivo y transferencias realizadas a modo de donaciones a una iglesia evangélica de la que Cunha es adepto. En la noche del miércoles, cuando se supo que Janot formalizaría la denuncia en su contra, Cunha, quien niega las acusaciones, dijo estar “absolutamente tranquilo” con la situación y descartó que fuera a renunciar a su cargo.

Si la Corte acepta la denuncia presentada por el Ministerio Público, los acusados pasarán a ser sujetos del proceso judicial: en el caso de Cunha y Collor de Melo, por sus fueros de privilegio como legisladores, deberán responder únicamente ante ese tribunal.

Por su condición de presidente de la Cámara baja, Cunha sólo podrá ser juzgado por los once magistrados del plenario del STF, mientras que con Collor, en caso de ir también a juicio, será el segundo escalón del supremo, integrado por cinco jueces, el que se encargue de llevar la causa en su contra. El relator del proceso en el STF, el magistrado Teori Zavascki, debe notificar a la defensa de los acusados para que presenten las pruebas de descargo, tras lo cual el caso retornará al Ministerio Público, encargado de pronunciarse antes de que la máxima corte decida, en plenario, la apertura o no de un juicio.

La Fiscalía basa su denuncia en una acusación realizada por el empresario y ex consultor Julio Camargo, uno de los arrestados por sus nexos con los fraudes en Petrobras, que sostiene que Cunha le exigió cinco millones de dólares, entre 2006 y 2012 –cuando ya era diputado–, en concepto de sobornos para que la empresa Samsung Heavy Industry obtuviera un contrato con la petrolera estatal, a la que arrendó dos buques de perforación usados en la exploración de crudo. Camargo, que está preso y colabora con la investigación, indicó además que la empresa estatal llegó a pagar un total de 40 millones de dólares en sobornos para obtener ese contrato. Camargo fue el encargado de distribuir los sobornos entre los implicados. Para hacerlo, el dinero fue depositado en cuentas en el exterior indicadas por el “lobista” Fernando Soares, apuntado por los fiscales como el intermediario entre la red de corrupción y el PMDB. Soares también está encarcelado.

En cuanto a Collor, el fiscal lo acusa de haber obtenido 26 millones de dólares a través de sobornos, en el período 2010-2014, y de haberse valido de un “sofisticado sistema de blanqueo de capitales” a través de algunas empresas de su propiedad o de otras de las que era socio. Las empresas, oficinas y hasta residencias de Collor de Melo fueron objeto de un allanamiento que tuvo lugar el 14 de julio, cuando la Policía Federal incautó numerosos bienes y documentos que habrían agravado su situación. El portal del diario O Estado de S. Paulo sostiene que Collor está bajo sospecha de haber recibido 26 millones de reales (7,64 millones de dólares) desviados de Petrobras entre 2010 y 2014. Parte de ese dinero habría sido utilizado para comprar tres automóviles de alta gama que le fueron confiscados el mes pasado.