Organizaciones de izquierda, junto a sindicatos y movimientos sociales, marcharon ayer, ante la convocatoria del Partido de los Trabajadores (PT), en al menos quince estados de Brasil en defensa de la democracia y el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff. “¡Tomar las calles por derechos, libertad y democracia! ¡Contra la derecha y el ajuste fiscal!”, fueron las consignas con las que la Central Unica de los Trabajadores (CUT), el Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST) y el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), entre otras entidades, convocaron a las movilizaciones. Los manifestantes cuestionaron también el ajuste fiscal, propuesto por el Ejecutivo para mejorar la economía: por 45 votos a favor y 27 en contra, el Senado brasileño aprobó el miércoles una ley de austeridad que busca sanear las cuentas y enfrentar la delicada situación económica que atraviesa el país latinoamericano. La medida, que espera ser sancionada por el Ejecutivo, revoca las exenciones tributarias a las nóminas salariales, con lo que las empresas deben aumentar su contribución al Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) y así el gobierno podrá aumentar la recaudación. Con la ley, la alícuota que pagan las empresas al INSS pasará del 1 por ciento al 2,5 por ciento y, en otros sectores, del 2 por ciento al 4,5 por ciento.

En las movilizaciones de ayer participaron al menos sesenta mil manifestantes, según las policías estaduales. Aunque con menos convocatoria, representan un contrapunto a las marchas realizadas el domingo, cuando cientos de miles de personas salieron a las calles a pedir la salida de Rousseff y el juicio político, encabezadas por la oposición. Si bien el gobernante Partido de los Trabajadores (PT) fue el que llamó a sus militantes y a los movimientos a salir a las calles en defensa del gobierno y de la democracia, también sumaron su respaldo el Partido Socialismo y Libertad (PSOL) y el Partido Comunista de Brasil (PcoB). Según los convocantes, los pedidos de destitución de la mandataria efectuados por sectores de la población y opositores son intentos golpistas de la derecha.

En el centro de las demandas del día destacó la política económica del ministro de Hacienda, Joaquim Levy, cuyo plan de austeridad es considerado por los trabajadores como un retroceso en los avances alcanzados en los últimos años en materia social y laboral. “¡Contra el ajuste fiscal! ¡Que los ricos paguen por la crisis!”, sostuvieron en sus páginas web la CUT y el MTST. “La política económica del gobierno tira la cuenta de la crisis sobre las espaldas del pueblo. En lugar de atacar derechos laborales, cortar inversiones sociales y aumentar impuestos, defendemos que el gobierno ajuste las cuentas sobre los ricos, con impuestos a grandes fortunas, dividendos y remesas de lucros (de multinacionales al exterior), además de una auditoría de la deuda pública”, afirmaron.

El presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, también fue blanco de las críticas (ver aparte). “Eduardo Cunha representa un retroceso y un ataque a la democracia. Transformó la Cámara de Diputados en una Casa de la Intolerancia y de retirada de derechos”, indicaron las organizaciones. “¡La salida es por izquierda, con el pueblo en la calle, por reformas populares!”, reclamaron las entidades, entre las que se incluyeron varias centrales sindicales y gremios estudiantiles. Al promediar la jornada, había manifestaciones en los estados de Alagoas, Bahía, Ceará, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pará, Pernambuco y Paraná.

La ley de austeridad votada por el Senado, que enfrenta resistencias incluso entre los partidos oficialistas, eleva algunos impuestos, prevé fuertes reducciones de gastos públicos y elimina beneficios sociales. Con este ajuste, el equipo económico del gobierno busca poner a flote una economía que, según las últimas proyecciones, sufrirá una contracción de entre el 1,5 por ciento y el 2 por ciento este año y una inflación de más del 9 por ciento en 2015, que dobla la meta del 4,5 por ciento que se impuso el gobierno para este año. Las agencias internacionales de calificación de riesgo, que rebajaron la nota de la deuda brasileña, tenían dudas sobre si el Congreso aprobaría el ajuste fiscal anunciado por Rousseff, en enero pasado, en el primer mes de su segundo mandato. El gobierno brasileño anunció en julio la reducción de la meta de superávit fiscal primario que se había propuesto para este año, desde el equivalente al 1,1 por ciento del PIB hasta el 0,15 por ciento, pero, al mismo tiempo, se comprometió con una nueva reducción de los gastos para intentar sanear las cuentas públicas.