Desde México, D. F.

La administración de Enrique Peña Nieto exculpó al propio presidente mexicano, a su esposa y a su secretario de Hacienda de conflictos de interés y posibles actos de corrupción relacionados con la adquisición de mansiones en la capital del país y en la ciudades turísticas de Ixtapan de la Sal y Malinalco, en el estado de México, donde Peña Nieto fue gobernador antes de saltar a la Presidencia de la República.

El responsable de la Secretaría de la Función Pública (SPF), Virgilio Andrade, nombrado en ese puesto el pasado 3 de febrero por Peña Nieto, anunció hoy las conclusiones de la investigación que le encargó ese mismo día el presidente: la empresa Grupo Higa, que construyó una mansión de 7 millones de dólares para Angélica Rivera, esposa de Peña Nieto, en Lomas de Chapultepec, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. La mansión fue exhibida por Angélica Rivera en la revista ¡Hola!, que la presentó como “residencia familiar” en un reportaje que calificó de “excepcional” e “histórico”. Luego una investigación periodística ligó a la constructora con contratos de obra pública en el estado de México, que fue gobernado por Peña Nieto, y con más contratos otorgados por la administración pública federal después de que Peña Nieto se convirtió en presidente de México.

“No hay conflicto de interés”, dijo la SFP, porque la casa de Angélica Rivera se construyó antes de que Peña Nieto asumiera el cargo de presidente de México. La prueba más contundente que ofreció el subalterno de Peña Nieto es una declaración jurada del propio presidente en la que niega que tenga algún conflicto de interés, además del hecho de que el presidente no asigna personalmente los contratos de obra pública federal.

La misma conclusión aplica para una mansión comprada por Peña Nieto en un club de golf en Ixtapan de la Sal y otra comprada por su actual secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en Malinalco, dos centros vacacionales del estado de México, adquiridas cuando Peña Nieto era gobernador y Videgaray era su secretario de Finanzas.

“Las relaciones personales no están prohibidas... el conflicto de interés no se materializa con la amistad”, justificó el secretario de la Función Pública al negar que hubiese un caso de corrupción que perseguir. Una de esas residencias fue vendida por el mismo contratista que construyó la casa de la esposa del presidente. Ese corporativo ha obtenido 22 contratos del gobierno federal que encabeza Peña Nieto. La Constructora Urbanizadora Ixtapan vendió al hoy presidente la mansión en el campo de golf y se ha beneficiado con otros 11 contratos de obra pública federal por más de 40 millones de dólares. Antes de Peña Nieto, la constructora que le vendió la residencia nunca había ganado un contrato del gobierno federal.

En diciembre de 2014, The Wall Street Journal publicó que el secretario de Hacienda mexicano había comprado una residencia de 581 mil dólares al Grupo Higa, el constructor de la casa de la mansión del presidente. Videgaray liquidó el total del valor de la casa en un solo pago, en enero de 2014.

La investigación no vio ningún conflicto de interés en que dos de las mansiones fueran adquiridas mientras Peña Nieto era gobernador del estado de México y Videgaray era su secretario de Finanzas, ni que la tercera residencia, la de Angélica Rivera, fuera construida cuando Peña Nieto ya era presidente electo.

La investigación iniciada en febrero pasado fue desacreditada de inmediato por la prensa internacional, que destacó sus limitados alcances: sólo se revisaron contratos públicos y contratistas, pero no contratos privados ni los pagos con los que el presidente y su esposa, al igual que el secretario de Hacienda, liquidaron las hipotecas de esas propiedades. Tampoco se investigó un departamento que la esposa del presidente compró de contado en Miami, Florida, por 1,3 millón de dólares, ni otra residencia de una inmobiliaria del dueño del Grupo Higa puesta a disposición de Peña Nieto en 2012 durante la campaña electoral y que incluso utilizó ya como presidente electo, próxima a donde el contratista ya terminaba la mansión para su esposa. La residencia era “rentada” por Humberto Castillejos, entonces “consejero técnico” de Peña Nieto, quien se convertiría después en consejero jurídico de la Presidencia.

Los señalamientos de corrupción en la administración de Peña Nieto surgieron en 2014, a partir de una investigación periodística que documentó la posesión de una mansión de más de 7 millones de dólares en la que vivía su esposa, Angélica Rivera, quien alegó haberla comprado con los ahorros de años de trabajo como actriz de telenovelas. Pese a negar cualquier irregularidad, Rivera “devolvió” la propiedad de la mansión al constructor Grupo Higa.

Ayer mismo, ya tarde, en una reunión del Consejo Nacional de Seguridad, Peña Nieto se salió del discurso oficial preparado para celebrar que la SFP determinó que todas las operaciones investigadas fueron legales y no hubo conflicto. “La investigación demuestra que la actuación de mi esposa y la mía estuvieron apegadas a la ley.” En medio de rumores de la prensa rosa sobre una relación cada vez más fría y distante entre el presidente y su esposa, Peña Nieto aprovechó la transmisión en vivo en espacios informativos de radio y televisión para “reiterarle mi amor a mi esposa”.

Dijo que la conducta del presidente, como jefe de Estado, y de todo servidor público no puede generar desconfianza social, sospechas ni malinterpretaciones. Y anunció que promoverá los reglamentos de ley para que opere el recién aprobado Sistema Nacional Anticorrupción.

Peña Nieto reconoció la pérdida de confianza de la sociedad y de los actores económicos del país en su presidencia, particularmente luego de una devaluación de más de 30 por ciento del peso frente al dólar en los últimos días. “La confianza no la vamos a recuperar con discursos, sino con acciones”, es decir, “con transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción”, dijo.

La declaración pública de Peña Nieto estuvo a tono con el aluvión de descalificaciones a la SFP desde todos los foros.

No es que sea una percepción de grupos opositores en México o meras críticas trasnochadas. Es ya una extendida postura internacional que entiende que sus propios intereses económicos y geopolíticos están en riesgo ante la corrupción, la descomposición social y la podredumbre institucional que, según diarios como The Financial Times, carcome a este país desde la fallida transición electoral de 2000, cuando el PRI perdió la Presidencia de la República por primera vez en la historia ante Vicente Fox, un populista de derecha que logró imponer su candidatura al Partido Acción Nacional (PAN).

The Financial Times comparó la creciente corrupción e impunidad en México con las decenas de ejecutivos y funcionarios presos en Brasil, donde “los criminales son encarcelados”, mientras que en México “escapan de prisiones de alta seguridad”.

Brasil limpia su casa, México debería hacer lo mismo, editorializa The Financial Times, para quien “la podredumbre institucional en México parece extenderse de arriba hacia abajo. El presidente ha sufrido una serie de escándalos de conflictos de interés que involucran a su esposa y a su ministro de Finanzas. Periodistas que han cubierto desapariciones y la violencia motivada por las drogas, como el presunto asesinato de 43 estudiantes el año pasado, están siendo asesinados”.