En el marco del levantamiento indígena y sindical que vive Ecuador, el Movimiento Indígena de Tungurahua (MIT) liberó ayer a 30 militares que fueron retenidos durante siete horas en una escuela. El asambleísta Gabriel Rivera, que visitó Buenos Aires con motivo del evento Ecuador, desafíos legislativos, realizado en la Casa Patria Grande Néstor Kirchner, atribuyó las causas de las manifestaciones a la disconformidad que algunos sectores de la sociedad de ese país sienten con la agenda legislativa de la “revolución ciudadana” llevada a cabo por el presidente Rafael Correa. El funcionario, integrante del partido gobernante Alianza País, conversó con Página/12 sobre los reclamos en debate. También dijo que las protestas superaron el centenar de heridos entre manifestantes y policías desde sus inicios en la semana pasada, porque a los opositores al gobierno la frustración los vuelve violentos.

Rivera señaló que el proyecto de ley de plusvalía, el cual fue uno de los principales reclamos enarbolados en la protesta, no afectará a los trabajadores, representados por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT). Por el contrario, precisó el asambleísta, la ley de plusvalía alcanzará únicamente a los especuladores. El funcionario explicó que la tierra es un factor de discusión, ya que cuando alguien tiene información privilegiada sobre posibles obras públicas cerca de determinados lugares, suele invertir en esas parcelas pagando un precio mucho menor del que pasarán a valer en el futuro. “Entonces, la sociedad, que es la dueña de los recursos con los que se va a construir esa obra pública, tiene derecho a participar de las utilidades que genere la misma”, dijo. “Es por eso que los especuladores nos echan la prensa encima, les hacen creer a la sociedad que el Estado le quiere quitar la legítima ganancia a los ciudadanos”, afirmó. Por otro lado, Rivera explicó que la ley de herencia sólo afectaría a la porción más rica de la sociedad, calculada en 300.000 personas sobre las cerca de 16 millones que viven en Ecuador. “El año pasado murió uno de los grandes banqueros ecuatorianos, que dejó una herencia superior a los 200 millones de dólares. Pero como la fortuna está en fideicomisos en un paraíso fiscal, no tributó un solo dólar”, recordó. “Este proyecto busca evitar los mecanismos –a veces legales y otras ilegales– por los cuales las grandes herencias que fueron obtenidas con la mano de obra y recursos del país no abonen impuestos”, dijo.

Una de las razones por las cuales se sumó a la protesta la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) fue por la Ley de Aguas. Los miembros de esta organización sostienen que por décadas administraron la distribución del agua aduciendo la ausencia estatal y que la norma busca favorecer a las grandes empresas mineras y debilitar la resistencia indígena contra esa actividad. Sin embargo, el funcionario dijo que los medios de comunicación influenciaron a sectores indígenas para que se opusieran al proyecto, aun cuando la Constitución ecuatoriana establece que el agua se trata de un recurso estratégico, por lo que es imposible que se pueda privatizar. “Se le hizo creer a los ciudadanos indígenas que iba a ser privatizada. Hay una realidad creada por los medios de comunicación que aquello que es bueno para las elites lo es para el conjunto de la población. Es por eso que se oponen a cosas que de otro modo no lo harían”, señaló.

El asambleísta explicó que Correa cuenta con el apoyo de una gran parte de la comunidad indígena. “No hubo ningún gobierno en la historia del país que se preocupara tanto por el pueblo indígena como el de Correa. Les llevó agua potable, escuelas, caminos y seguridad”, contó. Sin embargo, atribuyó el levantamiento del sector disidente en contra del gobierno a la voluntad de dirigentes históricos. “Siempre estuvieron acostumbrados a vivir de la dirigencia y a lucrar de la explotación de sus representados”, se quejó. “Quienes no están con el presidente son aquellos dirigentes que se acostumbraron, sin ganar las elecciones, a querer someter a los presidentes y querer marcar su agenda. Además, esta dirigencia indígena ha pactado con la derecha más recalcitrante del Ecuador, representada por (el ex candidato presidencial) Jaime Nebot, o por (el precandidato a la presidencia) Guillermo Lasso, y ahora comparten agenda”, afirmó. Rivera explicó que estos grupos carecen de un proyecto de gobierno y que como no tienen representación social, la frustración los vuelve violentos.

Al respecto, la ONG Human Rights Watch denunció que durante las movilizaciones del 13 de agosto, la policía de Quito hizo “uso excesivo de la fuerza” y atacó a personas no violentas y desarmadas. Solo al cierre de esa jornada fueron contabilizados 67 uniformados y 32 manifestantes heridos. Rivera aseguró que entre las personas que protestaron, algunos dispararon con armas de fuego a las fuerzas de seguridad, mientras que otros tiraron bombas incendiarias contra los piquetes policiales. “¿Qué hubiese pasado si el gobierno nacional ordenaba, como no lo hizo ni lo va a hacer, que esos policías respondan como corresponde cuando están siendo agredidos? De seguro hubiéramos tenido que lamentar una cantidad interminable de muertos”, y aclaró que pese a las provocaciones de algunos manifestantes, no hubo víctimas. “Se trató de ser lo más respetuoso posible de la vida y libertad de las personas. Por eso la mayor cantidad de heridos fueron policías”, explicó. “Siendo absolutamente minoritarios, los manifestantes provocaron a la policía para llevar a un escenario de muertos y entonces denunciar internacionalmente al Ecuador por violación de los derechos humanos.”

Informe: Gustavo Gerrtner.