Aunque las negociaciones de paz no se detienen en la capital de Cuba, esta semana empezó con un sabor amargo: las condolencias que los insurgentes ofrecieron a los afros del sur de Colombia, a cuyo líder –Genaro García– alcanzaron las balas guerrilleras el pasado 3 de agosto. Una vez más, las FARC se lamentan en Cuba por el desenlace de las acciones armadas de sus hombres en Colombia. Esta vez el Estado Mayor del Bloque Occidental Comandante Alfonso Cano se pronunció para reconocer que, así como lo afirmaban la comunidad del poblado de Tumaco (Sur), Genaro fue asesinado por su ejército rebelde.

“Tal como nos habíamos comprometido, hemos adelantado investigaciones internas y en el terreno sobre el mencionado caso, las cuales conducen a la conclusión de que efectivamente unidades de la Columna Móvil Daniel Aldana se encuentran comprometidos en la comisión de tan condenable acto”, dijo Pablo Catatumbo ante el micrófono que, cada mañana de jornada de negociaciones, los guerrilleros usan para pronunciarse públicamente. A su lado estaba, sin pronunciar palabra, otro integrante del Secretariado de las FARC, Rodrigo Granda. Al despachar sus excusas y comprometerse a “sancionar el hecho y a tomar las disposiciones y medidas correspondientes para evitar su repetición”, ambos se marcharon sin recibir preguntas.

Los insurgentes se alejaron de las cámaras, ingresaron al recinto de reuniones del Palacio de Convenciones y tras ellos, sin importar el crimen apenas segundos atrás reconocido, arribaron los plenipotenciarios de gobierno: Humberto De La Calle, Sergio Jaramillo, el general del ejército Jorge Enrique Mora, el general de la Policía Oscar Naranjo, y la representante de las mujeres María Paulina Riveros. Qué ironía, se escuchó entre los corresponsales que registraban cómo, una vez, las FARC reconocen sus errores mientras dialogan con el Estado. “Para eso es el proceso, para que no haya más sangre”, replicó un compatriota del hoy difunto Genaro que defendió hasta la muerte su territorio y su cultura afro.

De acuerdo con el diario El Tiempo, el de este abanderado de los derechos de la población fue un “asesinato infame”. El día que lo mataron, Genaro acudió con dos compañeros a una cita en la zona rural del municipio de Tumaco para, supuestamente, conversar con una asociación campesina y “llegar a acuerdos con las FARC”. En el camino, algunos rebeldes lo hicieron bajar del auto y, frente a sus acompañantes, le dispararon hasta apagar su vida. Días después, el 16 de agosto, desde la misma esquina y el mismo micrófono en el Palco de La Habana, Cuba, la guerrilla afirmó: “Categóricamente rechazamos y condenamos el asesinato del dirigente étnico y comunitario Genaro García. No es política de nuestra organización atentar contra la vida de líderes y dirigentes sociales o políticos”. Ayer tuvieron que reconocer que, como lo aseguran los defensores de derechos humanos de Tumaco y otras zonas del país, la guerrilla sí asesinó este líder social. De acuerdo con un investigador social de Tumaco, “la de Genaro es la historia de otros líderes que no aceptan las imposiciones de las FARC. Ellas han insistido en quitarles poder a los consejos comunitarios y quienes se han negado han resultado amenazados, desplazados y muertos”. Para este líder que pidió la reserva de su nombre por temor a las represalias de la guerrilla en este pueblo donde los mismos insurgentes causaron el daño ambiental con petróleo más grande de la última década hace un mes, la muerte de Genaro podría tener otra explicación. Según le contó a Página/12, detrás del silenciamiento por la fuerza del afrocolombiano estaría la presión de las FARC a los Consejos Comunitarios por apoyar a un candidato a la Alcaldía de Tumaco impuesto por la guerrilla.

Genaro coordinaba el consejo comunitario del Alto Mira, es decir, de esa zona de tierras exuberantes en las riberas más lejanas del río Mira, que desemboca en el mar, recientemente atestado de petróleo por un atentado al oleoducto que dejó sin agua a 180 mil personas –la mayoría pobres, desempleados y afros– por más de una semana. “Esto de las FARC agrediendo al pueblo, a los líderes, no es nuevo. Se sabe que desde hace años están trayendo campesinos cocaleros de Putumayo a crear nuevas asociaciones que suplanten a los consejos comunitarios promovidos por la Ley 70”, asegura un líder para el que, por ejemplo, es claro que la Asociación Asominuma es controlada por las FARC. Para este hombre que recorre las calles de la urbe tumaqueña y las riberas de los ríos apoyando al pueblo empobrecido no sólo por la ausencia de Estado sino por la alta presencia de cultivos (legales) de palma y de hoja de coca (ilegales), la coyuntura política por las elecciones y por el giro que toman las conversaciones de La Habana tiene cada vez más en riesgo a la población civil de este rincón del Pacífico de Colombia. La ONU ha dicho recientemente que le preocupa que no sólo los líderes sino el pueblo en general están tan desprotegidos y vulnerados en sus derechos.

Desde La Habana, la guerrilla no pudo más que reconocer la contradicción que a tantos colombianos les cuesta comprender: mientras hablan de paz en la isla, derraman sangre inocente en su patria. “Hechos como éste, que golpean directamente los procesos de organización y de lucha popular con los que nos sentimos identificados, contradicen la política de las FARC-EP sobre el comportamiento con la población civil y el respeto a las comunidades étnicas, lo que constituye un preocupante agravante a la luz de nuestra legislación interna”, pronunció el comandante Catatumbo, quien junto a los demás negociadores estará a puerta cerrada discutiendo las cuestiones de paz toda esta semana.

Entre tanto, las mujeres guerrilleras y otras que arribaron desde diversas organizaciones civiles de Colombia continúan en sesiones también privadas y presentarán hoy los avances de la Subcomisión de Género de la Mesa de Conversaciones de La Habana.

En Tumaco, mientras tanto, otros líderes que se negaron a opinar ante este diario por el temor a perder la vida a manos de las FARC, piden que se diga, eso sí, que esperan a los rebeldes en la vida civil de nuevo, que ayuden a reparar el daño ambiental, que quizá los perdonen una vez más, pero que, por favor, “respeten nuestra vidas y nuestra dignidad si de verdad están comprometidos con la paz”.